La presente investigación forma parte de una trilogía que su autor, Sergio Valerio, ha construido por casi veinte años, cuando publicó en 2003 su Historia rural jalisciense, el cual ofrece una visión general desde la historia económica y tecnológica que transformó el campo jalisciense (México). En 2012 profundizaría sobre la hacienda de Bellavista con el libro Entre lo dulce y lo salado, que marca un antecedente directo al presente libro. Su título podría considerarse como “provocador”, dicho en el buen sentido, puesto que revisa y cuestiona un conjunto de supuestos historiográficos que quizá todavía se mantienen, al menos en la historiografía del Jalisco rural: esto es, el hecho de comprender esa historia sin la trama del despojo.

El estudio de Sergio Valerio demuestra una copiosa información documental que ha logrado intercalar sobre diferentes archivos tanto a nivel federal, estatal y municipal, integrando expedientes del Registro Agrario Nacional, del Archivo General de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, y del Archivo Histórico del Estado de Jalisco, de la Real Audiencia de Guadalajara y de la Arquidiócesis de Guadalajara, por el otro.

Además, Santa Ana Acatlán puede reconocerse como una investigación que pone a discusión la trama de la historiografía de los pueblos indios, particularmente sobre la que se conoce en el caso de Jalisco, la cual, sin temor a equivocarme, adolece de un debate historiográfico y revisionista, presente en este nuevo libro. Como lo menciona en sus primeros capítulos, la historiografía del campo mexicano generalmente ha sido pensada en base a ideologías y esencialismos que, de tanto repetirse, ya pocos se detienen a discutir los conceptos que integran tal narrativa. Como se indica en el libro, la historia agraria ha pasado por distintos momentos y generaciones de investigadores, quienes desde un comienzo instalaron tales ideologías ancladas, en un primer momento, en la historiografía posrevolucionaria; es decir, en una historia que por un lado legitimaba la ideología del nuevo régimen y, por el otro, sepultaba y criticaba el régimen anterior, el porfiriano, a través de la “leyenda negra”. Tales ideologías se recrudecieron bajo una siguiente generación de historiadores que, volcados y formados en una tradición marxista, acudieron al estudio de las rebeliones campesinas e indígenas bajo cierta dosis de militancia y empatía, en donde los hacendados y terratenientes se volcaron como los actores antagónicos de la historia agraria, mientas que los pueblos y comunidades indígenas se concebían como los receptores de los abusos aplicados por aquellos, como fue la idea del despojo. El revisionismo de los últimos años advierte que ya no es del todo conveniente pensar la historia del campo mexicano bajo la idea polarizada de tales entes sociales, sino en encontrar las tonalidades grises de esas relaciones; incluso, para pensar en una nueva variedad de actores sociales que se involucraron e intermediaron en tales procesos: autoridades políticas locales, funcionarios estatales y federales, agrimensores, ingenieros, procuradores, etcétera (Buve, 1998).

El trabajo que hoy nos ofrece Sergio Valerio se articula con los recientes estudios de Bernardo García Martínez, Emilio Kouri, Antonio Escobar, Romana Falcón, Daniela Marino, Raymond Buve, entre otros, quienes han hecho lo propio para otras regiones del país, como el centro, el Golfo y el Itsmo, cuestionando los procesos de desamortización e individualización de tierras durante el siglo XIX. Estudios con semejante complejidad difícilmente podemos encontrar para el caso de Jalisco, una región en donde los estudios agrarios e históricos son poco atendidos, debido quizá al poco peso que tuvieron las comunidades indígenas en el Occidente mexicano y a su integración (quizá más temprana) a la economía capitalista y a la cultura mestiza, caracterizada por la región concéntrica que ocupó Guadalajara.

Por principio, en los primeros dos capítulos, Sergio Valerio propone una historia de los conceptos, sobre todo para argumentar el hecho de que en regiones como Santa Ana Acatlán no pudo haber existido un despojo en el sentido estricto de su significado que, de acuerdo con la ley, era el acto violento por el cual alguien era privado de un derecho, una cosa mueble o raíz que poseía. En efecto, y como lo advierte desde un comienzo Valerio, en Santa Ana Acatlán el proceso de individualización de tierras se presentó desde finales del siglo XVIII y se acentuó en las primeras décadas del siglo XIX, precisamente cuando tuvieron lugar las primeras desamortizaciones a nivel local, sobre todo por iniciativa de los ayuntamientos. En el mismo caso está el concepto de fundo legal, que por interpretaciones dadas entre los siglos XVIII y XIX se definió como la fracción de territorio a la cual tenían derecho las poblaciones; pero, en esencia, tal idea venía desde el siglo XVI, por iniciativa del marqués de Falces, para advertir que esas extensiones de tierra serían un “área de protección” que ni hacendados ni poblaciones vecinas debían poseer, y que su uso se limitaría “para vivir y sembrar”, y así garantizar la subsistencia de los indios. Desde finales del siglo XVIII esa confusión dio inicio con la creación de variedad de pueblos y, por consiguiente, del surgimiento de conflictos entre esos nuevos pueblos con los ya existentes, al igual que con propietarios y estancieros. Lo mismo sucedería con la idea del ejido, entendido para el periodo colonial y el que posteriormente se definió para la etapa posrevolucionaria.

Sobre estas confusiones, no solo pudo haber caído la política agraria de los siglos XIX y XX, sino además la historiografía que se ha dedicado a narrar esa trama de conflictos. En el caso particular de Jalisco, la historiografía local adoptó tales supuestos en un contexto, como lo fue la historiografía marxista de los años setenta y ochenta, en que variedad de académicos anunciaban que la mayoría de las rebeliones y movilizaciones indígenas del pasado habían sido provocadas por el despojo de sus tierras por parte de grandes terratenientes. Lo cierto era que no se podía hablar de despojo, pues las comunidades no tenían dominio directo sobre las tierras que utilizaban para vivir y sembrar, solo tenían dominio útil.

Como materia del tercer capítulo, Valerio nos ofrece un reconocimiento del terreno y de los primeros asentamiento de Santa Ana Acatlán; un relato que, cabe decir, nos ayuda a imaginar el paisaje y el entorno natural de la región, y que de igual manera se puede leer como una historia ambiental y del agua de Acatlán, aspectos ahora necesarios para comprender mejor las historias agrarias, pues si miramos aquella historiografía agraria de hace cuatro o cinco décadas, pocas veces se da importancia de los recursos hídricos que eran y son indispensables para la tierra.

El capítulo además nos presenta los primeros conflictos por la tierra de los que se tiene registro en Acatlán, los cuales se hicieron evidentes en un cúmulo de casos presentados en 1824, en donde indígenas reclamaban a ciertos propietarios los derechos sobre distintas tierras. Desde este momento ya se aprecia la constante que sostiene Valerio, pues la mayoría de las tierras que se reclamaban fueron adquiridas de forma legal y a través de compraventa desde años atrás a otros indios, lo que habla también de la heterogeneidad y diferencias internas que generalmente existieron en las comunidades indígenas. Así, podemos reconocer que, desde finales del siglo XVIII hasta después de la desamortización de 1857, en Acatlán no se verificó un conflicto sobre despojo de tierras, sino que más bien se luchaba y reclamaba por la falta de agua ante el incremento de la población y al acaparamiento que hacían algunos propietarios del agua dulce. Aunque Acatlán era un entorno que contaba con importantes ojos lacustres, estos eran salitrosos al grado de modificar su calidad y volver, en el mejor de los casos, a la localidad en un importante productor de sal.

Como tema de los capítulos cuarto y quinto encontramos a las familias que ocuparon desde el periodo colonial el terreno, y que con el tiempo se instalaron allende el fundo legal de Santa Ana Acatlán. Dentro de ellas son de particular interés las que se hicieron presentes a lo largo del siglo XIX y XX, dado que les tocó hacer frente a los conflictos que las comunidades indígenas elevaron ante los gobiernos estatal y federal cuando se puso en marcha la reforma agraria de 1915. Ante la avanzada agrarista, estas familias trataron de mantener la propiedad mediante diversas estrategias, como fue la compraventa entre integrantes de la familia para evitar la afectación. Un recurso más que tuvieron a su alcance fueron los amparos contra la resolución presidencial de 1920. Esto no quería decir que en Acatlán los vecinos que reclamaron tierras lo hicieran por conducto de la restitución (es decir, como respuesta a un despojo previo), sino que eran conscientes de que no había tierras que reclamar; por tanto, solicitaron a la Comisión Nacional Agraria dotación de tierras para sobrevivir. En vista de que no había tierras para acceder a tal petición, el gobierno resolvió con la expropiación de tierras a particulares.

A partir de este momento la historia agraria de Santa Ana Acatlán (hoy Acatlán de Juárez) se prolonga y adquiere nuevas dimensiones. En primer lugar, porque intervienen nuevos actores sociales, tales como ingenieros, delegados federales, representantes ejidales, abogados, representantes legales, etc. Esto vuelve todavía más compleja la trama de esta historia y la de cualquier otro pueblo que haya pasado por la misma circunstancia. Tal parecía que la reforma agraria venía a romper una armonía que existía entre jornales, peones, rancheros y hacendados, en donde estos últimos garantizaban el trabajo, el sustento y el bienestar a los primeros. No existían razones para que esas familias reclamaran tierras, pues existía un paternalismo como el que defendían los propietarios de Bellavista y el Plan, a través de su representante Jesús Camarena. Pretender la dotación era una contradicción, pues era ir contra la industria azucarera, era ir contra sí mismos.

En la última parte del libro, Valerio nos lleva todavía a los efectos de las adiciones que se hicieron a la ley de 1915, pues bajo resolución presidencial de 1927 y 1929, las poblaciones de haciendas o caseríos también tuvieron derecho para reclamar tierras. A diferencia de como se ha observado en otras regiones del centro de país, la dotación o restitución de tierras entre pobladores de hacienda tuvo una respuesta inmediata en Acatlán, lo que dejaba entrever que no existía del todo una armonía paternalista entre los hacendados y sus trabajadores. Sin embargo, la historia agraria de Acatlán y de Jalisco se vuelve todavía más compleja, pues los ejidatarios toman mayor control sobre su región, a tal grado que entretejen conflictos con otros ejidos por la calidad y extensión de las tierras. Es una historia que rebasa la temporalidad inscrita en el presente libro, puesto que los ejidatarios no solamente se confrontaron con otros ejidos, sino que internamente tendieron a fracturarse y a dividir intereses, a emprender compraventas por debajo de la ley hasta que en 1992 prácticamente se declaró su extinción como sistema de propiedad.

La propuesta del presente libro no pretende que nos volquemos al otro extremo; es decir, de negar el despojo, puesto que esto sería tanto como reprimir nuestra preocupación contante por una justicia social. Más bien se trata, como bien dice su autor, de documentar el despojo donde éste realmente se presentó; y al hacerlo, poner cuidado en los conceptos que utilizamos. Santa Ana Acatlán. De la desamortización a la dotación de tierras. Una historia sin despojos es una importante obra revisionista que le hace mucha falta a la historiografía agraria de Jalisco. Considero que, entre más investigaciones locales se acumulen sobre esta región, estaremos en condiciones incluso de modificar la trama de la historiografía agraria mexicana.