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Más allá de la estrategia económica: Vicentin Paraguay, conexiones, liderazgos y conocimiento local

Introducción

Vicentin SAIC comenzó como una compañía familiar localizada en la provincia argentina de Santa Fe, con una retórica nacionalista, cuya visión empresarial apuntaba a “mantener un crecimiento constante, agregando valor a las materias primas mediante la innovación de procesos agroindustriales y el desarrollo de nuevos negocios” (Vicentin, 2012, s/n).

Nació en 1929 como Vicentin SAIC, pero recién en la década de los 2000 logró ampliar su escala, expandir su presencia y consolidar un entramado empresarial de alto impacto en la economía nacional y regional. Su contexto de impulso fue el del boom de la soja, el momento favorable para la producción agraria a nivel internacional e interno, y las condiciones crediticias argentinas, todo lo cual le permitió adquirir un rol central en el sector agrario argentino (Gallo, 2020), hasta consolidarse como un conglomerado extendido y transnacional de compañías del sector agrario y agroindustrial (Gallo, 2020; Gaggero y García Zanotti, 2020; Vicentin, 2012). Por su escala y su entramado tecnológico, llegó a ser considerado uno de los conglomerados industriales primarios más importantes del país.

En su estrategia de expansión del grupo empresarial, Vicentin abrió sus puertas en Paraguay (2005) y Uruguay (inscripta en 2019).¹ Este proceso no se limitó a la apertura de empresas en el exterior, que tuvo para Vicentin SAIC una función de “desdoblamiento e internacionalización de su estructura empresarial” (Gaggero y García Zanotti, 2020, p. 8), sino que también presupuso cambios en la estructura de la misma casa matriz y en las decisiones de inversión locales y regionales. La expansión progresiva terminó en 2020, y dio paso a un proceso de vaciamiento, que según Gaggero y García Zanotti (2020) se dio tanto a nivel corporativo como financiero y de comercio exterior y precios de transferencia. El vaciamiento corporativo se consolidó a partir de la creación de empresas en el exterior, con las que la firma hizo maniobras de venta, comercio y financiamiento intragrupo. Además, la excelente performance de la empresa le permitió prácticas especulativas, como endeudarse con acreedores y también intrafirma; dar prioridad a las inversiones financieras, relegando la inversión productiva; y posicionar la sucursal en Uruguay como intermediaria predilecta para flujos financieros. A partir de 2019, el modelo empezó a resquebrajarse y aparecieron saldos negativos bancarios y desprolijidades en las cuentas de activos y pasivos comerciales (Gaggero y García Zanotti, 2020).

En este trabajo nos interesa particularmente la filial paraguaya de Vicentin SAIC, Vicentin Paraguay Sociedad Anónima (VPSA), que inició oficialmente actividades en territorio paraguayo. Sus propósitos declarados incluían la compra local y la exportación de soja, con capacidad de importación posterior tras la industrialización en la empresa hermana Vicentin en la Argentina.

La expansión respondió a la necesidad de la casa matriz de echar raíces en territorios que le permitiesen dinamizar la producción y la rentabilidad, y evitar legislaciones restrictivas e impuestos altos. Sin embargo, la filial logró insertarse en un complejo escenario económico y empresarial con dinámicas propias, que no era neutral y que presentaba especificidades.

En esta línea, este trabajo propone identificar estas formas específicas que la inserción de VPSA tuvo en Paraguay e indagar cuáles fueron las relaciones comerciales (con otras empresas acreedoras y proveedoras), asociativas (dentro de gremios y corporaciones) y políticas que estableció VPSA específicamente en Paraguay, que le permitieron alcanzar grados altos de desarrollo económico dentro de su rubro —llegó a ser uno de los exportadores más importantes del país por un quinquenio—, y al mismo tiempo, participar de un entramado de actividades expo-importadoras de dudosa legalidad que beneficiaron a todo el grupo comercial.

Si las relaciones sociales, los vínculos y las redes son los responsables de la construcción de la confianza que permite el desarrollo de la vida económica (Granovetter, 1985), y las dependencias en común y las conexiones corporativas son más explicativas del desempeño económico que la racionalidad o la optimización (Granovetter y McGuire, 1998), entonces resulta crucial responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles fueron las estrategias locales de afianzamiento, guiadas por la cultura y la historicidad del entramado social, político y económico paraguayo, que explican las relaciones comerciales, asociativas y políticas de VPSA?

Entendemos estrategias en el sentido propuesto por Gaggero (2012), como el conjunto de los grandes objetivos y las diferentes vías para acceder a su realización. Acordamos con el autor en que la estrategia es inseparable del contexto macroeconómico y cultural en el que el grupo empresarial se encuentra. Esta decisión teórica nos obliga a analizar la empresa Vicentin Paraguay S. A. no sólo como una extensión del modelo productivo de su empresa matriz en la Argentina, sino también como un nuevo actor en la economía paraguaya. De esta manera, es necesario indagar en las redes y conexiones que desarrolló internamente.

Las compañías definen las políticas y planes nodales de su desarrollo, no sólo del campo económico, sino también del social, político y organizacional (Andrews, 1997). Las estrategias son tomadas por las unidades económicas, pero están afectadas por presiones estructurales externas e internas (de la Garza Toledo y Neffa, 2010). Es decir, son estrategias socio-históricamente enmarcadas, que deben adaptarse a los contextos políticos y culturales en los que se insertan. De esta manera, las estrategias están también ceñidas, en mayor o menos medida, por el Estado, como institución que da forma, legalidad y límites a los mercados (Gaggero, 2012). En este sentido, no son, como plantea el enfoque neoclásico, netamente económicas ni provenientes de actores aislados que intercambian con pleno conocimiento y racionalidad instrumental en un mercado neutral, sino que se encuentran enraizadas en prácticas socio-históricas (Granovetter, 1985).

