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¿Y para nosotros cuándo? Impactos del monocultivo de palma de aceite en comunidades campesinas en el Caribe colombiano. El caso de María la Baja, Bolívar

Introducción

El auge mundial de los productos derivados de la palma de aceite ha ocasionado que los países productores incrementen sus cultivos y, a la vez, perfeccionen la maquinaria destinada al procesamiento de sus cosechas (Maza, Herrera y Jiménez, 2017). Gracias a ello se ha desarrollado una industria en expansión constante que se muestra como modelo de desarrollo y progreso por los importantes beneficios económicos que genera; sin embargo, datos recientes, acompañados de demandas colectivas, han replanteado esta perspectiva positiva y, en su lugar, cobran relevancia los argumentos que demuestran que la expansión excesiva de cultivos palmeros genera efectos adversos al ambiente y a las comunidades que habitan en territorios cercanos a estas plantaciones (Movimiento mundial por los bosques tropicales, 2001).

Colombia no es ajena a este panorama y, en virtud de las 1.838.000 toneladas de aceite de palma producidas al año, se posiciona como el cuarto productor mundial en 2022 (United States Department of Agriculture, 2022). Esta producción es consecuencia del rendimiento y expansión del monocultivo, que a su vez ha ido generando diversos conflictos en algunas comunidades y en sus territorios en el país.

La presencia y expansión del monocultivo de palma de aceite en algunas zonas de Colombia, especialmente en la subregión de Montes de María, ha estado atada a dinámicas irregulares e históricas de tenencia inequitativa de la tierra, que se han visto exacerbadas a su vez por el despojo y el desplazamiento forzado ocurridos en ocasión del conflicto armado interno. Así, este modelo productivo capitaliza a su favor el contexto generalizado de violencia para acumular extensiones de tierra y transformar el uso del suelo: de una economía tradicional a pequeña escala, a un modelo agroindustrial de monocultivo permanente y de tardío rendimiento. Lo anterior genera en esta subregión, y particularmente en el municipio de María la Baja, serias transformaciones, no sólo en la estructura productiva tradicional campesina, sino además en la biodiversidad del entorno, en las condiciones ambientales y en las dinámicas sociales de relacionamiento de las comunidades con sus territorios.

Este trabajo analiza los efectos de la expansión de palma de aceite sobre las dinámicas socioculturales y ambientales en María la Baja, en Montes de María, con el fin de visibilizar esta problemática y generar alertas en las entidades territoriales y organismos defensores de Derechos Humanos sobre estas vulneraciones.

El artículo se inicia con un contexto sobre el estado actual de las plantaciones de palma de aceite en el mundo. Luego, se describe la expansión productiva de este monocultivo en la región de los Montes de María, y concretamente en el municipio de María la Baja; y, por último, se describen y analizan las afectaciones causadas por la presencia de este modelo agroindustrial en las comunidades.

Metodología

El trabajo se orientó bajo el enfoque de investigación social aplicada; es un estudio mixto en cuanto utiliza técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas para analizar los impactos que ha generado la expansión de la palma de aceite en las comunidades étnicas y campesinas de María la Baja, en los Montes de María. Para la integración e interpretación de resultados se utilizó la estrategia de triangulación, lo que permitió profundizar en la comprensión de los impactos de la expansión del cultivo de palma en la vida de las comunidades. Esto, a partir de datos de producción agrícola de los siete municipios que forman parte de la subregión de Montes de María en Bolívar (Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) entre los años 2007 y 2018; posteriormente, se llevó a cabo un análisis documental de estudios previos que analizan los impactos de la producción de palma de aceite en la región.

Con el fin de indagar sobre la incidencia de la expansión del monocultivo de palma sobre la vida de las comunidades, se utilizaron métodos de investigación cualitativa, como el diagnóstico participativo. Se realizó un grupo focal con campesinos, pescadores, mujeres, jóvenes y líderes de los corregimientos de San José del Playón, Palo Altico, La Suprema, Santo Domingo de Mesa y Mahates, en el que se indagó sobre la dinámica productiva antes del conflicto armado y durante este; y al momento de realizar el estudio, sobre el acceso de campesinos y comunidad en general a las fuentes de agua, los principales problemas que se presentan en el territorio y el rol de las instituciones estatales en la solución de estas problemáticas.

Posteriormente se realizaron 10 entrevistas en profundidad: cuatro a campesinos productores, dos a jóvenes líderes de la comunidad, una al representante de los pescadores y tres a mujeres lideresas de estas comunidades. Ello posibilitó mayor comprensión del contexto y profundizar en las problemáticas particulares de los corregimientos y los grupos poblacionales. Por último, la información cualitativa compilada se contrastó con las estadísticas de producción agrícola de María la Baja, tomadas de la Red de información y comunicación del sector Agropecuario Colombiano - Agronet para el período de 2007 a 2018, debido a que a partir de ese último año la unidad de medida de la información no era la misma, por lo cual no podía ser comparada con las mediciones de los años anteriores.

Contexto mundial y nacional de la palma de aceite

A finales de los noventa, las plantaciones de palma de aceite en el mundo ocupaban alrededor de 6,5 millones de hectáreas en regiones tropicales, en las que eran producidas 17.500.000 toneladas de aceite de palma (Carrere, 2001). Para finales de 2021, dos décadas después del inicio de estas plantaciones, la producción de aceite de palma alcanza 76.538.000 toneladas, que evidencian el exponencial crecimiento de esta agroindustria (United States Department of Agriculture, 2022).

El avance vertiginoso de la producción de palma de aceite se explica en gran medida gracias a los beneficios comerciales que genera, pues del fruto de la palma se extraen aceites que se convierten en oleína y estearina, lo que a través de procesos industriales deriva en agrocombustibles, cosméticos, aceite vegetal, jabones, detergentes, velas, entre otros (Azhar et al, 2017; Vijay et al, 2016); por su parte, las cáscaras pueden ser comercializadas de manera individual como alimento de animales (Movimiento mundial por los bosques tropicales, 2001).

De este modo, son cada vez más los países que incursionan en el mercado palmicultor; hace pocos años la expansión productiva se concentraba en países asiáticos como Indonesia (45.500.000 t), Malasia (18.800.000 t) y Tailandia (3.260.000 t), que en conjunto suplen el 88 % de la demanda mundial de palma aceitera (United States Department of Agriculture, 2022); no obstante, algunos países de África y América,¹ como Nigeria (1.400.000 t) y Colombia (1.838.000 t), desarrollan recientes procesos masivos de producción, alentados por los beneficios tributarios ofrecidos por el Estado (Arrieta et al, 2016) y por las condiciones geográficas que posibilitan el eficaz desarrollo de las cosechas en sus territorios.

A pesar de los beneficios a la industria y al comercio, no es posible desconocer los efectos adversos que la producción extensiva de palma de aceite genera en el ambiente y en la población a nivel mundial. En este sentido, en Indonesia y Malasia, principales productores, se resalta la preocupación por los efectos de la palma de aceite en las grandes extensiones de tierra deforestada y cómo la pérdida de esos ecosistemas impacta gravemente en la biodiversidad (Azhar et al, 2017; Fitzherbert et al, 2008; Vijay et al, 2016; Wilcove y Koh, 2010).

La afectación a la biodiversidad se deriva de la naturaleza de las plantaciones ya que, al tener la forma de “monocultivos altamente homogeneizados”, tienden a incrementar sus potencialidades generadoras de “perturbaciones ecológicas” al no permitir, entre otros aspectos, la dinámica propia de los “ciclos naturales de nutrientes” y el “control natural de plagas” (Azhar et al, 2017, p. 458), que constituyen importantes servicios ecosistémicos para la conservación de la biodiversidad (Tscharntke et al, 2012). A lo anterior se suma la erosión del suelo que se deriva de la utilización constante de agroquímicos para la fertilización, que produce un impacto en la tierra a largo plazo.

Esto evidencia las afectaciones estructurales que estas plantaciones producen en los ecosistemas, lo que genera un serio cuestionamiento sobre los beneficios de su producción. Aunque no en todos los contextos estos efectos llegan a tener la suficiente fuerza para impedir la continuidad de su producción, sí es posible rastrear casos, como la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea en 2018, emitida para reducir la proporción de “biocarburantes, biolíquidos o combustibles de biomasa con riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra, producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros”, con la intención de lograr al 31 de diciembre de 2030 la reducción gradual del límite de “consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables”, permitido “hasta alcanzar el 0 %” (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2018).

Adicionalmente, se refuerza la preocupación por las afectaciones climáticas y ambientales de la deforestación generada por este modelo productivo agroindustrial, con la iniciativa presentada en noviembre de 2021 por la Comisión Europea (2021) al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, con la que se busca “minimizar consumo de productos procedentes de cadenas de suministro asociadas con la deforestación o degradación forestal”.

Estas medidas plantean una ruptura frente a la posición mayoritaria y poco discutida sobre los efectos de la producción de aceite de palma. Es preciso resaltar que a los mencionados efectos ambientales, producidos por el modelo agroindustrial y neoextractivista (Svampa, 2019) de la palma de aceite, se suman otras afectaciones de carácter sociopolítico y cultural, al producir conflictos socioambientales (Del Cairo et al, 2014; Orellana, 1999) y dinámicas de despojo (Ojeda, 2016) sobre el uso de la tierra y el agua (Gerber, 2011; Ojeda et al, 2015), que terminan por transformar las formas de relacionamiento de comunidades con sus territorios.

A pesar de esto, en Colombia este modelo agroindustrial de producción se encuentra lejos de ser desestimulado; la producción de palma aceitera ha aumentado exponencialmente en las últimas dos décadas, lo que se refleja en un incremento de la producción de aceite de palma en un 112 % en el período 2007-2021 (Tabla 1).

Esta expansión productiva se distribuye a lo largo del territorio nacional, y se destacan por su masiva producción los departamentos de Meta, Cesar, Santander, Casanare, Magdalena, Norte de Santander y Bolívar, que en conjunto aportaron el 93 % de la producción de palma en el año 2020 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia - Agronet, 2021). En el departamento de Bolívar, las estadísticas reflejan un crecimiento de los cultivos de palma en los últimos años: se pasó de 14.742 a 45.155 hectáreas sembradas entre 2007 y 2018, lo que representa un incremento del 206 % (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia -Agronet, 2021).

La palma aceitera en Montes de María

La subregión de los Montes de María en el Caribe colombiano, y los municipios que la componen que integran el departamento de Bolívar, no han sido ajenos a las dinámicas y transformaciones generadas por los monocultivos de palma de aceite en la zona. Se convierte en un caso especial de estudio en la medida en que su entrada al territorio está ligada a la violencia generalizada, al despojo y al desplazamiento forzado de poblaciones. En consecuencia, comprender el contexto de la palma aceitera en Montes de María se vuelve necesario, no sólo porque los municipios asentados en la subregión de los Montes de María bolivarense albergan el 30 % de las hectáreas sembradas en todo el departamento de Bolívar (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia -Agronet, 2021), sino porque además su presencia ha generado consecuencias importantes no sólo ambientales y ecosistémicas, sino también sobre la población y sus derechos.

El aumento de la producción de aceite de palma en Montes de María es explicado, entre otras razones, por el contexto de conflicto armado interno colombiano, que tiene raíces profundas en la inequitativa tenencia y apropiación de la tierra (Gaviria et al, 2020; Quiroga y Vallejo, 2019; Ávila, 2015; Ojeda et al, 2015), y por las políticas estatales orientadas a la promoción de la agroindustria desde los monocultivos de tardío rendimiento, amén de los factores ambientales que hacen de la zona un lugar propicio para la productividad de este tipo de cultivos (Arrieta et al , 2016; Gómez, 2010; Menco, 2011Ojeda et al, 2015; Quiroga y Vallejo, 2019).

Algunos autores consideran que el desplazamiento forzado generado por el conflicto armado fue uno de los factores que allanó el camino para la apropiación indebida de extensas hectáreas de tierra a manos de los actuales productores de palma de aceite y de los diversos actores armados en la zona (Gaviria et al, 2020; Ávila, 2015; Ojeda et al, 2015). Este contexto de terror favoreció el abandono forzado de la tierra, el despojo violento y la posterior “legalización y titularización de los predios arrebatados violentamente, que fueron integrados con rapidez al mercado de tierras y puestos al servicio de la implementación de millonarios agronegocios a través de proyectos de desarrollo” (Ojeda et al, 2015, p. 108) .

En el municipio de María la Baja, que produce el 25 % de la palma de aceite del departamento de Bolívar (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia -Agronet, 2021), se puede observar un aumento de las hectáreas sembradas de palma aceitera en los años siguientes a la consolidación de un contexto generalizado de violencia y terror causado por las masacres y homicidios recurrentes perpetrados por los actores armados. Este contexto de violencia dio lugar a importantes cifras de desplazamiento forzado y abandono de tierras en el municipio (33.888 víctimas de desplazamiento — Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2022—), lo que facilitó su acaparamiento a través de distintas modalidades (violentas e institucionales, tanto legales como ilegales), para abrir paso a la expansión de este monocultivo en María la Baja, como lo muestra la Figura 1.

Figura 1

Área sembrada de palma de aceite en María la Baja y masacres y víctimas en Montes de María 1996-2018

Fuente: Elaboración propia con base en Fedepalma (2021); Sistema de Información, Estadística del Sector Palmero, Sispa (2022); Fundación Cultura Democrática FUCUDE, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, Corporación Opción Legal, Universidad Tecnológica de Bolívar - Grupo Regional de Memoria Histórica, Mesa de Organizaciones de Población Desplazada de Los Montes de María OPDS Montes de María (2020).

Otros autores, como Menco (2011), Quiroga y Vallejo (2019) y Arrieta et al (2016), exponen que la aparición y eventual expansión de la palma de aceite se inicia por el declive arrocero provocado por las masivas importaciones de arroz a final de la década de los noventa del siglo XX, lo que llevó al endeudamiento de muchos campesinos para financiar la siembra en sus parcelas, y que por la situación socio-política no podían pagar, lo que dejó una población en precarias condiciones y susceptible de aceptar propuestas que llegaran al territorio con la promesa de la generación de ingresos, como fue el caso de las conocidas “Alianzas productivas” (Ojeda et al, 2015, p. 112), con las que se implementó en sus inicios el modelo de producción de la palma aceitera en María la Baja.

Adicionalmente, la puesta en marcha de programas y políticas estatales dirigidos a la consolidación de este modelo productivo jugó un papel importante (Hazlewood, 2010); ejemplo de ello fue la política denominada “Incentivo a la Capitalización Rural”, que otorgaba beneficios económicos a los cultivos de tardío rendimiento, entre los cuales se encuentra la palma de aceite. En el mismo sentido actuaron el Decreto 383 de 2007 y las Leyes 818 de 2003, 939 de 2004 y 1004 de 2005, respectivamente, que brindaban beneficios tributarios y aduaneros a productores de palma (Arrieta et al, 2016; Coronado y Dietz, 2013; Gerber, 2011; Quiroga y Vallejo, 2019).

Además del contexto de violencia generalizado y las políticas estatales de promoción e incentivo de la agroindustria palmera, para Gómez (2010) otro de los factores que influyó en la progresiva expansión del cultivo de palma es la rapidez productiva del suelo en esta subregión, pues los cultivos que en otros lugares de Colombia pueden tardar cinco años en llegar a su etapa productiva, emplean tan sólo dos años y medio o tres en producir un rendimiento en algunos municipios de los Montes de María. Sumado a ello, el volumen de aceite en cada fruto es mayor en esta zona, lo cual representa un incentivo para las empresas palmeras del país.

Finalmente, el caso de Montes de María, frente a la expansión del monocultivo de palma aceitera, muestra cómo la confluencia de distintos factores (ambientales, políticos y sociales) ha dado lugar a la consolidación de un patrón de acumulación de la tierra con base en el despojo y el desplazamiento forzado, para dar cabida a un modelo agroindustrial de monocultivo. Este modelo aprovechó el contexto generalizado de violencia para su rápida expansión, no sólo en el municipio de María la Baja, como vino ocurriendo desde mediados de la década de los dos mil, sino que también, de manera muy reciente, continúa su proceso de expansión hacia otros municipios, como San Jacinto y El Carmen de Bolívar (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021).

Resultados y discusión: efectos de la palma de aceite en la población de María la Baja, en Montes de María

La expansión del monocultivo de palma de aceite, concretamente en el municipio de María la Baja, ha generado afectaciones que pueden ser categorizadas en dos tipologías. Por un lado, unas de tipo ambiental, que incluyen aspectos como la deforestación, la degradación forestal, la contaminación en fuentes de agua y el suelo, y cambios en la biodiversidad; por otro lado, afectaciones socioculturales, que se reflejan en cambios en el paisaje, en el uso del suelo y en el modo de producción tradicional campesino, en dificultades en el acceso a la tierra y en impactos a la soberanía y seguridad alimentarias.

Afectaciones ambientales

En la categoría de afectaciones ambientales, el impacto principal es la deforestación y degradación forestal en la medida en que las plantaciones de palma de aceite se ubican en los trópicos húmedos (Vijay et al, 2016), por las condiciones de rendimiento y fertilidad que este ecosistema provee, y esto afecta, en consecuencia, las importantes reservas de carbono y la biodiversidad de las especies que habitan en los bosques tropicales (Vijay et al, 2016; Henders et al, 2015).

En países como Indonesia y Malasia, líderes productores mundiales de aceite de palma, la expansión de los monocultivos es el mayor factor causante de deforestación y pérdida de hábitats (Rudolf et al, 2022; Xin et al, 2021; Bainta et al, 2020; Gunarso et al, 2013; Koh et al, 2011; Hazlewood, 2010), al punto de encontrarse que más del 50 % de las plantaciones de palma de aceite para 2005, en estos países, se encontraban en tierras que en 1990 correspondían a extensiones de bosques (Vijay et al, 2016; Koh y Wilcove, 2008; Fitzherbert et al, 2008).

En el caso de María la Baja, la acelerada expansión de los monocultivos de palma de aceite se ha convertido en la mayor amenaza para la conservación del Bosque Seco Tropical (en adelante, BST) de la subregión de Montes de María (Ojeda, 2016). Se trata de la degradación y deforestación del BST, que no podrían ser catalogadas como menores si se considera que, de las 700.000 hectáreas remanentes de BST altamente fragmentado y deteriorado, la región Caribe es la única en Colombia que agrupa actualmente grandes extensiones continuas de BST —más de 600 hectáreas—(Pizano et al, 2017; García et al, 2014).

La reducción en un 92 % de la extensión original (9.000.000 de hectáreas) de BST colombiano y del 22 % en María la Baja supone un grave riesgo para las especies endémicas de este bioma, al igual que para la población vecina, pues afecta importantes servicios ecosistémicos, como “la regulación hídrica, la retención de suelos y la captura de carbono que regula el clima y la disponibilidad de agua y nutrientes” (Pizano et al, 2017, p. 49; Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, 2021).

Por otra parte, se suman a las afectaciones ambientales la contaminación de algunos cuerpos de agua, así como la extinción o privatización de otros (Ayompe et al, 2021; Bainta et al, 2020; Ojeda, 2016; Ávila, 2015; Gerber, 2011; Hazlewood, 2010). En casos como los de Malasia e Indonesia (Ayompe et al, 2021), Tailandia (Jaroenkietkajorn y Gheewala, 2020), Ecuador (Hazlewood, 2010), Sudáfrica e India (Bainta et al, 2020), los cultivos de palma de aceite muestran una tendencia relacionada con el consumo y la disponibilidad de agua en los territorios en los que se expanden, pues requieren un elevado consumo del recurso hídrico² para garantizar su crecimiento y rendimiento (Jaroenkietkajorny Gheewala, 2020; Bainta et al, 2020).

María la Baja no es ajena a esta dinámica. En efecto, la privatización de su distrito de riego y su administración por palmicultores desde el año 2003³ ha limitado el acceso al recurso por parte de la población y obligado a las comunidades vecinas a emprender procesos de lucha por el acceso al agua, pues su destinación se ha orientado principalmente a abastecer los altos requerimientos hídricos de los monocultivos (Gaviria et al, 2020; Quiroga y Vallejo, 2019).

El panorama del acceso y disponibilidad del agua en María la Baja se complejiza, no sólo por la destinación del agua hacia los cultivos de palma, sino además por la privatización y extinción de los llamados “ojos de agua” y pozos naturales, que por un lado, con las dinámicas de despojo en la subregión, han pasado a integrar predios de fincas que ahora son de propiedad privada, y por otro, se han ido extinguiendo a causa de los embates del cambio climático en el territorio (Ojeda et al, 2015).

En este estudio, esta afectación fue mencionada tanto en las entrevistas como en el grupo focal realizado. Se sitúa como una preocupación importante, pues se afirma que “existían algunos pozos, ojos de agua. Esos pozos eran comunitarios, ya no existen; y si hay, están privatizados y la gente no tiene acceso” (Entrevista a joven líder comunitario San José del Playón, 2021). En este mismo sentido, se señala adicionalmente que

“antes había unos ojos de agua, pero como la palma requiere más agua que esos pozos, han sido consumidos totalmente por la palma. Y luego, donde estaban los jagüeyes, ellos han hecho drenaje, porque necesitan sembrar tres o cuatro matas de palma donde estaban esos ojos de agua. Antes, cuando tenían ganadería, a ellos no les importaba que esas aguas estuvieran allí; hoy en día han drenado esas aguas y eso ha ayudado a la resequedad que tenemos” (Entrevista a líder comunitario, 2021).

Lo anterior confluye con la contaminación de otros cuerpos de agua, como la represa de Arroyo Grande o La Suprema, generada por la cercanía con las plantaciones y los agroquímicos utilizados (Ayompe et al, 2021; Bainta et al, 2020; Gerber, 2011; Fitzherbert et al, 2008), que agrava la situación de las comunidades campesinas pues, al no existir fuentes hídricas alternativas, las personas deben satisfacer la necesidad de este recurso con el agua de los cuerpos cuya calidad no es óptima (Gaviria et al, 2020; Quiroga y Vallejo, 2019; Ojeda et al, 2015).

Al respecto, un miembro de la comunidad señaló que por la contaminación del agua han llegado a sufrir

“incluso hasta enfermedades gastrointestinales, porque muchos lugares en época de sequía no tienen un lugar diferente a la represa para consumir agua” (Entrevista a joven líder comunitario San José del Playón, 2021)

“Como ya no existen estos ojos de agua, la gente directamente se consume esa agua, y como está en un alto grado de contaminación, la gente se enferma” (Entrevista a joven líder comunitario San José del Playón, 2021 )

En consecuencia, la presencia del monocultivo de palma, su lógica de desposesión y transformación del paisaje (Ojeda, 2016; Ojeda et al, 2015), acompañada de la privatización de los ojos de agua y la sequía de algunos de ellos, han agravado el acceso al recurso hídrico, lo que afecta, por un lado, su disponibilidad, y del otro, la calidad de la poca agua a la que las comunidades logran acceder.

Señala uno de los líderes comunitarios entrevistados que “incluso hasta el agua ha perdido color; antes yo me sumergía dos metros y podía mirar hasta allá abajo, ahora no: a escasos cinco centímetros ya no veo nada, el agua está muy turbia” (Joven líder comunitario San José del Playón, 2021).

Junto al impacto generado en los cuerpos de agua se da la desestabilización ecosistémica, que pone en peligro las distintas especies de fauna que dependen del recurso y de su calidad para subsistir. Concretamente, en María la Baja se han visto amenazadas especies de peces, como “el currulá, el moncholo, el macaco, la dorada y el bocachico” (Quiroga y Vallejo, 2019, p. 81), por la contaminación de los cuerpos de agua.

De igual forma, la naturaleza del monocultivo y su expansión generan una huella negativa por su sola presencia en la diversidad de la flora, pues actúan como agente desplazador de especies endémicas del territorio al acaparar la tierra y su uso hacia el modelo de la agroindustria, lo que al mismo tiempo reduce las condiciones ecosistémicas necesarias para las especies de fauna (Ayompe et al, 2021; Jaroenkietkajorn et al, 2021; Vijay et al, 2016; Wilcove y Koh, 2010), especialmente aquellas que tienen “dietas más especializadas, que dependen de características del hábitat que no se encuentran en las plantaciones” (Fitzherbert et al, 2008, p. 541; Bainta et al, 2020; Gerber, 2011). Incluso, si se compara con otros monocultivos como el cacao, el café y la acacia, que han llegado a reemplazar bosques nativos o degradados, la palma sigue siendo un sustituto bastante deficiente que genera graves perjuicios a la biodiversidad (Fitzherbert et al, 2008; Rudolf et al, 2022) y que, además, con el tiempo termina afectando la densidad de las especies que pueden habitar en la plantación (Jaroenkietkajorn et al, 2021).

Como se evidencia, el contexto de la subregión de Montes de María y de María la Baja dialoga con contextos homólogos en los países líderes mundiales de la producción de palma de aceite. Esto resalta la sistematicidad de los efectos y el impacto a gran escala que este modelo ha generado en los diferentes entornos de bosque seco tropical, que es el principal bioma afectado, a pesar de la necesidad de fomentar su conservación por el alto valor intrínseco de biodiversidad que representa (Ayompe et al, 2021; Bainta et al, 2020).

Afectaciones socioculturales

Los efectos ambientales de la expansión de los cultivos de palma en María la Baja se entrelazan con los impactos en las formas de vida de las comunidades campesinas y afrodescendientes, y se reflejan en los cambios en el uso del suelo y el modo de producción tradicional campesino, en las dificultades para el acceso a la tierra y al agua y en los impactos a la soberanía y seguridad alimentarias.

La población bolivarense que reside en los Montes de María está conformada, en su mayoría, por familias campesinas y afrodescendientes, que fueron fuertemente golpeadas por el conflicto armado interno (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). Su economía se centra en las actividades agropecuarias de las cuales derivan su sustento; la agricultura, y específicamente la producción de cultivos tradicionales (como la yuca, ñame, maíz y frutales), son las labores que desde antaño caracterizan a esta comunidad (Aguilera, 2014).

Con la llegada de la palma aceitera a la zona, se ha reducido el espacio disponible para la siembra de cultivos transitorios y tradicionales; así, frente al aumento del 280 % en las hectáreas sembradas de palma de aceite en María la Baja entre los años 2007-2018, se observa una correlativa disminución de las hectáreas sembradas con cultivos que tradicionalmente han sido utilizados por la comunidad como fuente de alimentación y de expresiones culturales, como el maíz (-67 %), el fríjol (-47 %) y el plátano (-18 %), con la consecuente amenaza a la seguridad alimentaria en todas sus dimensiones, y no sólo en las más evidentes de disponibilidad y acceso a los alimentos.

La disponibilidad de alimentos se ha visto afectada por la reducción de alimentos de producción campesina, por las políticas públicas de incentivos a la producción agroindustrial y por el restringido acceso a factores de producción como la tierra y el agua; estos últimos se han visto impactados por la violencia y sus consecuencias, como el despojo y el desplazamiento, pero también por el apoderamiento de caminos reales y fuentes de agua, como jagüeyes y ojos de agua, por parte de los empresarios de monocultivos y de los terratenientes. Así, el acceso a los alimentos se dificulta por la inequitativa distribución de los recursos productivos y por las restricciones impuestas por los monocultivos al tránsito libre y ancestral dentro del territorio (el caso de los caminos reales).

El aprovechamiento de los alimentos se ve afectado por condiciones previas a la llegada de monocultivos al territorio, como el acceso a agua potable y al saneamiento, pero también por la contaminación de los recursos naturales, como el agua, utilizada por la población para actividades cotidianas, como el aseo personal y la cocina. En palabras de un campesino de Alta montaña:

“Hay cosas que unen y que son transversales; por ejemplo, la amenaza que en estos momentos tiene la seguridad alimentaria. Eso es una vaina que no solamente afecta a Playón y a María la Baja, sino que nos está afectando. Por ejemplo, nosotros allá estamos en la lucha con eso. O sea, no palma, no palma, no monocultivos, porque queremos garantizar el tema del alimento. Y si uno mira, por ejemplo en Playón, Palo Altico, todos están emigrando a la montaña, y uno se pregunta ¿por qué? Sencillo: acá no hay donde trabajar” (Campesino de Alta montaña, 2021).

Estos hallazgos coinciden con los resultados del estudio sobre vulnerabilidad alimentaria realizado por el Departamento de la Prosperidad Social (en adelante, DPS) y el World Food Programme (en adelante WFP) (2014) y los confirman. El estudio determinó que María la Baja es uno de los municipios de Bolívar con peor desempeño frente a la vulnerabilidad y el riesgo alimentario. La calificación de riesgo otorgada por el estudio es “muy alta”, debido a la mediana disponibilidad de alimentos, el bajo acceso, el insuficiente uso y en general la baja respuesta del territorio frente a los factores que generan riesgo en la seguridad alimentaria de sus habitantes (DPS y WFP, 2014).

Por otra parte, la transformación productiva generada por la expansión de monocultivos ha desencadenado diversas afectaciones en el territorio y en las condiciones de vida de los habitantes de la región. Entre todas ellas, se destaca el cambio en el uso del suelo, pues, tal como lo manifestaron los participantes en las entrevistas semiestructuradas, hay una sustitución considerable de bosques naturales y cultivos tradicionales para dar paso a cultivos de palma aceitera, lo que afecta su soberanía alimentaria.

Unido a esto, y entendido como un factor que atenta contra las culturas de la zona, los cambios en el paisaje geográfico y las acciones desplegadas por algunos empresarios han contribuido al desincentivo de la siembra y comercialización de cultivos tradicionales y transitorios, toda vez que, subliminalmente, estos cambios y acciones crean en la población la idea de que el campesino y sus modos de producción no son rentables, y que, en tal sentido, no es menester dedicarse a ello.

“(…) por ejemplo, nosotros tenemos cientos de toneladas de ñame represadas en Alta Montaña. Eso nos ha venido sucediendo por mucho tiempo porque no tenemos mercado, no tenemos todo este tipo de cosas, pero la palma, a pesar de que tenga algunos precios bajos, tiene comercialización. A mí me dijo un palmero: `Tú defiende el territorio, defiende la soberanía dentro del alimento´. Ahí lo tienen represado, allí lo tienen. ¿Dónde van a encontrar salida?

nos van metiendo eso de que nosotros tenemos que ser empresarios, o sea, en el sentido de que hay que pensar en grande. Y yo digo que no es tan necesario: nosotros toda la vida hemos sido unos empresarios del campo. Entonces nos van metiendo eso en el chip, que el campesino está diciendo `esto no es productivo´ y se están cambiando nuestras costumbres. Un campesino, digamos los que sembramos diversificación de alimentos, sembramos de todo, nuestras guayabas, nuestras naranjas y de eso hemos vivido toda la vida. Y ahorita con estos proyectos nos están diciendo `esto no funciona, lo que funciona es esto´, y eso va creando un desánimo¨ (Campesino de Alta Montaña, 2022).

Otra de las afectaciones de la expansión de los cultivos de palma en la zona es la restricción de facto que ha generado la administración por parte de los palmicultores del distrito de riego, en la medida en que, mientras los palmicultores posicionan este sistema de riego como un recurso hídrico que debe ser utilizado para la producción de cultivos de palma, “las comunidades locales lo reclaman como la fuente de vida y sustento que hace parte de su territorio” (Quiroga y Vallejo, 2019). En consecuencia, la mayor parte del recurso hídrico transportado a través del distrito de riego se distribuye a las hectáreas sembradas con palmas, lo que deja a los pequeños agricultores y a la población en general sin acceso al sistema de riego. Se afecta así su derecho de acceso al agua como un medio vital. Este acceso restringido al agua no se limita al distrito de riego, según un entrevistado:

“(…) en época de sequía algunos no tienen un lugar diferente a la represa para consumir agua. Entonces ¿qué pasa? Que la palma ha sido un factor impactante en el sentido de, justamente, acceder al agua, porque aquí existían algunos pozos, ojos de agua donde esos pozos eran comunitarios. Ya no existen o no podemos llegar a ellos porque están en medio de cultivos de palma. Por ejemplo, aquí en Palo Altico, a unos escasos cien metros hay un pozo que se llamaba Leticia, ese pozo abastecía a Playón y Palo Altico cuando era época de sequía. Mientras más la gente iba, más duraba; es como simpático eso”. (Líder comunitario de San José del Playón, 2021).

La restricción a la movilidad dentro de los cultivos de palma, además de limitar el acceso a fuentes de agua utilizadas por los campesinos, ha afectado prácticas culturales y el uso de otros bienes colectivos, como los caminos reales.

“Nosotros, como campesinos, nunca nos hemos negado el paso. Eso es algo que venimos [sic] desde hace mucho tiempo, digamos desde nuestros antepasados. Si él tiene su parcela del lado de atrás, nosotros dejamos un camino, lo que se llama una manga, donde ambos cedemos, y eso se vuelve con el tiempo algo público, como una calle. Y resulta que cuando estos señores llegan no les importa el tema de los caminos y los cierran, porque supuestamente eso lo compraron ellos. Y como no existe planeación ni nada de eso, sino que es algo que nosotros como campesinos dejamos, ellos terminan cerrando ese paso, y las parcelas que están del lado de atrás terminan encerradas” (Campesino de Palo Altico, 2021).

Como lo señalan Quiroga y Vallejo (2019), el aumento del cultivo de palma y la privatización de la administración del distrito de riego originaron dinámicas de despojo de otros recursos, como la captación y el manejo del agua a partir de procedimientos legales y políticos impulsados desde el Estado, con el respaldo de empresarios y terratenientes. Se dio lo que estas autoras llaman un ciclo de privatización – acaparamiento – despojo de agua y de tierras, en el que la infraestructura tiene un papel central como única fuente de agua para las poblaciones locales y parte de su territorio.

Las tensiones son claras y la lucha, desigual: para los empresarios de la palma, el distrito de riego es un recurso para producir, mientras que para las comunidades locales es fuente de vida y sustento inherente a su espacio, y lo han incorporado a sus procesos de resistencia y defensa por su permanencia digna en el territorio.

Conclusiones

Los datos evidencian el auge de la producción de palma aceitera, incentivada no sólo por las ganancias económicas que genera sino también por un corpus jurídico-político consolidado. La subregión de Montes de María no ha sido ajena a estos procesos; por el contrario, los datos muestran un crecimiento en las hectáreas sembradas de palma aceitera, lo que implica la deforestación y degradación ambiental en un contexto altamente valorado en términos de diversidad biológica, pues alberga algunas de las ya muy pocas extensiones continuas de Bosque Seco Tropical que se conservan en el país.

Al mismo tiempo, se observa un cambio importante en el uso del suelo, pues se advierte una considerable disminución en las hectáreas sembradas de productos propios de la zona con alto contenido alimenticio, como el plátano, la yuca y el ñame.

Una de las consecuencias de este cambio productivo en el municipio es la amenaza a la seguridad alimentaria en todas sus dimensiones: la disponibilidad de alimentos (por la reducción de alimentos de producción campesina, por el restringido acceso a factores de producción como la tierra y el agua), el acceso a los alimentos (por la reducción de los ingresos de los productores y la inequitativa distribución de los recursos productivos, pero también por las restricciones impuestas por los monocultivos al tránsito libre dentro del territorio —caso de los caminos reales—); y el aprovechamiento de los alimentos, afectado por condiciones previas a la transformación productiva como el acceso a agua potable y el saneamiento, pero también por la contaminación de los recursos naturales —como el agua utilizada por la población para actividades cotidianas como el aseo personal y la cocina, pero también para la producción, especialmente de peces, en los canales—.

Otra de las consecuencias del cambio de la estructura productiva es la reaparición del agua como bien en disputa. Actualmente, el punto diferenciador es que, debido a que el poder económico de los palmicultores es mayor y su presencia territorial es significativa, con la palma el agua está monopolizada para la producción de biocombustibles y no para la producción de alimentos y el consumo humano, lo que acentúa la inseguridad y la ausencia de soberanía alimentaria en el municipio.

Los hallazgos de esta investigación dan cuenta de la necesidad de posicionar el debate y la discusión a nivel nacional sobre los límites de este modelo agroindustrial y a gran escala en la producción de palma de aceite, y sobre todo en relación con la participación de las comunidades campesinas en la toma de decisiones que afectan sus modos de vida, de producción y de relacionamiento con sus territorios.

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Notas

Recepción: 02 Febrero 2023

Aprobación: 15 Noviembre 2023

Publicación: 01 Diciembre 2023

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional