Inmigración y trabajo irregular en la agricultura: trabajadores tamaulipecos en Estados Unidos y jornaleros magrebíes en Andalucía(*)

1. Introducción

Tanto en España como en Estados Unidos existe una escasez de mano de obra local dispuesta a aceptar los salarios y las condiciones de trabajo prevalentes en el sector agrario. Resultado de este rechazo de la población local hacia el trabajo agrario es la existencia de una demanda creciente de trabajadores inmigrantes para la realización de las tareas que comportan una mayor dureza y peligro, y una menor remuneración económica.

En España y Estados Unidos el sector agrario ha venido constituyéndose en un refugio para los trabajadores inmigrantes no documentados. Los inmigrantes que carecen de documentación, únicamente pueden obtener empleos en la economía sumergida. Además, generalmente se encuentran realizando los trabajos peor pagados y en las tareas más duras. El sector agrario puede ofrecer empleo a los inmigrantes ilegales más fácilmente que otros sectores de la economía. Esto obedece a dos motivos. Primeramente, se debe a que existe una escasez de mano de obra local dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo en la agricultura. En segundo lugar, se debe a la dificultad de inspeccionar y regular un sector donde la movilidad de trabajadores es constante.

En este sentido, los sistemas agrarios intensivos, tanto en España como en Estados Unidos, los que demandan más mano de obra inmigrante, deben en gran medida su competitividad al empleo de trabajadores no sindicalizados, legalmente indefensos y dispuestos a trabajar por salarios mínimos. Esto se traduce en una reducción de los costes de explotación y en un incremento de los beneficios económicos para los empresarios agrarios.

Existe un nexo circular que se retroalimenta entre trabajo agrario e inmigración (Taylor y Martín, 1997). Por una parte, la demanda de mano de obra en la agricultura atrae a los inmigrantes hacia las áreas rurales. Por otra parte, la presencia de inmigrantes en núcleos rurales estimula la aparición de nuevas tareas agrarias. Como consecuencia, tanto en Estados Unidos como en España, determinadas tareas agrarias que se realizan de forma manual, hubiesen desaparecido o habrían de haber sido mecanizadas, si los empleadores agrarios no dispusiesen de gran abundancia de trabajadores inmigrantes sumisos, dispuestos a realizar las tareas más exigentes y peligrosas.

Este trabajo analiza, por una parte, la situación socio-laboral de los inmigrantes procedentes de Marruecos en la agricultura de Andalucía, región situada en el sur de España. Por otra parte, examina la situación de los jornaleros de Tamaulipas, región situada en el noreste de México, empleados de forma temporal en el sector agrario estadounidense.

2. Nota metodológica

Esta investigación (realizada durante el año 2003) está fundamentada en una metodología cualitativa. La investigación cualitativa, por medio del muestreo intencional (no probabilístico), pretende profundizar en aspectos concretos de la realidad social, a través de la interpretación y análisis de los discursos de los actores sociales. Así, el enfoque cualitativo persigue un análisis en profundidad de un número reducido de casos, con el propósito de explorar determinados procesos o contextos de forma detallada, de entender la forma en que las personas construyen la realidad social, y comprender lo más profundamente posible un hecho social determinado (Izcara Palacios y Andrade Rubio, 2003). 

La técnica utilizada fue la entrevista en profundidad. El tipo de muestreo utilizado fue el denominado por Michael Quinn Patton como "purposeful sampling" (muestreo intencional)(1) y la técnica aplicada para elegir a los integrantes de la muestra fue el "muestreo en cadena".(2) Por una parte, fueron realizadas entrevistas en profundidad a 15 jornaleros de nacionalidad marroquí en diversas comunidades rurales de las provincias andaluzas de Granada y Almería (España) durante los meses de Diciembre de 2002 y Julio y Diciembre de 2003. Las edades de los entrevistados estaban comprendidas entre los 18 y los 42 años de edad, y aunque algunos de ellos, en el momento de la entrevista, tenían permiso de trabajo, todos ellos habían sido empleados de forma irregular en la agricultura. Por otra parte, 15 jornaleros mexicanos, fueron entrevistados en diversas comunidades rurales de los municipios de Padilla, Hidalgo y Guémez, situados en la zona centro del Estado de Tamaulipas (México) durante los meses de Enero a Mayo de 2003 y Enero de 2004. Las edades de los entrevistados estuvieron comprendidas entre los 19 y los 53 años de edad, y todos ellos estuvieron empleados de forma temporal en la agricultura de diferentes zonas de los Estados Unidos, durante una o varias ocasiones, por periodos que nunca superaron los 6 meses de duración. En el caso de Andalucía también fueron entrevistados líderes sindicales agrarios, trabajadores locales y empresarios agrarios. En el caso de Tamaulipas también fueron entrevistados responsables de programas sociales, así como jornaleros con anhelo de trabajar de forma temporal en Estados Unidos, y familiares de jornaleros que se encontraban trabajando en la agricultura en Estados Unidos.

3. Jornaleros magrebíes en Andalucía

El medio rural de Andalucía se caracteriza por la incapacidad de su mercado de trabajo para satisfacer las necesidades de empleo de una población creciente. Es más, una parte muy importante de la población rural andaluza a duras penas podría sobrevivir con los recursos generados exclusivamente por el mercado de trabajo. Por una parte, la introducción de innovaciones tecnológicas y prácticas de gestión que incrementan la productividad del trabajo en la agricultura, han reducido las oportunidades de empleo de los jornaleros. Por otra parte, la ausencia de alternativas de empleo extra-agrario, ha contribuido a agravar la situación de esta área (Naredo y Sumpsi, 1984; García Sanz e Izcara Palacios, 2000). La consecuencia lógica de estos dos procesos ha sido un incremento desmesurado del desempleo, hasta el punto de que los términos trabajador agrario y desempleado llegan a confundirse.

En Andalucía, los problemas de desempleo, subempleo y pobreza, fruto de una desigual distribución de la tierra, han sido perennes durante casi cinco siglos (Sánchez López, 1980; González, 1989; Moreno Navarro, 1993). Es precisamente, durante la transición a la democracia, entre 1976 y 1979, como consecuencia del auge del sindicalismo agrario, cuando la situación socio-económica de los jornaleros del campo experimenta el mayor progreso (González, 1989). Sin embargo, paradójicamente, es a partir de este periodo cuando los problemas de subempleo y desempleo sufren el mayor deterioro. Por ejemplo, durante los últimos años en ninguna de las provincias andaluzas el promedio de días anuales trabajados por los jornaleros ha sobrepasado la cifra de 60 días; situación que se ha paliado mediante un generoso subsidio del desempleo agrario (Izcara Palacios, 2002 a y b).

Es por ello que resulta paradójico que la región española que presenta el problema más agudo de desempleo agrario sea, al mismo tiempo, la que registra el mayor volumen de trabajadores inmigrantes (ver tabla 2). En este sentido, no cabe duda de que el sistema de prestaciones sociales por desempleo agrario, específico de Andalucía y Extremadura, rediseñado en 1984 (Izcara Palacios, 2002 a y b), ha contribuido a generar una cultura de la dependencia; de modo que casi tres décadas de altos niveles de desempleo han conducido a que los trabajadores agrarios locales se hayan acostumbrado a un sistema que sin sacarles del círculo de la pobreza, les permite tener un cierto acceso al consumo.

Por una parte, el fuerte carácter estacional de la demanda de empleo agrario en labores como la recogida de la aceituna, provoca que se conjuguen periodos de escasez de empleo con otros de sobre-oferta de trabajo. Por otra parte, el rechazo de la población local de los ritmos y exigencias laborales en las explotaciones intensivas de invernadero, determina que exista una escasez de mano de obra para la realización de determinadas tareas agrarias. Estos dos factores, unidos a una búsqueda de los empresarios agrarios de mano de obra competitiva, capaz de desarrollar las tareas más duras a cambio de unos salarios muy modestos, se han traducido en una creciente demanda de trabajadores inmigrantes en la agricultura andaluza.

La presencia de trabajadores asalariados inmigrantes en el sector agrario es un fenómeno creciente en España, que se está extendiendo por gran parte del territorio nacional. La mano de obra asalariada agraria inmigrante proviene principalmente de Marruecos, y está compuesta básicamente por  varones jóvenes (García Sanz e Izcara Palacios, 2003); siendo Andalucía la Comunidad Autónoma que registra el mayor volumen de trabajadores extranjeros empleados en la agricultura (ver tablas 1 y 2).

Tabla 1. Porcentaje de trabajadores extranjeros en alta laboral en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (11-1-2002), según el lugar de procedencia

Marruecos	Resto de África	Iberoamérica	Europa del Este	Resto de países
54,87	11,02	17,82	7,92	8,37

Fuente: Ministerio del Interior, Anuario Estadístico de Extranjería. Elaboración propia.

Tabla 2. Porcentaje de trabajadores extranjeros en la agricultura con permiso de trabajo en vigor a 31-12-1999 por Comunidades Autónomas.

Andalucía	Murcia	Cataluña	Extremadura	Com. Valenciana	Aragón	Resto de Comunidades
29,08	23,37	16,11	6,90	6,31	4,78	13,45

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Anuario de Migraciones 2002. Elaboración propia.

El trabajador marroquí empleado en la agricultura, inicia la aventura migratoria debido principalmente a un problema de desempleo en su país de origen; aunque, algunos trabajadores también abandonaron un empleo estable con la esperanza de prosperar económicamente en España. En todos los casos, las condiciones socioeconómicas que encontraron en España distaron profundamente de sus expectativas. El caso más dramático que encontramos fue el de un marroquí, entrevistado en el municipio de El Ejido (Almería) en Diciembre de 2003. Este inmigrante, de 41 años de edad, llevaba 3 años viviendo en España. Él era natural de Tánger, se dedicaba a la pesca, y tenía una esposa y dos hijas. En Tánger su situación económica era relativamente buena. Sin embargo, su hermana, que trabajaba como empleada del hogar en El Ejido, lo convenció para que viniese a España. El vendió su casa en Marruecos y vino a España, con todos los papeles en regla, con la esperanza de mejorar su situación económica. Sin embargo, en el momento de la entrevista el rentaba un cuarto de aproximadamente 15 metros cuadrados, situado en un invernadero, a unos 4 kilómetros del casco urbano de El Ejido, donde vivía con sus dos hijas, de 12 y 15 años, además de otros 4 varones jóvenes, compañeros de trabajo. Él calificaba su situación de absolutamente desesperada. Trabajaba 7 días a la semana, durante todo el año, y apenas reunía dinero para mantener a su familia y sufragar los gastos escolares de sus hijas, y algunos caprichos. Él se sentía totalmente deshumanizado, no se veía a sí mismo como un ser humano; sino, como una bestia de carga. La disonancia entre la prosperidad que ansiaba encontrar en España y la realidad era absoluta. Como consecuencia, estaba profundamente arrepentido de haber iniciado la aventura migratoria; pero ya era demasiado tarde para volverse atrás, porque había vendido todas sus pertenencias en Marruecos, y en su lugar de origen sería visto como un fracasado.

Los trabajadores inmigrantes, empleados en la agricultura, se encuentran en el escalón más bajo del proceso migratorio (Jabardo Velasco, 1993). El inmigrante, sobre todo el marroquí, encuentra más fácilmente trabajo en la agricultura que en otra actividad, debido a la falta de competencia por el empleo en este sector, y a la escasa competitividad de la agricultura como demandante de empleo (Hoggart y Mendoza, 1999: 549, Langredo Navarro, 2002: 224).

El inmigrante no elige trabajar en la agricultura; trabaja en el sector agrario cuando no tiene otra opción. Los inmigrantes presentan una clara preferencia por las actividades no agrarias; de modo que únicamente permanecen en la agricultura cuando tienen vetado el acceso a otra rama de la actividad económica  (Hoggart y Mendoza, 1999). Como consecuencia, el trabajo en la agricultura suele ser una solución provisional, para después intentar insertarse en otro sector económico (Moreno Torregrosa, 1993: 247). El trabajo en la agricultura aparece así planteado como un estadio inicial, previo a la ocupación en otras actividades (Jabardo Velasco, 1993: 277).

La agricultura no sólo presenta los salarios más bajos; sino también, las condiciones sociolaborales más precarias (Izcara Palacios, 2002a y b). Además, trabajar en la agricultura presenta connotaciones peyorativas. En este sentido, cuando el inmigrante marroquí, empleado en la agricultura, regresa a su país (para pasar unas vacaciones, etc.) no suele admitir que trabaja en el sector agrario, ya que el trabajo en la agricultura comporta valencias negativas. En la medida que el trabajador marroquí adquiere cualificaciones que le permiten acceder a otros sectores de la economía (regulariza su situación, incrementa sus habilidades lingüísticas, etc.) la probabilidad de que abandone el sector agrario se incrementa. Especialmente, los inmigrantes procedentes del medio urbano, una vez conseguido el permiso de residencia, tienden a abandonar el ámbito rural para instalarse en la ciudad. En este sentido, existe una correlación inversamente proporcional entre el número de años que los inmigrantes llevan residiendo en España y el empleo en la agricultura (Hoggart y Mendoza, 1999: 553).

En España, el sector agrario se ha constituido durante más de una década en refugio de los trabajadores inmigrantes no documentados. Así, los empresarios agrarios han venido manifestando una preferencia por la mano de obra inmigrante no regularizada (Pedreño Canovas, 1999a: 211; 1999b: 110 y 111). En el año 2000, con la aprobación de la nueva Ley de Extranjería, y el consiguiente endurecimiento de los mecanismos para evitar la inmigración irregular (Izcara Palacios, 2002a), los empresarios agrarios se han vuelto más cautos a la hora de dar trabajo a inmigrantes no documentados (Corkill, 2001: 841). Por ejemplo, en terrenos próximos a vías de comunicación, los más accesibles a los inspectores, son cada vez menos los empresarios agrarios que se arriesgan a dar empleo a inmigrantes ilegales.

Sin embargo, como afirman los propios jornaleros inmigrantes, el empresario agrario andaluz sigue prefiriendo a trabajadores con poca experiencia laboral en España, desconocedores de sus derechos, sumisos, etc. (arquetipo que encaja con el inmigrante no regularizado). Son frecuentes los casos en los que al inmigrante se le piden únicamente sus datos, que quedan recogidos en una lista, y, en caso de inspección, el propietario de la explotación dice a los trabajadores que afirmen que acaban de comenzar a trabajar en la misma, por lo que éste no habría tenido tiempo de formalizar su situación laboral. En el caso de que el empresario agrario formalice la situación laboral del trabajador inmigrante, también es frecuente que éste dé de baja al trabajador inmigrante antes de que éste haya finalizado su actividad en la explotación.

Por lo tanto, a pesar de que los mayores controles sobre el sector agrario han conducido a una reducción del trabajo irregular, la irregularidad sigue siendo la característica más notoria del trabajo en la agricultura. Por ejemplo, un inmigrante marroquí entrevistado en Julio del 2003, afirmaba que en la explotación hortícola donde se encontraba trabajando en ese momento, en Zafarraya (Granada), dentro de su cuadrilla, compuesta por 25 inmigrantes, únicamente 7 tenían papeles. Asimismo, diversos inmigrantes marroquíes, entrevistados en El Ejido (Almería) en Diciembre del 2003, se quejaban de que el hecho de encontrarse en una situación regular y tener un permiso de trabajo, constituía para ellos una desventaja comparativa; ya que los empresarios agrarios preferían dar empleo a trabajadores que carecían de permiso de trabajo; debido a que éstos estaban más dispuestos a realizar jornadas laborales más largas, sin que ello conllevase un aumento en los salarios.  

Una de las características más notorias del inmigrante empleado en la agricultura es su carácter itinerante. El empleo estable, durante todo el año, en una sola explotación agraria, es la excepción. Únicamente un porcentaje minoritario de inmigrantes tienen empleos fijos en la agricultura. En este sentido, en las entrevistas con inmigrantes empleados en el sector agrario, una de las notas más llamativas es el hecho de haber trabajado en áreas rurales de gran parte de la geografía nacional.

En el caso de Andalucía, en determinadas comarcas agrarias, donde las orientaciones productivas dominantes garantizan una cierta estabilidad, como es el caso del Campo de Dalías (Almería), se ha ido produciendo un cierto proceso de sedentarización relativa. Por el contrario, en las zonas donde las orientaciones productivas tienen un carácter más marcadamente estacional, como es el caso de la recolección de la aceituna en provincias como Córdoba o Jaén, la situación es de movilidad continua.

En el sector agrario, el carácter marcadamente estacional de las necesidades de trabajo hace que las condiciones de vida de los inmigrantes sean excepcionalmente precarias. La vida del inmigrante se debate entre pequeñas etapas de acumulación de capital, que se entremezclan con prolongados periodos de inactividad. Una vez concluida la etapa de acumulación de capital, éstos malviven desempleados o subempleados, a través de la realización de trabajos ocasionales, la venta ambulante, etc. (Moreno Torregrosa, 1993, Checa, 1995a y b). En consecuencia, la precariedad es el adjetivo que mejor califica la situación social de los inmigrantes empleados en la agricultura.

El carácter estacional del trabajo agrario es más pronunciado para los inmigrantes que para los locales, lo que se traduce en un menor número de días trabajados por mes (Berlan, 1987).

Las condiciones de vivienda son siempre rudimentarias (Avella Reus, 1991; Serrano Martínez, 1993; Corkill, 2001: 836). En Andalucía, las condiciones de vivienda de los trabajadores magrebíes son especialmente dramáticas. Al trabajador marroquí se le niega el acceso a una vivienda digna en el medio rural, porque los renteros desconfían de personas que se expresan pobremente en español y tienen una cultura muy distinta a la local. Por ejemplo, a los emigrantes sudamericanos les resulta más fácil encontrar vivienda. Esto hace que los marroquíes tengan que resignarse a vivir hacinados en infraviviendas, alejadas de los núcleos poblacionales, y carentes de las mínimas condiciones de salubridad. Sin embargo, esto no quiere decir que estas infraviviendas sean baratas. El precio de la renta de estas casas, que se encuentran diseminadas en el campo y carecen de los servicios básicos, es muchas veces superior al de las viviendas situadas en los centros poblacionales; ya que la demanda de viviendas sobrepasa la oferta. Como consecuencia, para poder pagar estas rentas el inmigrante necesariamente tiene que vivir hacinado. También son frecuentes los casos donde familias con hijos menores tienen que compartir una misma vivienda, o incluso una misma habitación, con otros varones jóvenes no pertenecientes a la familia. Así, para el inmigrante marroquí, empleado en la agricultura andaluza, el problema de la vivienda, el hacinamiento, la falta de intimidad, constituye uno de los aspectos más duros de su periplo migratorio. Además, los núcleos rurales carecen de infraestructuras adecuadas para acoger a un volumen elevado de inmigrantes que llegan desorganizados a determinadas poblaciones durante un espacio temporal muy puntual.

La discriminación salarial siempre está presente. Más aún, los inmigrantes indocumentados, carentes de los derechos legales más básicos, tienen que trabajar sin horario ni contrato, desempeñando las labores más peligrosas, como la aplicación de pesticidas sin protección, etc. (Gómez y Segrelles, 1993).

Paralelo al incremento del número de inmigrantes residentes en el medio rural andaluz ha ido produciéndose un aumento de las actitudes xenófobas. En un medio rural que demanda un número creciente de trabajadores extranjeros para la realización de tareas agrarias, bajo unas condiciones laborales y salariales rechazadas por los locales, el progresivo crecimiento de la población inmigrante, a quienes se presupone un comportamiento antisocial, está provocando un aumento de los conflictos entre este colectivo y la sociedad de acogida. Especialmente, la presencia de inmigrantes inactivos en áreas rurales, fuera de la temporada de trabajo agrícola, es cada vez menos tolerada por los locales (Avella Reus, 1991 y 1992; Jabardo Velasco, 1993: 280; Actis et al. 1995).

Cuando la presencia de inmigrantes en el medio rural deja de aparecer limitada al ambiente agrícola, el número de inmigrantes se eleva, las temporadas de inactividad laboral se extienden, y su presencia en la sociedad local se hace más manifiesta, como comenzó a suceder en Andalucía a partir de la segunda mitad de los años noventa, las actitudes xenófobas se incrementan desproporcionadamente. En este sentido, en Andalucía, el grado de marginalidad, exclusión social y falta de relación interpersonal con la sociedad de acogida, se han ido incrementando en la misma proporción en que este colectivo ha dejado de estar formado por un reducido número de individuos y se ha transformado en un grupo voluminoso (Cózar Valero, 1993). En concreto, la fuerte atracción de mano de obra inmigrante ejercida por la pujante agricultura almeriense (Izcara Palacios, 2000), ha provocado que en los cuatro últimos años las actitudes xenófobas y los enfrentamientos entre las poblaciones local e inmigrante, se hayan multiplicado en esta provincia (García Torrente, 2002; Molina Herrera, 2002). La provincia de Almería, donde los inmigrantes norteafricanos comenzaron a llegar a finales de los 80, entre los años 1994 y 1998, pasa de concentrar menos de un 10 % del total de permisos de trabajo a sumar más del 27 % de los mismos (García Sanz e Izcara Palacios, 2003). Este crecimiento exponencial del número de inmigrantes económicos, concentrados principalmente en el Campo de Dalías, tornaría cada vez más difícil la convivencia entre las poblaciones local e inmigrante; hasta dar lugar en el municipio de El Ejido, en febrero del año 2000, al brote de violencia xenófoba más brutal registrado en España (Corkill, 2001: 834).

El grado de xenofobia no es igual hacia todos los extranjeros que trabajan en la agricultura. Los magrebíes, definidos como gente problemática, son cada vez más rechazados. La actitud xenofóbica hacia la población magrebí en Andalucía  se radicaliza con los sucesos ocurridos en El Ejido, y se acentúa a partir de los incidentes del 11 de Septiembre. En este sentido, en toda Andalucía, a diferencia de otras regiones del territorio español, el contacto de la población inmigrante con los locales es nulo. Como contraposición, los inmigrantes sub-saharianos, que en un primer momento habían experimentado el mayor rechazo, debido al color de su piel, son mejor aceptados, tanto por los empresarios agrarios como por las poblaciones locales. Aunque, son los sudamericanos y centroeuropeos quienes presentan el grado de aceptación más elevado. Esto se traduce en una preferencia de los empresarios agrarios por este último grupo de inmigrantes, y en un decrecimiento de las oportunidades de empleo de los magrebíes, el colectivo mayoritario en el sector agrario (ver tabla 1).

En el discurso de los inmigrantes aparece una denuncia muy pronunciada de las actitudes xenófobas, y de la precariedad de las condiciones socio-laborales en la España meridional, sobre todo, en las Comunidades Autónomas de Murcia y Andalucía. Por el contrario, con frecuencia aparecen elogiadas las actitudes de las poblaciones rurales del interior y norte peninsular. Mientras en la cuenca mediterránea y Andalucía su relación con la población local dicen tornarse cada vez más difícil, en otras áreas del interior peninsular manifiestan encontrar una mayor aceptación y una relación más cálida.

4. Trabajadores tamaulipecos en Estados Unidos

El fenómeno de la emigración de mexicanos a Estados Unidos, para trabajar en la agricultura, presenta un claro arraigo desde comienzos del siglo XX (Bustamante, 1981: 341;Díez-Canedo Ruiz, 1984: 93 y ss.). Esta emigración está caracterizada por una situación de irregularidad; siendo la agricultura norteamericana un sector que da mayoritariamente empleo a trabajadores migrantes indocumentados (Craig Jenkins, 1997: 179; García Moreno, 1982; Davila, 1990: 104). En este marco, la ley migratoria norteamericana ha contribuido a colocar al migrante indocumentado y al empresario agrario en una relación asimétrica. Al primero le niega cualquier tipo de derecho laboral; mientras que al último le otorga un poder absoluto para decidir darle empleo (en unas condiciones ventajosas para éste y exceptuándole de toda responsabilidad penal), o denunciarle por haber violado las leyes migratorias (Bustamante, 1981: 340).(3) Este volumen de trabajadores indocumentados, sumisos, dispuestos a desarrollar tareas agrarias que la mano de obra local rehúsa realizar (Martín, 1990: 92), a cambio de una retribución salarial relativamente baja, del que han gozado los Estados del suroeste de los Estados Unidos durante más de un siglo, ha sido un factor capital en el desarrollo de la economía agrícola de estos Estados (García Moreno, 1982: 106), principalmente de los sectores hortícola y frutícola (Martín, 1990: 71).

Esta población migrante ha venido formando parte de un grupo de trabajadores subempleados en el medio rural mexicano; pero con acceso a tierras de cultivo u otras formas de empleo, que decidieron emigrar a Estados Unidos para mejorar su situación económica (Díez-Canedo Ruiz, 1984: 68). Las capas sociales más desfavorecidas del medio rural mexicano generalmente han carecido de los recursos para poder emigrar a los Estados Unidos (Arizpe, 1981: 643). Aspectos como: reponerse de un mal año agrícola, adquirir tierras, iniciar un negocio, etc. constituían la motivación para emigrar a Estados Unidos. En este sentido, este colectivo de migrantes contemplaba el proceso migratorio como algo transitorio; como una oportunidad para ahorrar lo más posible en un tiempo breve, y luego regresar a su lugar de origen, donde gozaban de una mayor calidad de vida (Díez-Canedo Ruiz, 1984: 69 y ss.). Así, la abismal diferencia de salarios pagados por el trabajo agrario en Estados Unidos y México constituía el principal, sino el único aliciente para emigrar (Craig Jenkins, 1977; Zabin y Hughes, 1995: 407).

Según estudios recientes, los rasos más destacados de los migrantes mexicanos que temporalmente se desplazan a Estados Unidos son: un elevado grado de masculinización, una estructura por edades que se concentra en el tramo inicial de su vida activa, una educación inferior a la media, tienen antecedentes de haberse desplazado previamente a Estados Unidos, y son empleados de forma mayoritaria en la agricultura (Corona Vázquez, 2000: 268-272; Santibáñez Romellón, 2000: 310 y ss.). Además, el grueso de los migrantes procede del sector agrario (Santibáñez Romellón, 2000: 321). Por otra parte, la mitad de los migrantes carece de los documentos adecuados para trabajar en Estados Unidos (Corona Vázquez, 2000: 279). Aunque, entre quienes se dirigen a Estados Unidos careciendo de experiencia laboral allí, la gran mayoría carece de documentos migratorios, tanto para internarse como para trabajar de forma legal (Anguiano Téllez, 2000: 298). En este sentido, Lozano Ascencio (2000: 344) señala como lo más dramático de este desplazamiento poblacional es el carácter subrepticio del mismo, sin que exista una regulación y un reconocimiento oficial de este mercado de trabajo binacional.

Los jornaleros agrícolas constituyen el grupo social más marginal del medio rural mexicano. Los campesinos sin tierra, a pesar de su elevado número, y de constituir un agente productivo fundamental en la economía rural de México (Arroyo Sepúlveda, 2001: 106), son la fuerza social con la menor presencia política y la más débil capacidad de presión (Bartra, 1985: 169). El jornalerismo no se distribuye de forma homogénea a lo largo de todo el territorio mexicano. En aquellas zonas donde predomina una agricultura comercial de gran envergadura, principalmente en los distritos de riego, su presencia es más importante. Por el contrario, donde predomina una agricultura más tradicional, de subsistencia, constituyen un colectivo de dimensión menor.

Por otra parte, el jornalero se caracteriza por un estilo de vida itinerante. La propia naturaleza de la actividad agraria, caracterizada por un carácter estacional de las necesidades de trabajo, hace que muchos jornaleros se vean obligados a seguir circuitos estacionales, para así poder completar unas rentas mínimas a lo largo del año (Reyes Osorio et al, 1974: 426). En este sentido, es especialmente crítica la situación de los trabajadores migratorios. Durante los periplos migratorios el jornalero carece generalmente de una vivienda digna, atención sanitaria, educación para sus hijos, etc.

Dentro del territorio mexicano, Tamaulipas constituye un Estado de atracción de mano de obra inmigrante. El alto volumen de trabajo requerido por determinados sectores agrarios (cítricos, caña de azúcar, etc.), unido al mayor atractivo presentado por los sectores extra-agrarios, especialmente las empresas maquiladoras, hace que la población local sea incapaz de abastecer el volumen de mano de obra requerida por la agricultura durante las temporadas de recolección de la cosecha. En concreto, en el área citrícola, situada en la zona centro de Tamaulipas, las necesidades de trabajo se concentran en dos periodos, los meses de Febrero a Junio, y, en menor medida, de Septiembre a Noviembre, dando empleo a más de 5000 jornaleros anualmente. El 60 % de la demanda de mano de obra es cubierta por la población local, mientras el otro 40 % de la mano de obra empleada proviene de otros Estados, especialmente de Veracruz (Cabrera de la Fuente, 2002).

En la zona centro del Estado de Tamaulipas, la falta de mano de obra local para cubrir la demanda total de trabajo en la recogida de la naranja contrasta con el importante volumen de jornaleros que emigran estacionalmente a Estados Unidos para trabajar en la agricultura.

Para el jornalero tamaulipeco, principalmente los jóvenes, trabajar durante una temporada en el sector agrario en Estados Unidos, constituye una aspiración permanente. Todos los trabajadores agrarios entrevistados, con experiencia de haber trabajado en Estados Unidos, coinciden en afirmar que los ritmos del trabajo agrario en Estados Unidos son mucho más fuertes que en México. Sin embargo, esto se ve compensado por unos salarios mucho más elevados. Así, por ejemplo, trabajar en la recogida de la naranja, la tarea agraria más exigente; pero, también, la mejor pagada en Tamaulipas, apenas le permite al jornalero tamaulipeco acumular unos ahorros. Por el contrario, trabajar en Estados Unidos, en numerosos casos, si que se lo permite.

Este fuerte interés de los jornaleros tamaulipecos por trabajar en Estados Unidos, contrasta con la perspectiva de los jornaleros inmigrantes, empleados, durante la pizca de la naranja, de forma temporal en la zona centro de Tamaulipas, principalmente provenientes del Estado de Veracruz, que presentan una actitud más reacia a asumir los riesgos que supone el proceso migratorio internacional. Así, muchos de los jornaleros veracruzanos entrevistados preferían la mayor seguridad y certidumbre de trabajar dentro del territorio mexicano, que el riesgo de buscar trabajo en Estados Unidos.

El número de jornaleros de la zona centro de Tamaulipas, que van a trabajar de forma temporal en el sector agrario, en Estados Unidos, ha crecido sustancialmente a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. 

En el caso más favorable, cuando el trabajador viaja a Estados Unidos con un contrato de trabajo de temporada, el jornalero debe haber reunido una fuerte cantidad de dinero (como mínimo 5.000 pesos), para pagar el papeleo de visado, transporte, etc. Pero además, en Estados Unidos va a encontrarse con unas condiciones laborales muy duras (jornadas de trabajo más prolongadas que en México, unos ritmos de trabajo más fuertes y exigentes, trabajo en ambientes fuertemente intoxicados con productos fitosanitarios, etc.). Como consecuencia, son muchos los casos en los que el trabajador tamaulipeco no soporta el fuerte ritmo de trabajo que tiene que desarrollar, y decide regresar a México antes de haber finalizado la temporada por la cual fue contratado (normalmente de varios meses). Retornar a México antes de haber concluido dicha temperada de trabajo es una decisión muy traumática para el jornalero. Esto significa regresar sin haber logrado reunir ningún tipo de ahorro. Es más, el jornalero que abandona la actividad agraria antes de haber concluido la temporada de trabajo que se comprometió a desarrollar en Estados Unidos, no va a recibir la inversión inicial que realizó para gastos de transporte, etc. Por lo tanto, el elevado número de jornaleros entrevistados que manifestaron haberse regresado de Estados Unidos antes de concluir la temporada que se comprometieron a trabajar, es un claro indicio de la dureza y fuerte exigencia de los ritmos de trabajo en la agricultura norteamericana.

En el caso menos favorable, cuando el trabajador viaja a Estados Unidos de forma ilegal, se enfrenta a un viaje rodeado de grandes riesgos, y a la inseguridad del empleo. El viaje a Estados Unidos de forma irregular supone para el jornalero poner en peligro su vida. Por ejemplo, uno de los jornaleros entrevistados afirmó haber ayudado a cruzar el río Bravo a otro jornalero, que no sabía nadar, en una zona donde la profundidad del río era superior a cinco metros.

Además, el jornalero que cruza a Estados Unidos de forma ilegal tiene mayores dificultades para encontrar trabajo, y cuando lo encuentra, el salario que recibe siempre es más bajo. En este sentido, los jornaleros tamaulipecos que emigraron a Estados Unidos en una situación de irregularidad, afirmaron tener graves dificultades para reunir unos ahorros mínimos. Normalmente se quedan trabajando en explotaciones agrarias cercanas a la frontera, donde los salarios son visiblemente más bajos que en otras comarcas agrarias más interiores. Así, muchas veces los salarios que reciben los inmigrantes irregulares que trabajan en zonas fronterizas no son muy superiores a los obtenidos en México. Por otra parte, también son numerosos los migrantes que afirman haber sido, o conocer a compañeros que fueron descubiertos por las autoridades norteamericanas, y fueron deportados a México antes de haber podido encontrar un empleo.

El perfil del jornalero tamaulipeco que se aventura a ir a Estados Unidos con la documentación en regla, es el de un trabajador varón, joven, con una situación económica ligeramente superior a la media del colectivo de jornaleros y/o pequeños propietarios. En este sentido, son muy pocos los jornaleros tamaulipecos que disponen de 5.000 pesos; cantidad aproximada que deben adelantar para cubrir los gastos de visado, etc.

El jornalero de edad más avanzada raramente se plantea ir a Estados Unidos, ya que la competitividad en el mercado de trabajo es más elevada. Los jornaleros mayores, con menor fortaleza física, si que son empleados en la agricultura tamaulipeca, en las tareas que demandan un menor esfuerzo físico; sin embargo, este tipo de jornaleros son rechazados por el mercado de trabajo estadounidense.

El jornalero que emigra temporalmente a Estados Unidos con los documentos adecuados es, además, un emprendedor, una persona que quiere mejorar su situación económica y tener un mayor acceso al consumo (construirse una casa, adquirir bienes de consumo, etc.), o incrementar el espectro ocupacional de sus hijos a través de la educación. Así, el sobresalir dentro de la comunidad, es un aspecto que se persigue con la emigración.

En este sentido, el jornalero de edad madura, que quiere dar una educación superior a sus hijos, se ve obligado a buscar trabajo en Estados Unidos, para generar un ahorro que invertir en gastos de educación. Por ejemplo, un jornalero entrevistado en febrero de 2003 en la localidad de Santa Engracia (Hidalgo, Tamaulipas), de 50 años de edad, soltero, no mostraba ningún interés por trabajar en Estados Unidos; en primer lugar, porque a su edad le sería difícil encontrar trabajo, y en segundo lugar, porque al estar soltero, vivir solo y no tener grandes gastos, con los ingresos obtenidos de la realización de diversas tareas agrícolas en los alrededores de esta localidad, tenía suficiente para subsistir. Sin embargo, esta no era la situación de su hermano de 40 años, casado y con 3 hijos, que se había visto forzado a trabajar en Estados Unidos, para no verse obligado a interrumpir la educación de sus hijos; sobre todo, del hijo mayor, que iba a comenzar estudios universitarios.

Por el contrario, el perfil del jornalero que busca ir a Estados Unidos de forma ilegal, es el de un trabajador varón, joven, frecuentemente casado y con hijos, con una situación económica por debajo de la media de este colectivo. En este caso, más que el afán de sobresalir dentro de la comunidad, lo que le lleva a tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos es la apremiante necesidad de salir de una situación económica muy precaria. Aunque, dos de los jornaleros entrevistados afirmaron que ellos preferían emigrar sin papeles, "de mojados", ya que así tenían más libertad para elegir o renunciar a realizar un trabajo en una explotación agrícola si las condiciones laborales eran demasiado duras.

Una señora de Guémez (Tamaulipas), de 36 años de edad, afirmaba como su marido llevaba años intentando ir a Estados Unidos para poder sufragar los gastos ocasionados por una enfermedad que ella padecía en la vista. Su marido, de 41 años de edad, tiempo atrás, intentó trabajar en Estados Unidos en una situación regular; sin embargo, fue objeto de un fraude, igual que muchos otros jornaleros del municipio, y le fueron sustraídos 5.000 pesos que él había entregado como adelanto. Tras sufrir el fraude, la familia se encontró en una situación económica ruinosa. El dinero que les fue sustraído fraudulentamente, lo habían conseguido a crédito; de modo que se encontraron sin dinero, y con la fuerte carga de un crédito, por el cual tenían que pagar unos altos intereses. Ante esta situación su marido tuvo que emigrar a Estados Unidos de forma irregular, "de mojado", para poder pagar ese crédito. Sin embargo, después de varios meses de estancia en Estados Unidos, en una situación irregular, apenas había podido reunir el dinero requerido para su propia manutención.

Los trabajadores tamaulipecos, cuando hablan del trabajo agrario en Estados Unidos, siempre señalan la dureza del mismo, los largos horarios, los insufribles ritmos de trabajo, etc. Además, esta dureza del trabajo, se ve acrecentada dramáticamente en el caso de un accidente de trabajo. En este sentido, quisiéramos señalar que las intoxicaciones de trabajadores tamaulipecos cor inhalación de sustancias fitosanitarias son relativamente frecuentes. Incluso aquellos jornaleros que son contratados en el lugar de origen, y que llevan su documentación en regla, comentan como en caso de accidente o enfermedad son rechazados por sus empleadores. Así, en los citados casos, el jornalero se ve obligado a regresar a México, no sólo en una situación económica ruinosa; sino también en una situación sanitaria dramática.

Paradójicamente, a pesar de que los jornaleros tamaulipecos son conscientes de los riesgos que acarrea trabajar en el sector agrario estadounidense, el emigrar a Estados Unidos, para realizar un trabajo temporal en la agricultura, es una aspiración muy fuerte, presente en gran parte de los jornaleros jóvenes de la zona centro de Tamaulipas. Así, jornaleros tamaulipecos que rechazan el corte de la naranja en su comunidad de origen, por considerarla una actividad muy dura, aunque algo mejor pagada que otras tareas agrarias, aparecían totalmente dispuestos a desarrollar tareas agrarias de mayor dureza y de mayor rigidez horaria en Estados Unidos, debido a la diferencia de salarios. La diferencia entre los salarios del campo en Estados Unidos y los percibidos en México es más que razón suficiente para anhelar trabajar allí. Como ellos afirman, un día de trabajo en los Estados Unidos vale por una semana en México.

5. Conclusiones

Tanto en Estados Unidos como en España, la disponibilidad de mano de obra inmigrante para la realización de las tareas agrícolas más intensivas, rechazadas por la población local, principalmente de los sectores hortícola y frutícola, durante más de un siglo en el primer caso y durante las últimas décadas en España, ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de la economía agrícola de dichos países. En el caso de Estados Unidos la demanda de empleo en la agricultura ha venido siendo cubierta principalmente por trabajadores mexicanos, mientras, en España, los jornaleros procedentes del Magreb constituyen el colectivo de inmigrantes con mayor presencia en el sector agrario. 

Por una parte, la escasez de mano de obra local dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo imperantes en la agricultura, y por otra, la dificultad de inspeccionar y regular un sector donde la movilidad de trabajadores es constante, ha conducido a que la agricultura pueda ofrecer empleo a inmigrantes que se encuentran en una situación de irregularidad, más fácilmente que otros sectores de la actividad económica. Es por ello que la agricultura, tanto en España como en Estados Unidos, es un sector que da mayoritariamente empleo a trabajadores migrantes indocumentados. Esto determina que la agricultura constituya el escalón más bajo del proceso migratorio. La ausencia de derechos laborales de la mano de obra indocumentada hace que los salarios tiendan a ser más bajos que en otros sectores económicos y las condiciones laborales más precarias.

El trabajador marroquí en España, en concreto en Andalucía, y el jornalero tamaulipeco en Estados Unidos, a pesar de padecer unas condiciones sociolaborales muy parecidas; sin embargo, presentan notables diferencias en sus estrategias laborales. Para el jornalero magrebí, trabajar en la agricultura aparece planteado como una solución provisional previa a la inserción laboral en otra rama de la actividad económica. Su estrategia laboral se extiende en el medio plazo, y ansía la regularización de su situación laboral. Por el contrario, para el jornalero tamaulipeco, trabajar en la agricultura, la actividad para la cual se siente más cualificado, es un objetivo. Además, su estrategia laboral sólo cubre el corto plazo.

Aspectos como el fracaso escolar, subempleo en el lugar de origen, etc., son características que comparten los inmigrantes magrebíes y mexicanos empleados en la agricultura, en España y Estados Unidos, respectivamente. Sin embargo, no provienen del estrato social más bajo. El costo que supone la aventura migratoria determina que procedan de sectores sociales que poseen unos recursos mínimos. En este sentido, el trabajador inmigrante empleado en la agricultura suele reconocer que en el país de emigración tiene que soportar unas condiciones laborales y de vivienda más vejatorias que las sufridas en el país de origen. Los fuertes ritmos de trabajo, el trabajo en ambientes intoxicados por agroquímicos, etc., son aspectos laborales que el trabajador inmigrante rehusaría aceptar en su país de origen; pero no en el país de emigración, debido a la más alta retribución salarial en este último.  

Notas

(*) Este trabajo se inserta en el marco del proyecto de investigación "La emergencia de un colectivo social infraclase en el medio rural Tamaulipeco: Análisis comparativo con Andalucía (España)", financiado por PROMEP (Secretaría de Educación Superior e Investigación Científica) -SESIC-. Secretaría de Educación Pública (México). Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento al evaluador anónimo por sus valiosas sugerencias.

(1) A diferencia del muestreo probabilístico, fundamentado en la selección al azar de una muestra estadísticamente representativa que permita la generalización de los resultados a una población mayor, la lógica del "muestreo intencional" aparece fundamentada en la selección de casos específicos, ricos en información, para su estudio con profundidad (Patton, 1990: 169-183).

(2) El "muestreo en cadena" (snowball o chain sampling), una técnica apropiada para localizar informadores clave, ricos en información, o casos críticos, es definida por Patton de la siguiente forma "Identifica casos de interés a partir de gente que conoce a gente, que conoce que casos son ricos en información, esto es, buenos ejemplos para estudiar, buenos sujetos de entrevista" (Patton, 1990: 182)

(3) Únicamente durante el periodo 1942-1945 estuvo garantizada la protección de los derechos laborales de los migrantes mexicanos empleados en la agricultura norteamericana, a través del convenio de braceros suscrito entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, ya que esto correspondía a un interés nacional de carácter estratégico para Estados Unidos (Bustamante, 1981: 344 y ss). 

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