Este trabajo hace propias las afirmaciones de investigaciones anteriores (Gaggero y García Zanotti, 2020), considerando que Vicentin Paraguay fue parte de un proceso de expansión del Grupo Vicentin originalmente argentino, que la sucursal paraguaya se inscribió en la tendencia a la creación de empresas en el exterior para realizar compra, venta y operaciones intragrupo, evadiendo de esta forma aranceles y tributaciones en varios Estados. Finalmente se generó un vaciamiento financiero y comercial que cambió su estructura casi integralmente² y tiene a la firma en Paraguay prácticamente en cese.

Esta investigación se inserta en un estudio de largo plazo con más de diez años de desarrollo en Paraguay, en el que se han rastreado las formas de acceso y de permanencia al poder de las élites políticas (López, 2020), las conexiones entre élites políticas y económicas, y las prácticas políticas de las élites económicas (López, en prensa), así como las estrategias compartidas por ambos grupos. Esto nos brindó un acceso privilegiado a información, líderes, empresarios, funcionarios y declaraciones públicas. Esa perspectiva general se vio fortalecida, en este caso en particular, por las entrevistas en profundidad a tres actores de relevancia nodal en la materia: César Jure, Presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO); José Berea, exdirector de VPSA y Síndico Titular de la CAPECO; y Mariano Moyano, abogado especializado en rastreo y recuperación de activos, patrocinante de dos acreedores paraguayos de Vicentin SAIC, autor de la primera investigación-denuncia contra la empresa desde Paraguay.³

Este trabajo se asienta en una metodología cualitativa que nos permitió rastrear las conexiones políticas de VPSA, sus estrategias gremiales y la relevancia de la conformación de su dirigencia en territorio paraguayo. Para este trabajo, la primera tarea de investigación consistió en identificar y contactar la red de actores centrales consolidada en torno a Vicentin Paraguay. Se realizaron entrevistas en profundidad en Asunción, en 2022 y 2023. La entrevista fue semiestructurada, organizada en torno a cinco ejes temáticos: el primero indagaba sobre la trayectoria personal empresarial de los entrevistados; el segundo, sobre la organización empresarial (llamada gremio en Paraguay) y su politización; el tercero, sobre los impuestos, la tierra y el Estado; el cuarto, sobre las redes y conexiones con partidos e instituciones públicas; y el quinto, sobre la internacionalización del capital y la situación de VPSA.

En paralelo, se analizaron las noticias periodísticas referidas a VPSA en la prensa paraguaya, así como las declaraciones públicas de la empresa y de la asociación empresarial en la que se insertó. Complementariamente, se consultaron fuentes secundarias para construir la serie histórica de tributación y del impacto productivo del sector. Estos datos han sido fundamentales para el análisis de aportes fiscales y de balances del Banco Central del Paraguay.

Con el fin de responder a la pregunta que inspira este artículo, presentaremos a continuación un breve estado del arte sobre el caso de Vicentin. En el apartado ulterior revisaremos la matriz económica paraguaya en la que VPSA se insertó, con especial interés en los impuestos y los sistemas tributarios. Luego, describiremos la relación entre VPSA y el Estado paraguayo. Posteriormente, identificaremos las estrategias locales de VPSA, para, finalmente, presentar las conclusiones y los interrogantes para futuros estudios.

Estado del arte

A pesar de su relevancia política, económica y productiva, así como de su repercusión mediática y jurídica, la experiencia del grupo empresarial Vicentin, su expansión regional y su posterior ocaso no han impactado aún de manera notoria en la producción académica y científica regional.

Desde un foco más general, ha habido publicaciones que analizaron más genéricamente el entramado sojero de la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay —conjunto al que denominan irónicamente República Unida de la Soja—, y las implicancias socioambientales y en los cultivos que tiene este tipo de producción (Rocha, Nehring y Silva, 2022; Bravo et al., 2010), así como la confluencia productiva en el espacio trinacional fronterizo (Bolivia, Brasil y Perú, por un lado; y la Argentina, Brasil y Paraguay, por el otro), que demostraron la expansión en estos espacios transfronterizos de las cadenas productivas de agroganadería (Pires do Río y Nunez Coelho, 2020). Bravo et al (2010) describieron el avance de la soja, y específicamente de la transgénica, en el Cono Sur desde mediados de los años cincuenta, estudiando los modelos empresariales y de negocios que se desarrollaron en torno a este producto. Concluyeron que esta producción está atravesada por variables socioambientales, económicas, políticas, tributarias y de contaminación genética (Bravo et al, 2010), lo que dificulta la intervención del Estado, muchas veces conniviente.

También se han analizado los sistemas de transporte de estas mercancías, indagando sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay y las dificultades fiscales y de control de contrabando que presupone la explotación privada de esta vía fluvial (Cieza, 2021).

Por su parte, otro conjunto de investigaciones utilizaron el caso de Vicentin como una forma de ejemplificar sus análisis sobre la estructura productiva argentina y el peso que tienen los actores agroexportadores dentro del entramado económico político nacional, identificando el peligro que las maniobras evasivas y la fuga de capitales representan en economías periféricas y describiendo la matriz de comercio externo y las formas de evadir impuestos, muchas veces en connivencia con actores gubernamentales (Aminahuel, 2021; García Zanotti y Schorr, 2022).

Algunos estudios apuntaron a revisar el caso de la potencial expropiación de Vicentin como un paso en el proceso de ganar soberanía alimentaria (Merlinsky y Toledo López, 2020) y describieron el rol de los medios de comunicación en la construcción del conflicto surgido en torno a la retórica estatal de expropiación (Artese, 2022). Otros proveyeron una descripción jurídica del caso, sopesando legislación vigente en torno al fraude cometido y a la posibilidad de expropiación estatal, y priorizando la defensa de los derechos a la propiedad (de dueños y directivos iniciales), a pesar de las maniobras financieras y crediticias realizadas y comprobadas (Ayestaran, 2020). Otra perspectiva focalizó en el riesgo de inversión que caracteriza a los mercados emergentes como el argentino, que produce un efecto predatorio sobre los empresarios emprendedores que deben afrontar contextos económicos inestables y arriesgarse a la expropiación, en entornos con débil protección de los derechos a la propiedad (Gallo, 2020). Esta última interpretación posiciona a los propietarios, directivos y managers de Vicentin como víctimas de vicisitudes externas, dejando a un lado los beneficios múltiples y, por momentos, sin basamento, que recibieron del gobierno (Gaggero y García Zanotti, 2020; García Zanotti y Schorr, 2022).

Finalmente, el proceso de expansión, endeudamiento y quiebra de la empresa Vicentin fue minuciosamente indagado por Gaggero y García Zanotti (2020). Estos autores remarcaron la responsabilidad de la empresa en generar un sistema de vaciamiento de la casa matriz argentina, profundizar el endeudamiento local —con connivencia del gobierno—, y beneficiarse por diferentes programas de incentivo tanto en su país natal como en los que ampliaron su presencia. Mediante esta estructura corporativa, Vicentin internacionalizó y desdobló su funcionamiento. Primero, creó holdings en Uruguay, que fueron progresivamente ampliando su participación en compañías que antes estaban en Vicentin SAIC Argentina. De esta forma, mediante la estructura paralela uruguaya se fue vaciando la estructura original argentina, especialmente entre 2014 y 2017. Este desdoblamiento le permitió a Vicentin, además, continuar con la venta de empresas incluso después de haber declarado concurso de acreedores en la Argentina (Gaggero y García Zanotti, 2020). Los autores consideran Vicentin Uruguay como una “cáscara” que sirvió para transferir activos, producir movimientos financieros y facilitar la evasión dentro de los Estados, en las negociaciones con otras empresas y en la dinámica intragrupo (Gaggero y García Zanotti, 2020).⁴

Matriz económica y productiva en Paraguay

La economía paraguaya fue mutando desde los dos mil hasta consolidar un escenario estable, una balanza equilibrada y un ordenamiento macroeconómico disciplinado, que mantiene vigente hasta el día de hoy (Arce y Rojas, 2020), y que promociona internacionalmente como garantía de seguridad para las inversiones extranjeras y empresas que quieran radicarse en Paraguay.

Si bien continúa siendo una economía de menor desarrollo que sus países vecinos, y fuertemente dependiente de capitales internacionales (Rojas, 2014), así como vulnerable a factores externos y climáticos por la centralidad de las actividades primarias de exportación (Serafini, 2017), logró posicionarse como un espacio de interés para empresas multinacionales y, sobre todo, para inversores de países vecinos.

Dos factores nodales de la economía paraguaya actúan como incentivo para la inversión. Por una parte, el esquema tributario, que además de ser uno de los más bajos de América Latina, es fragmentario y regresivo; recae mayoritariamente sobre impuestos directos, y aliviana la carga impositiva en las producciones agrarias y ganaderas, las más rentables de Paraguay (Serafini, 2017; Arce y Rojas, 2020). A esto se suma la existencia de regímenes específicos que benefician a algunas producciones, como la soja y otros cereales, cuya carga tributaria varía de nula (para las exportaciones en estado natural) a baja (resto de transacciones locales).⁵

El impuesto a la renta personal, a la renta empresarial (IRE) y el IVA son del 10 % en Paraguay. El IRE es el más bajo de América Latina, y el IVA, el segundo más bajo, luego de Panamá (Ley Nº 6380; Borda y Caballero, 2018; Arce y Rojas, 2020).

Por otra parte, el otro incentivo a la inversión es la hegemonía de un modelo de liberalismo económico acompañado de una apertura financiera total, con regímenes financieros y cambiarios extendidos, lo que garantiza la capacidad de repatriación de ganancias y de libre acceso a divisas (algo relativamente controlado en la Argentina).

Como indican García y Ávila (2019), los últimos gobiernos implementaron una serie de medidas tendientes a la flexibilización del marco jurídico con el fin de atraer inversión extranjera. La situación escaló cuando en 2014, en una conferencia frente a empresarios brasileños, el entonces presidente Cartes sugirió que “usen y abusen del Paraguay, porque la verdad que es para mí un momento increíble de oportunidades”.

La frase remitía a la presencia brasileña en la economía paraguaya, centralmente aglutinada en inversiones en el complejo sojero y agroindustrial.

Además de estas dos características (impuestos bajos y liberalización alta), la legislación laboral paraguaya desalienta la organización sindical y reduce drásticamente los derechos laborales (Ortiz Sandoval, 2020).⁶ Estos tres factores impactan en un abaratamiento en las condiciones de producción, explotación y comercialización de bienes. Además, actúan como incentivo para que grupos económicos de países limítrofes inviertan en Paraguay, que es parte de las trayectorias de despliegue financiero y especulativo de empresas extranjeras.

La dependencia de Paraguay de capitales argentinos y brasileños (por ejemplo, para la creación y ampliación de las hidroeléctricas o la presencia de empresas agroganaderas extranjeras),⁷ y de capitales internacionales, es una constante en la historia política del país (Rojas, 2009; Arce y Rojas, 2020).

En un contexto de baja financiarización, las empresas nacionales no aplican sólo estrategias de especulación financiera con ganancia a corto plazo (Fichtner, 2020), sino que siguen apostando a la producción asociada a la tierra, las conexiones personales, las alianzas partidarias, y las asociaciones empresariales.

Por esta causa, las empresas internacionales no llegan a Paraguay a un espacio homogéneo de producción coordinada, sino a un escenario en disputa con características propias que obligan a las empresas a adaptar sus estrategias económicas y combinarlas con factores sociales y políticos contextuados.

En este sentido, la sociología económica nos permite analizar este conjunto de actores dentro de su contexto social e histórico y a partir de su desenvolvimiento en un campo específico, con un habitus particular (Bourdieu, 1990), que incluye no sólo decisiones sobre intereses materiales (estrictamente “económicas”), sino sobre todo el conocimiento de los pensamientos, percepciones, acciones, decisiones y estrategias que se guían por un sentido práctico, enmarcada en “las condiciones históricas y socialmente situadas de su producción” (Bourdieu, 2007, p. 90).

Vicentin Paraguay no pudo haber desarrollado su acción económica (determinada a partir de la decisión de expansión y triangulación de la casa matriz en la Argentina) sin conocer el contexto paraguayo y su “sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones” (Bourdieu, 2007, p. 86), sobre el cual adaptó su estrategia para consolidar una acción política concreta que facilitase el desarrollo de su actividad económica (tanto en su plano legal como en el que se acusa de irregular). Las acciones políticas y las estrategias utilizadas por VPSA en Paraguay complementaron la planificación económica y permitieron que esta pudiese llevarse a cabo.

En Paraguay, la producción de granos y la comercialización se encuentra muy concentrada, así como la propiedad de la tierra y de las agroempresas (Rojas, 2009; Exquerro-Cañete, 2016). Las asociaciones empresariales son fundamentales interlocutores con el Estado, y el partido de gobierno tiene mucha relevancia en mantener la baja carga tributaria y los beneficios específicos empresariales (López, en prensa; Fogel, Costa y Valdez, 2018). Por esta causa, las estrategias de inserción en el país apuntaron a construir redes y confianza, que son, para la nueva sociología económica, elementos constitutivos de la acción económica (Granovetter, 1985).

Revisaremos a continuación la relación de VPSA con el Estado y la tributación en Paraguay, para luego explicar las estrategias que el grupo empresarial utilizó para ingresar al mercado paraguayo y para transformarse en un actor central en el país.

Vicentin Paraguay S. A. y el Estado paraguayo

El Estado es uno de los actores con capacidad para generar acciones directas o indirectas que afecten el desarrollo de las empresas, por ejemplo, las regulaciones legislativas, tributarias o productivas (Fligstein, 1987). Una de las medidas más habituales es la modificación (por ampliación o disminución) del régimen impositivo.

Paraguay tiene una de las menores cargas tributarias de la región, elemento que llevó al mismo Banco Mundial (2018) a recomendar el aumento de los impuestos para robustecer el financiamiento estatal y mejorar en infraestructura que impacte positivamente en la industria, el comercio y el sector agropecuario. El organismo advirtió que Paraguay tenía problemas estructurales, como una alta concentración de ingresos, ganancias, producción, exportación e influencias políticas en manos de un conjunto muy reducido de actores económicos; bolsones significativos de trabajadores en la informalidad y un deficitario sistema estatal de servicios públicos y sociales.

Respecto de la normativa, en 1991 la Ley Nº 125 dispuso gravar la exportación de productos en estado natural. En 2004, se hizo efectiva esta retención con una tasa inferior al 4 %. En 2005, la Ley Nº 2421 anuló la posibilidad de alcanzar estos productos con un impuesto.⁸ Esta situación se extendió hasta 2013, cuando se aprobó en el Congreso la Ley Nº 5082, que constituía el 10 % de gravamen sobre la soja, el maíz y el girasol en estado natural, y que fue ese mismo año vetada por el Poder Ejecutivo Nacional.⁹ En septiembre de 2019, se aprobó la Ley Nº 6380 de Modernización y Simplificación del sistema tributario nacional, pero se rechazó el proyecto que incorporaba cargas impositivas a la exportación de granos en estado natural. Esta propuesta había sido presentada en junio de 2014 por senadores de partidos progresistas,¹⁰ que utilizaron como argumentos para este requerimiento la desigualdad en la tenencia y explotación de la tierra en Paraguay, la abundante evidencia que confirma la existencia de tierras mal habidas, entregadas de manera irregular y usurpadas por personas cercanas al poder político, y la disparidad en la repartición de la riqueza (Exposición de motivos, Proyecto de Ley “que establece nuevas disposiciones impositivas para la exportación de granos en estado natural”, 2014).¹¹ Además, remarcaron el daño ambiental, el poco dinamismo y la baja empleabilidad de esta explotación, el riesgo que arrastra el uso de semillas transgénicas y la expulsión del campesinado a la ciudad, donde no existen estructuras de incorporación laboral. Pretendían que el impuesto llegase al 15 % y que no tuviese mecanismos de devolución ni saldo crediticio. Cinco años después, fue votado en contra por 20 senadores, a favor por 14 y hubo una abstención. De esta forma, quedó rechazada la propuesta.

En todos los casos, se evidenció un fuerte lobby de las asociaciones empresariales del rubro, especialmente la UGP, la CAPECO y la Asociación de Productores de Sojas, Oleaginosas y Cereales (APS), que disponen tanto de mecanismos políticos y partidarios de intervención (López, en prensa), como de mecanismos intimidatorios y de amenazas de tractorazos, paros, cortes de ruta, etc. (Fogel, Costa y Valdez, 2018).

La ley vigente en materia tributaria le adjudica al sector agropecuario un conjunto de impuestos que son comunes a otras actividades (10 % de impuesto a la renta, 8 % para residentes o 15 % para no residentes en concepto de distribución de utilidades). No impone gravamen alguno a la exportación de granos en estado natural y beneficia al sector con la devolución parcial del IVA, que previamente solía ser total.¹²

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2022), en el año 2020 la soja fue el primer producto de exportación, seguido por la energía hidroeléctrica y, en tercer lugar, la carne.

VPSA fue una de las firmas con mayor impacto en la exportación de este rubro. En un estudio sobre el agronegocio en Paraguay, Rojas (2009, p. 52) indicó que Vicentin Paraguay S.A. era la quinta exportadora de soja del país, luego de Cargill, ADM-Saeca, Bunge y Louis Dreyfus, remarcando que ya para ese momento VPSA sobresalía por “sus altos niveles de exportación, comparables al de las corporaciones transnacionales”.

Sin embargo, la baja tributación explica las causas por las que Vicentin, a pesar de las ganancias reportadas y de su presencia en el comercio exterior, no impactó como uno de los principales 100 aportantes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) según impuesto a la renta. Fue incorporada en el orden 389 en el Informe de 2015; 129 en 2017 y cae al 226 en 2020 (SET, 2015, 2017, 2020).

Como describieron Murillo y Mangonet (2013) para el caso argentino, también en Paraguay la soja se produce sobre una inversión de capital intensivo, lo que disminuye el poder del trabajo en comparación con el inversor. Además, en territorio paraguayo, la organización colectiva de los productores, comercializadores, traders y exportadores de soja se concentra en pocos gremios muy poderosos que acaparan la negociación.

En este contexto, la actividad de VPSA se desarrolló sin inconvenientes en Paraguay; incluso, fue sistemáticamente expuesta como una de las firmas más prósperas del país. Durante muchos años, el Estado, cuyo rol condiciona las estrategias y estructuras de las grandes firmas y es central en la regulación de los mercados (Gaggero, 2012), no advirtió maniobras en VPSA. La empresa no fue indagada por los organismos asociados al control de delitos financieros hasta que irrumpieron dos elementos externos a la dinámica local paraguaya. Por una parte, la publicación de los Fincen Files y, por otra, el inicio de las acciones legales contra la casa matriz de Vicentin en la Argentina. Explicaremos ambos elementos a continuación.

Tras conocerse el informe de los Fincen Files (referente al Financial Crimes Enforcement Network de los Estados Unidos y la filtración de información que permitió denunciar un escándalo de lavado de dinero y operaciones ilegales o fraudulentas), el senador paraguayo Jorge Querey, del Frente Guasú, denunció que VPSA, empresa agroexportadora de soja, estaba bajo revisión por evasión y lavado (Querey, 2022a).

Además, Querey denunció los giros, en calidad de préstamos irregulares, que VPSA había recibido de la empresa Glencore. Algo que también había sido denunciado en la Argentina (Moyano, 2022, entrevista personal; Gaggero y García Zanotti, 2020).

Los medios gráficos paraguayos se hicieron eco y publicaron un comprobante de transferencia filtrado en el que se registra que Glencore Gran VC había enviado más de 12,6 millones de dólares (ABC Color, 2020, 21 de septiembre). Sin embargo, el organismo competente en la materia a nivel local, la Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), no expidió ninguna alerta ni reportó al Estado las irregularidades.

Por esta causa, Querey solicitó informes a SEPRELAD, al Banco Central de Paraguay y a la Subsecretaría de Estado de Tributación. La sospecha del Senador, ya indicada también por los informes argentinos (Gaggero y Zanotti, 2020) y en el presentado por el abogado Moyano, era que Vicentin Paraguay se benefició de la política de cero impuestos sobre la producción de soja triangulando el cereal desde la Argentina; es decir, ingresando soja argentina de manera ilegal, haciéndola pasar como paraguaya, e incluso pidiendo la restitución del IVA que sólo se aplicaría para la producción nacional.

Ante el diario Última Hora, Querey expuso que, además de la sospecha de contrabando o triangulación, le preocupaba “la complicidad de instituciones públicas que pudiera haber en esto, porque si se producen aquí documentos, serían documentos de contenido falso y hasta el año pasado existía la devolución del IVA y si hubo devolución del IVA en estas condiciones, se trataría de una estafa al Estado paraguayo y si hubo dinero no legal, indudablemente es un delito precedente para el tema del lavado de activo” (Última Hora, 2020, 7 de julio).

El requerimiento informativo se desarrolló como eco de las acciones en contra de la empresa Vicentin en la Argentina. Es decir, fueron consecuencias de las denuncias del país vecino y las filtraciones de datos estadounidenses los que inspiraron una reacción de investigación en el Estado paraguayo, a pesar de encontrarse este en pleno proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para evitar el ingreso a la lista gris (que compila países con menores condiciones de transparencia y con mayores impactos de transacciones financieras no respaldadas, evasivas de impuestos o directamente asociadas a actividades criminales).

En 2022, el presidente Mario Abdo Benítez anunció que Paraguay había salido airoso de la evaluación del GAFILAT, pues había mejorado la perspectiva crediticia y demostrado equilibrio macroeconómico. En su declaración, respaldó la efectividad en sistema de prevención de lavado de activos (2015-2021) y los esfuerzos hechos por el Estado para mantener estable la macroeconomía y activa la integración. “En un mundo globalizado, en el que se concibe al desarrollo económico y social sobre la base de las normas internacionales, la integración y la cooperación; el hecho de que Paraguay se mantenga situado en una condición como esta, beneficia a la vida ciudadana” (Mario Abdo Benítez, discurso público del 28 de julio de 2022).

Con respecto a las consecuencias positivas del dictamen de la GAFILAT, el presidente dio especial énfasis a la inversión extranjera y a los sistemas financieros y bancarios. En sus palabras, “los paraguayos no verán las consecuencias de ser una nación al margen de la dinámica internacional, es decir, limitada para hacer transacciones financieras con el exterior, vista como peligrosa para la inversión extranjera, con encarecimiento de los servicios bancarios y otras tantas consecuencias negativas asociadas” (Mario Abdo Benítez, discurso público del 28 de julio de 2022).

A pesar de que el episodio de evasión, triangulación comercial con fines de fraude y declaraciones presuntamente falsas de VPSA ante el Estado paraguayo no fue adecuadamente indagado, el Presidente se daba por satisfecho con las acciones de gobierno en torno a la transparencia macroeconómica, financiera y bancaria.

Estrategias locales de VPSA

El empresariado constituye un universo complejo y diverso (Beltrán, 2011), más aún si hablamos de la combinación de actores empresariales a dos lados de la frontera nacional. “Muchos empresarios se enmarcan en distintas tradiciones políticas y culturales, cuentan con diferentes historias y recursos políticos, estratégicos y organizacionales disímiles” (Beltrán, 2011, p. 5). Esto explica, en parte, la forma de inserción de VPSA, a través de acciones específicas que le permitiesen sumarse a los actores locales de la economía nacional paraguaya.

Desde una visión de la sociología económica, identificar estos fenómenos sociológicos en los que se ponen en juego conocimientos históricos y culturales (mucho más importantes que cálculos económicos) permite indagar en las formas de interacción económica que sostuvo la empresa, puesto que la aplicación de marcos de referencia y el análisis de la sociología contribuye al análisis de la complejidad de la acción económica (Smelser y Swedberg, 2005).

Entre las estrategias propias de Vicentin Paraguay, podemos encontrar tres de relevancia que exceden lo meramente económico y que remiten, de hecho, a ideas de asociación, la primera; de administración, la segunda, y de conocimiento del entramado legislativo y jurídico a ambos lados de la frontera, la tercera. Las analizaremos a continuación.

El poder del colectivo: la afiliación de VPSA a los gremios productivos

La primera estrategia de VPSA referenciada previamente fue la afiliación de la firma a la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO),¹³ una entidad poderosa que coordina la acción empresarial corporativa de los grupos más importantes del sector. En la actualidad cuenta con 33 miembros, uno de los cuales sigue siendo Vicentin Paraguay. Otros de reconocida relevancia regional son Syngenta y Cofco International.

CAPECO informó en varios años consecutivos que VPSA constituía uno de los cinco exportadores más importantes de soja del país. Por ejemplo, en 2017 quedó cuarto en el ranking de exportaciones, sólo antecedida por Cargill, ADM y Sorrugestvo (ABC Color, 2017, 18 de julio). Para 2019, Vicentin fue responsable del 14 % de las exportaciones de granos (Última Hora, 2020, 7 de mayo; y Última Hora, 2020, 10 de junio).

Por su parte, al conformar CAPECO también ingresó a la Unión de Gremios de la Producción (UGP),¹⁴ un poderosísimo e influyente “gremio de gremios”. La UGP tiene una capacidad de intervención política muy extendida, es uno de los organismos corporativos más poderosos en la política local y sólo se accede a ella mediante la conformación de alguna de las uniones que la conforman. Su actual vicepresidente es César Jure (presidente de CAPECO), y su síndico titular es José Berea (expresidente de VPSA). El Presidente es Héctor Cristaldo, que proviene de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y que lo dirige desde su creación.

CAPECO, CAP, APS y otras cuatro organizaciones de empresarios del agro son, además, creadores del Instituto de Biotecnología Agrícola, que desarrolla productos derivados de la biotecnología agropecuaria y promueve las prácticas tecnológicas en la explotación de la tierra (INBIO, 2022).

Es decir, además de obtener la membresía en una organización colectiva empresaria,¹⁵ Vicentin Paraguay consiguió también el ingreso a diversos espacios de poder y de protección ante posibles interferencias del Estado en su perfil productivo y financiero.

El poder del líder: articulación con personalidades fuertes del empresariado local

La segunda estrategia que desplegó VPSA fue de orden administrativo e incluyó la selección de un representante legal, que funcionase como apoderado o presidente de la sucursal paraguaya de Vicentin.

Hasta el año 2019, VPSA tuvo como apoderado al mismo José Berea quien, además de empresario (propietario de Produpar) y de prestarle servicios a la misma Vicentin, fue el presidente de CAPECO en el mismo período, hasta su reemplazo en junio de 2020 por César Jure.

Fligstein (1987) sostiene que la elección del presidente de una organización empresarial es fundamental para indicar quién controla y cuáles son las bases de su control. Es, en sus palabras, “una decisión simbólica que afirma la estrategia y estructura organizacional y las contingencias del entorno” (Fligstein, 1987, p. 44; traducción propia). Si bien el autor se refiere al derrotero de las corporaciones estadounidenses entre 1919 y 1979 en su elección de liderazgo, hacemos suyas sus reflexiones para el caso de José Berea, cuya selección fue estratégica.

Además, Berea no sólo fue presidente de VPSA y CAPECO, sino que también es un actor económico argentino que desarrolla su actividad en Paraguay desde hace muchas décadas y que mantiene también una fluida conexión con el empresariado nacional de ambos lados de la frontera.

En este sentido, podemos afirmar con Beltrán (2011) que la acción empresarial no estuvo sólo asociada a los intereses materiales sino también al contexto determinado en el que se desplegó y se organizó la acción empresaria de Vicentin Paraguay.

Perder de vista el escenario paraguayo, su especificidad local y la importante de los actores empresarios, políticos y corporativos en el que VPSA se desarrolló hubiera aparejado consecuencias negativas o incluso la imposibilidad de integración exitosa en la constelación socioeconómica paraguaya.

Todo agente económico busca disminuir la incertidumbre que le genera desconocer las relaciones, la aceptación o rechazo de otros actores, y las complejidades de los factores que intervienen en su inversión (Nemiña, 2017). Si, siguiendo a Beckert (2017), la intersubjetividad y la creatividad son formas de encauzar la incertidumbre y precondición de la economía capitalista, podríamos indicar que las dos estrategias políticas utilizadas por VPSA funcionaron de manera exitosa para darle a la empresa un espacio social más seguro en el desarrollo de su actividad económica.

El poder del conocimiento: lo legal y lo ilegal a ambos lados de la frontera

Las élites empresariales poseen un amplio conocimiento y articulación en cuanto al marco legislativo, legal y judicial de sus actividades en los diferentes países del Cono Sur, lo que les permite organizar de manera más efectiva sus relaciones comerciales, pero también identificar los espacios grises y las grietas jurídicas en las que filtrar acciones legales, ilegales o de dudosa legalidad. Esto también fue puesto en juego por Vicentin, con lo que logró al mismo tiempo dos beneficios específicos: el de la baja tributación en cada país según el tipo de producción que realizaba y el del conocimiento pormenorizado de las formas de evadir el cumplimiento de ambos conjuntos nacionales de leyes.

En contrapartida, los Estados no cuentan con estructuras conjuntas tributarias y de control, como tampoco están apropiadamente complementados sus sistemas tributarios, legales y financieros. Los intentos de trabajo conjunto son ineficientes, escasos y, además, muy asociados a los perfiles (más o menos compatibles) de los gobiernos. Esto fue confirmado por Moyano (2022, entrevista personal), quien documentó esta descoordinación y las ventajas que le proveyó a la empresa.

Al ser consultado sobre las formas de comercialización de Vicentin Paraguay, incluso cuando la información de la quiebra de la casa argentina y del potencial fraude habían alcanzado conocimiento público, César Jure (2022, entrevista personal, resaltado propio) respondió:

“Con Argentina hay un régimen de admisión temporario, que no es solamente Vicentin: todas las industrias que están allá, en Rosario y en toda esta línea de frente industrial —que es el mayor polo industrial que hay en el mundo ahora—, todas las industrias, por la ley de Argentina, pueden hacer la admisión temporaria, incorporar, procesar y exportar. No es que reexportan grano bajo una figura fiscal diferente, sino que importan, procesan, rinden cuentas al fisco solamente de la parte de Argentina que compraron, la parte paraguaya que compraron. Y bueno: suma dos más dos, va a dar cuatro, ¿verdad? Supongo”

La idea que subyace es que aquellas actividades que puedan haber sido ilegales lo fueron en función de una mala intervención del Estado (argentino o paraguayo), dado que, según los representantes, la empresa se ceñía a los marcos legales de cada país en particular. En todo caso, como insistió Jure (2022, entrevista personal), el problema es la poca coordinación entre países.

Consultado sobre la misma cuestión, el expresidente de VPSA, Berea (2022, entrevista personal), sostuvo que

“las actividades que tuvo Vicentin Paraguay fueron totalmente legales; fueron exportaciones durante más de una década, que se hicieron, y no hay nada de lo que se dice por ahí o se pretendió acusar. Yo creo que por eso también acá, hasta donde yo sé por lo menos, yo ya estoy desvinculado, pero hasta donde yo sé no hay absolutamente nada contra Vicentin Paraguay. (…) Acá se trabajó siempre dentro de los parámetros de todos los negocios legales, todos los negocios claros. Vicentin Paraguay proveía de soja, que originaba acá, de distintos clientes; se la proveía a su fábrica o a su accionista principal en Argentina. (…) Todo en orden y ajustado a leyes”.

Sin embargo, como denunciaron Claudio Lozano (2020), el Director del Banco de la Nación Argentina (institución que en la gestión anterior había actuado como facilitadora del endeudamiento de Vicentin SAIC); Mariano Moyano (2022, entrevista personal), abogado defensor de acreedores paraguayos ante Vicentin; y todos los trabajos académicos anteriormente citados, las irregularidades eran varias y, mientras la cantidad de soja declarada como paraguaya, la recaudación de VPSA y la tributación de diez años no coincidían con el seguimiento de activos ni con las declaraciones realizadas ante la aduana paraguaya, tampoco quedaban esclarecidas las ventas internas de todo el grupo, las asociaciones con otras firmas (como Renova y Glencore) para hacer divisiones y reventas, y la imbricación de un entramado comercial de muy complejo rastreo. Como resumió Moyano (2022, entrevista personal): “Algunas de esas ventas no le correspondían al Estado argentino, debería haberlas cobrado el Estado paraguayo, pero no se cobró en ningún lado. Ningún Estado tenía registro ni reclamo”.

Mariano Moyano presentó las denuncias en contra de Vicentin Paraguay —y por extensión, en contra de las maniobras evasivas e ilegales que le adjudicó al grupo económico total— ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de la justicia argentina (se derivó luego a Casación,) y ante la unidad de Delitos Económicos Complejos dentro del sistema judicial paraguayo. Al momento de la entrevista, a finales de 2022, no había obtenido ninguna respuesta y se desconocía si se habían derivado investigaciones a raíz de sus acusaciones.¹⁶

El 30 de junio de 2020, cuando la denuncia llegó al Ministerio Público, la bancada del Frente Guasú (Jorge Querey, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Sixto Pereira y Fulgencio Rodríguez) de la Cámara de Senadores de Paraguay elevó una solicitud al pleno para que requiriese información a Vicentin Paraguay SA respecto de sus actividades, argumentando que en la denuncia presentada ante el Ministerio Público se catalogaba a VPSA “como sospechoso de la perpetración de hechos punibles atendiendo su condición de no poseer fábricas, oficinas, tener muy pocos empleados y aun así ser el segundo importador más importante del país en el rubro de soja y sus derivados”. El Senado aprobó la petición y pidió información de la firma entre 2015 y 2020 (Resolución 1475/2020).

Unos días después, el que era para entonces el apoderado y reemplazo de Berea, José Gianneschi,¹⁷ envió la información solicitada. Sin embargo, aclaró que lo hacía sólo por la política de Vicentin de total transparencia hacia las autoridades, pero que “no se advierte que una empresa privada sea objeto de la facultad concedida en este caso a la Cámara de Senadores” de solicitar informes, según el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación por ley 5453/15. Además, agregó que “la información solicitada forma parte del patrimonio documental que según el artículo 36 de la Constitución Nacional es inviolable y entre las excepciones a tal inviolabilidad tampoco se encuentra pedidos de informes del Congreso o sus cámaras”.

En septiembre de ese año, la misma bancada solicitó al Senado que convocara al Ministerio de Hacienda para brindar información sobre la empresa, su crédito fiscal y el pago de impuestos específicos (IRACIS) en 2015, 2017 y 2019 (Resolución 1661/2020 del Senado). El pleno hizo lugar al pedido, y el 3 de diciembre, tras una reiteración de solicitud en noviembre, la Secretaría de Estado de Tributación (SET) informó los pocos impuestos que la empresa había pagado y la devolución de la que había sido beneficiada a través de “crédito fiscal” por retorno al exportador (₲11.765.822.988, aprox. USD 1.856.686 en 2015; y ₲26.096.141.334, aproximadamente USD 3.610.423, en 2019), con lo que la SET dejaba en claro que Vicentin tenía derecho a pedir la devolución de los impuestos.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos afirmado que las estrategias económicas y comerciales del Grupo Vicentin y su decisión de abrir filiales en otros países se vieron complementadas, en el caso paraguayo, con tres estrategias más de gran relevancia: la selección del representante legal en el país, la incorporación de la firma en la asociación empresarial de su rama y la garantía de un profundo conocimiento de los programas específicos, los regímenes de excepcionalidad y la legislación vigente (sobre todo, tributaria) de ambos lados de la frontera.

Al ser Paraguay un Estado cuya carga impositiva sobre la soja es muy baja (misma tendencia que siguen los demás impuestos nacionales), y al tener la Argentina un régimen que beneficia cierta incorporación industrial a los productos primarios, la firma vio en esa combinación un espacio privilegiado en el que incorporar sus actividades.

En contrapartida, el bajo control estatal sobre la rigurosidad y la legalidad, sobre las declaraciones de las exportaciones e importaciones tanto en Paraguay como en la Argentina, y sobre la evasión abierta de impuestos permitieron la expansión de actividades productivas, comerciales y financieras, tanto legales como ilegales.

La articulación evidenciada de grupos económicos, facilitadores, empresarios y gremios productivos no es contrarrestada por las relaciones de igual calidad entre los Estados. Incluso, se demuestra en que las causas legales contra Vicentin SAIC, en la Argentina, y Vicentin Paraguay, en Paraguay, no se encuentran conectadas judicialmente, sino por la insistente intervención de actores personales, como el abogado Moyano, el exdirector del Banco Nación argentino, Claudio Lozano, y algunos legisladores, como el senador Querey y su bancada desde Asunción con algunos diputados de la provincia de Santa Fe en la Argentina.

Este entramado conflictivo y poco articulado de los Estados entre sí, se complejiza con otro problema de coordinación que remite a las diferentes estructuras dentro de los mismos Estados, como el caso de los pedidos del Congreso paraguayo que fueron desatendidos por los ministerios o de la justicia dentro del mismo país. Esto construyó verdaderas zonas grises, demoras y dilaciones, que garantizaron al grupo el desarrollo de sus actividades, incluso aquellas de disputada legalidad.

Por parte del grupo Vicentin, la estrategia de conocer las prácticas empresariales, económicas e impositivas de Paraguay permitió construir un actor de relevancia (VPSA) que no ingresó a un mercado vacío, sino que supo aliarse a los gremios más importantes y consolidar la presidencia de un hombre muy inserto en esos gremios y con reconocimiento de liderazgo dentro de los traders.

De esta forma, la creación, existencia y permanencia de VPSA responden a una decisión expansiva del grupo (económica en primera instancia, con fines de diversificación y de alteraciones en su estructura, firma y propiedad), pero se asentaron sobre las bases de conocer a las élites locales paraguayas e incentivar una conexión con ellas, para garantizar conocimiento local experto y facilidad en el desarrollo de las actividades comerciales (tanto dentro como fuera del marco legal existente). Aquello que puede ser entendido meramente como una decisión únicamente económica es, en realidad, un conjunto de estrategias políticas, sociales, culturales y económicas que incluye actores externos, internacionales y multiposicionados.

Sopesar la eficacia de las decisiones tomadas y revisar el futuro de la firma y su desarrollo en los diferentes países, sobre todo a partir de la quiebra declarada en la Argentina, y de la irrupción de Glencore en Paraguay, constituyen interrogantes que deben ser abordados en futuros trabajos. Asimismo, sería deseable indagar en las formas comerciales y el modelo de negocios adoptados por Vicentin SAIC de manera comparativa entre Paraguay y Uruguay.

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Jure, C. (2022). Entrevista personal presencial, 2 de agosto de 2022. Paraguay.

Lozano, Claudio (2020). Primer Informe sobre la Situación de la Firma VICENTIN. Banco de la Nación Argentina. Buenos Aires, Argentina.

Moyano, M. (2022). Entrevista personal online, 14 de septiembre. Paraguay.

Querey, Jorge (2022). Cuenta oficial de Twitter. 21 de septiembre de 2020.

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Última Hora (2020, 7 de julio). Senador investiga si Vicentin estafó con devolución de IVA. https://lc.cx/mlnfbx

Última Hora (2020, 19 de junio). Vicentin está suspendida como socia de Capeco. https://lc.cx/1DD_hY

Última Hora (2020, 10 de junio). Caso Vicentin afecta a filial exportadora. https://lc.cx/5AVSZd

Última Hora (2020, 7 de mayo). Acreedores denuncian a exportadora de soja por supuesto lavado de activos. https://lc.cx/KCuc_S

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Notas

Recepción: 04 Junio 2023

Aprobación: 17 Noviembre 2023

Publicación: 01 Diciembre 2023

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional