Comunicaciones

Participación femenina en el sector agropecuario en Sudamérica en las dos últimas décadas

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lidera esfuerzos y trabaja con sus aliados para combatir el hambre a nivel mundial, y destaca que, a pesar de las dificultades y restricciones sociales, políticas y económicas que la mujer debe enfrentar, es de destacar la importancia de su rol en los procesos agrícolas (Uyttewa, 2015).

La FAO afirma que las mujeres son “un recurso crítico en la agricultura y la economía rural”. Sin embargo, es una realidad que las condiciones sociales y las decisiones políticas en muchas de las naciones de Sudamérica las han puesto en desventaja, pues no sólo por tradición asumen un alto porcentaje del trabajo doméstico no remunerado, sino que, además, por su mano de obra en las labores del campo reciben ingresos menores a los que se asignan a los hombres. Todo esto se suma a las restricciones que tienen para acceder a la tierra, a la tecnología y al apoyo gubernamental, sin contar que son más vulnerables a la inseguridad alimentaria (Uyttewa, 2015).

El sector agrícola desempeña un rol muy importante en la economía mundial. Su papel es protagónico tanto en la generación de empleo como en la contribución de los ingresos y la renta de las naciones; de ahí que sea fundamental fortalecer la capacitación y el desarrollo del recurso humano (Harlianingtyas et al, 2021).

No obstante, y aunque los diferentes gobiernos tienen en claro que se necesita incrementar la capacidad y la presencia de la mujer en el sector, esta tarea no se ha adelantado de manera adecuada, al punto que su participación en los programas formativos para fortalecer el conocimiento en estos temas sigue siendo reducida, y los esfuerzos para facilitarles el ingreso no son los esperados, aun cuando es innegable la importancia de su rol en este sector de la economía (Hutajulu, 2015). Este ha sido un tema tratado en muchos ámbitos, al punto que en los frentes en los que se impulsa la igualdad de género se han dado los espacios políticos y gremiales para que la mujer participe de mejor forma, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, en los diversos sectores de la economía mundial (Harlianingtyas et al, 2021).

El estudio realizado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM, 2020) destaca la importancia de las mujeres en labores relacionadas con el sostenimiento de la agricultura. Sin embargo, la poca valoración que se les da por su labor agrícola hace que tengan poca o casi ninguna participación en la toma de decisiones y en el liderazgo de los procesos relacionados con esta tarea, y menos aún en la ejecución de los programas agrarios y sistemas productivos. A esto se suma, lo que va en contra de sus derechos en todos los frentes, que no cuentan con las facilidades suficientes para acceder a programas de crédito, mercados y otros beneficios que deben propender por su bienestar y dignidad, como los servicios de salud, educación, justicia, vivienda y saneamiento (Dorrego-Carlón, 2015).

Como resultado de la división social entre géneros que se ha dado tradicionalmente en el trabajo rural, se ha excluido a las mujeres de oportunidades para acceder a algunas actividades relacionadas con la agricultura, como es el caso del manejo de maquinarias agrícolas o, incluso, de coordinar entidades productivas (Benítez-Fernández et al, 2021). Adicionalmente, y como parte de las responsabilidades asignadas tradicionalmente a las mujeres del campo, no sólo están al cuidado de los miembros del grupo familiar, sino también en la ejecución día a día de tareas domésticas, como la limpieza del hogar, cocinar para todos los integrantes de la familia, recoger agua potable, cuidar los animales y realizar labores propias del campo. Pese a ello, poco se reconoce la trascendental e importante contribución de la mujer campesina en su labor en oficios domésticos, un trabajo que la mayoría de las veces no es remunerado (Zahra et al, 2022).

Debido a la tendencia de que los hombres abandonan el campo para migrar a las grandes ciudades con el fin de encontrar mejores oportunidades económicas (Biermayr-Jenzano y Paz, 2020), se ha venido dando en la región un proceso de feminización de la agricultura que en parte se presenta también como una tendencia laboral. Tanto es así que se calcula que hoy en día viven en las áreas rurales unos 59 millones de mujeres, lo que representa el 48 % del total de la población rural en Latinoamérica (Biermayr-Jenzano y Paz, 2020). Esta tendencia genera, entonces, una sobrecarga laboral entre las mujeres que, adicionalmente y ante su tradicional compromiso con la llamada economía del “cuidado”, además de formar parte de actividades comunitarias, deben asumir el cuidado de los niños y ancianos (Biermayr-Jenzano y Paz, 2020).

Es innegable que, para comprender los escenarios y el futuro que les depara a los productores de alimentos de la canasta básica, es fundamental analizar la dinámica del sector agrícola en el marco de la perspectiva de género (Tito-Velarde, 2021). Este no es un tema reciente, pues han sido varios los estudios en los que se destacan el papel y los aportes que han hecho las mujeres para propiciar el desarrollo de los sistemas agropecuarios (Tito-Velarde, 2021). En este sentido, la investigación realizada por Kleysen (1996) sobre la participación femenina en este sector se centra en el grupo de mujeres que integran pequeñas unidades de producción agropecuaria de América del Sur relacionadas con la agricultura familiar. Gracias al proceso investigativo, las encuestas y los censos, se concluye que las mujeres participan activamente en el proceso productivo, sin dejar de realizar el trabajo doméstico. Aún más: en sus conclusiones afirma que del trabajo de las mujeres depende en buena medida la permanencia de las unidades productivas (Kleysen, 1996).

En parte, la política económica influye en el empoderamiento o no de las mujeres rurales, pues son políticas que de alguna manera han dado origen al cambio estructural frente a los fenómenos de exclusión social. Por ello, se tiene claro por parte de los entes estatales que, para asegurar un mejor futuro y bienestar para las mujeres, lo primero que debe hacerse es facilitarles el acceso a los programas de enseñanza, preparación para la actividad laboral y atención en salud por parte del Estado. Para lograr que la mujer rural tenga acceso fácil y amplio a canales de crédito, es prioritario que el Estado fomente el apoyo a los diferentes proyectos de emprendimiento de la mujer campesina, con el fin de que tenga autonomía económica (Botello-Peñaloza y Guerrero-Rincón, 2017).

Actualmente se destaca el rol que desempeñan las mujeres rurales en procura del desarrollo agro-productivo, de ahí que este sea un tema de prioridad para la implementación de políticas sociales. En este orden de ideas y gracias al influjo de un nuevo modelo de desarrollo humano y sostenible, en estas regiones se viene impulsando el trabajo con enfoque de equidad de género en procura de incentivar nuevas oportunidades (Casanova-Rodríguez y Ferriol-Morales, 2018).

La percepción actual de la realidad, en la que destacados estudios de género sobre el liderazgo de la mujer en actividades relacionadas con el agro, y sobre el papel de la mujer en la sociedad, entre otros, han permitido sembrar conciencia sobre la importancia de enfocar el trabajo hacia las mujeres, y de manera muy especial las que se dedican a las labores del campo, ha llevado a que hoy se tengan presentes e impulsen políticas públicas orientadas a estimular su liderazgo en el desarrollo rural de la región, como garantía que permita asegurar la sostenibilidad social y seguridad alimentaria en esta población (ONU, 2012).

De acuerdo con el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de las Naciones Unidas (DASENU, 2008), a nivel global y en todas las naciones, sin importar su avance económico, el papel de las mujeres en el campo es cada vez más protagónico para el impulso de la economía rural. De ahí que sea una prioridad analizar en detalle el rol que cumplen no sólo en sus entornos familiares y comunitarios, sino también su alcance y participación en la toma de decisiones, en el acceso y control de los recursos y en la distribución equitativa del trabajo.

Una manera de estimular el desarrollo de las mujeres en estas labores es impulsando programas en los que se aprovechan productos autóctonos que, aunque poco se comercializan, les permiten a las mujeres involucrarse como productoras de alimentos. En este sentido, y gracias al apoyo de la FAO, el gobierno de Bolivia implementó un esquema agroalimentario y de producción familiar en torno a la producción de camélidos y de quinua (Biermayr-Jenzano y Paz, 2020).

Para asegurar el éxito de este programa, se ofrece de manera específica capacitación en gestión de la salud, nutrición básica y procesamiento de alimentos a nivel nacional. De manera paralela, el programa estuvo acompañado de alternativas para acceder a planes de crédito para las mujeres que tienen un rol productivo en el sector, lo que incidió positivamente en los programas de alimentación escolar, pues facilitó a los grupos de madres organizadas en varios municipios la comercialización en los mercados locales de los excedentes de quinua que no se exportaba y que inicialmente se asociaba con pérdidas de este producto (Biermayr-Jenzano y Paz, 2020).

El objetivo de la presente investigación consistió en describir estadísticamente la participación femenina en el sector agropecuario en Sudamérica en las últimas dos décadas.

Metodología

El proceso investigativo se clasifica en estadístico descriptivo comparativo de tipo multidimensional. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de mujeres propietarias de tierras agrícolas, proporción de mujeres empleadas en el sector rural, proporción de mujeres empleadas que trabajan en la agricultura frente al PIB per cápita, índice femenino de pobreza extrema según área geográfica, años de estudio de la población rural de 15 a 24 años del sector rural. La información fue recopilada de la Cepal (2023), Banco Mundial (2023), Our World in Data (2023), Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023) y Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023).

El análisis estadístico de la información se basó en la técnica multivariada MANOVA, técnica que permite comparar de manera simultánea todas las variables objeto de estudio, incorporando para ello el Modelo Lineal General con contraste canónico ortogonal (permite establecer donde se encuentra la divergencia estadística entre naciones) y análisis de correlación de Spearman (permite detectar la asociación entre naciones). Se empleó el paquete estadístico SAS University.

Resultados

En la mayoría de los países, la propiedad de la tierra representa menos del 30 % de la propiedad total. Sin embargo, esto presenta variaciones significativas en todo el mundo, sin un patrón continental estricto. En Sudamérica, las naciones en que las mujeres poseen mayor propiedad de la tierra rural son Chile y Perú, seguido de Ecuador. Cabe anotar que las mujeres pueden cumplir funciones de agricultoras o ser propietarias de tierra que después pueden arrendar a otras personas para producir la tierra que ellas poseen (ver Figura 1).

La participación de ocupación laboral de las mujeres en el sector rural en Sudamérica se describe en la Tabla 1, en la que se observa que Bolivia, Ecuador, Perú poseen el mayor porcentaje de mujeres ocupadas en las diferentes actividades agrícolas en el sector rural. Brasil pasó del 70 % en el año 2000 al 37 % en el año 2020. Colombia ha incrementado la ocupación de la mujer en diferentes actividades agrícolas a lo largo del tiempo.

La pobreza es un fenómeno multidimensional en sus causas, manifestaciones y consecuencias. Se considera como "pobres extremos" a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así los destinaran en su totalidad a dicho fin. A su vez, se entiende como "pobreza total" la situación en la que los ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios. Un valor superior a 100 en el índice significa que ambos tipos de pobreza afectan en mayor grado a las mujeres rurales que a los hombres; un valor inferior a 100 indica lo contrario. Por lo tanto, las mujeres rurales, en general, en los diferentes países evaluados presentan mayor índice de pobreza respecto de los hombres (ver Tabla 2).

El porcentaje de años de estudio tanto a nivel primario como secundario adelantado por las mujeres rurales en Sudamérica en general supera los diez años. Chile presenta las mejores estadísticas, seguido de Ecuador y Brasil. Se detectó diferencia estadística de Chile respecto de las demás naciones del sur del continente americano (ver Tabla 3).

Al efectuar el análisis multivariado de la varianza con base en todas las variables objeto de estudio, se detectaron diferencias altamente significativas entre las naciones de Sudamérica en lo relacionado con la participación femenina en el sector agropecuario (ver Tabla 4).

El análisis de correlación permitió detectar relación significativa directamente proporcional, referida a la ocupación laboral en el sector rural, entre Bolivia con Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay. De igual manera, Colombia y Ecuador con Paraguay (ver Tabla 5).

Discusión

En la actualidad, debe ser una prioridad de los diferentes gobiernos del mundo fomentar programas de capacitación en diversas técnicas informáticas, dirigidas de manera especial a las mujeres que se encuentran vinculadas al agro (United Nations, 2020). Lo anterior, con el fin de acceder a los últimos avances tecnológicos disponibles en el sector y así potencializar su trabajo diario, lo que permitirá estimular en ellas nuevas iniciativas productivas y ampliar las actividades agroalimentarias, lo que incidirá de manera positiva en la calidad de vida (United Nations, 2020).

A pesar de que las leyes y normativas en relación con la igualdad de derechos sobre la tierra entre hombres y mujeres se promulgan e impulsan en la gran mayoría de las naciones de Sudamérica (FAO, 2017), dichas declaraciones no corresponden a la realidad y no pasan de ser normas y marcos legales que no se cumplen. En relación con la tenencia y derechos sobre la tierra, y de acuerdo con recientes estudios sobre el sector agropecuario, se puede concluir que existe desventaja para las mujeres. La brecha en relación con este tema es amplia y preocupante: se calcula que un bajo porcentaje de las tierras en el mundo son propiedad de las mujeres (FAO, 2017). Los mismos estudios señalan que también hay más posibilidades de que estas mujeres carezcan de documentos legales que avalen el derecho que ellas tienen sobre esas tierras, derecho que debe darse no sólo desde lo legal, sino también en su uso, acceso, transferencia y herencia. A pesar de que la agricultura es para las mujeres rurales una de las principales actividades económicas que propician su seguridad alimentaria, que asegura en buena medida la nutrición de los hogares y en general en el país, en promedio sólo el 16 % de ellas son las cabezas visibles de pequeñas explotaciones. A esto se suma que, ante la falta de seguridad para poseer sus tierras de manera legal, el tamaño y la calidad de sus parcelas se ven afectadas, y por tanto incide en la actividad productiva, la cual es menor que la de los hombres (FAO, 2017).

Otros factores que contribuyen a la desigualdad y generan aún mayor desventaja para las mujeres, colaborando con la poca participación laboral en diferentes actividades agrícolas, son los reducidos niveles de escolaridad que enfrentan y la necesidad que tienen, generalmente, de asumir las diferentes tareas del hogar, entre ellas el cuidado de la familia, anotando que, cuanto mayor sea el nivel de escolaridad que adquiera la mujer, más posibilidad existe de encontrar mejores oportunidades laborales. Esta situación las ubica como productoras de subsistencia, pero sin la posibilidad de decidir y participar en los ingresos de las unidades productivas (Naciones Unidas y Cepal, 2021). Esta realidad lleva a entender la alta vulnerabilidad que enfrentan en relación con las dificultades económicas. De ahí que son consideradas en la sociedad como los principales damnificados de la pobreza y de la indigencia (Botello-Peñaloza y Guerrero Rincón, 2017). A nivel general, hay patrones culturales relacionados con el machismo que propician el desequilibrio entre el trabajo masculino y el femenino, situación que además ha llevado a las mujeres rurales, con ingresos salariales o no, a estar dedicadas igualmente, día a día, a las labores del hogar (Garay-Rodríguez et al, 2022; Njuki, Kruger y Starr, 2013).

El hecho de que se perciba a las mujeres como personas fáciles de despedir, por su falta de poder de decisión y por tener a la vez menor capacidad de negociación, ha estimulado su desigualdad y su vulnerabilidad en diversos sectores económicos, aunque existe disparidad entre los del comercio y la misma agricultura (United Nations, 2020). Así, en algunas naciones se evidencia cómo las importaciones baratas obligan muchas veces al desplazamiento de mujeres que se dedican a la agricultura de subsistencia. Es una realidad que las mujeres productoras sufren restricciones comerciales y técnicas relacionadas con el género respecto de la venta de productos agrícolas y del acceso a préstamos bancarios, al punto de que las dificultades y requisitos técnicos que ellas enfrentan a la hora de tomar un crédito generan un impacto de género en los temas de modernización tecnológica en la agricultura que hace más fácil el acceso de los hombres a los mercados internacionales (United Nations, 2020). No obstante, al analizar el tema del comercio que, con diversas políticas y acciones se ha venido liberando a nivel mundial, y en especial en Sudamérica, se registra un beneficio para las mujeres agricultoras que pueden formar parte de él, y tener mayores oportunidades en mercados más amplios para las exportaciones, lo que propicia que, como productoras, se integren a las cadenas de suministro (United Nations, 2020).

En Colombia, las dinámicas rurales están afectadas por factores relacionados con acaparamiento de tierras, territorios y recursos naturales. De igual manera, hay grupos armados al margen de la ley que afectan principalmente a la población rural, con el Estado que no garantiza en algunas regiones la seguridad de las personas que habitan el sector rural, lo que en algunos casos genera migración de campesinos a las zonas urbanas (Beltrán-Rejas, González-Buitrago y Martínez-Montenegro, 2021). Lo anterior no se presenta en la mayoría de países del sur del continente americano, en los que no existen de manera significativa grupos paramilitares o guerrilla.

Participación actual de las mujeres en la agricultura

Pese a que se ha detectado una reducción del total de personas que a nivel general en Sudamérica se dedican a trabajar en la agricultura, el número de mujeres empleadas en este sector presenta un incremento en los últimos años. Así, como a principios de la década del noventa las mujeres representaban el 32,4 % de la fuerza laboral en el sector rural, para el año 2010 este porcentaje se incrementó al 48,7 % (Biermayr-Jenzano y Paz, 2020). No obstante, y aunque esto significa que hay mayores oportunidades de empleo para las mujeres, las características que se han planteado sobre las condiciones de estos trabajos hacen que ellas reciban salarios más bajos y tengan menos acceso a verdaderas condiciones de seguridad laboral. Esta es una realidad que se vive en países como Perú, Uruguay, Bolivia y Brasil, en los que la mano de obra de la mujer ocupa cerca del 50 % de las plazas del sector agropecuario (Biermayr-Jenzano y Paz, 2020).

Aunque las mujeres asumen en gran medida las responsabilidades del hogar, incluyendo el cuidado de los hijos, su papel es protagónico en el sector agrícola, como empresarias, jornaleras y comercializadoras, al punto de que gracias a esta labor contribuyen hasta en un 40 % al PIB agrícola a nivel mundial. De acuerdo con la FAO, a nivel mundial el aporte de las mujeres en la producción de alimentos supera el 50 %; de este porcentaje, el 80 % corresponde a la producción alimentaria de África, el 60 % a la de Asia, el 40 % a la de América del Norte y el 30 % a la de América del Sur (Osabohien et al, 2021).

Con la presencia de nuevos actores sociales (mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes) y la realidad que se ha planteado para el sector agrícola, y ante la urgencia manifiesta de buscar soluciones, la mujer rural y demás actores comenzaron a formar parte de las discusiones relacionadas con el agro. Como reflejo de esta situación, se evidencia que en la década del setenta el sector conformado por campesinos indígenas no era reconocido por los diferentes gobiernos (Mora-Guerrero, Fernandez-Darraz y Ortega-Olivetti, 2016). A fines de los ochenta se concreta un proceso que buscaba recuperar la cultura de las mujeres dedicadas a las diferentes labores agrarias, proceso que más adelante, para los años noventa, es respaldado por una notoria presencia femenina en el sector rural, que comenzó a rechazar de manera constante y creciente las posiciones del sexo masculino que se evidenciaban en el agro, anotando que por lo general es invisible y poco reconocida la labor de las mujeres en ese sector (Mora-Guerrero, Fernandez-Darraz y Ortega-Olivetti, 2016).

Durante las últimas dos décadas se ha registrado un notable cambio, no sólo desde el entorno de las comunidades rurales, sino también en las relaciones sociales que experimentan los campesinos. Esto es consecuencia directa de las novedades que, en su esencia, los diferentes sectores dedicados a las labores del campo han enfrentado en el contexto de las políticas gubernamentales establecidas por cada Estado (Bargawi, Alami y Ziada, 2021). Esta situación influye de manera desigual en las responsabilidades diarias que en el hogar tienen hombres y mujeres. Es cierto que hoy en día el trabajo de la mujer en el campo alcanza un mayor reconocimiento, especialmente porque su participación en frentes como la producción familiar ha crecido, en buena medida a raíz de los cambios estructurales que se presentan por la división entre géneros del trabajo (Westholm y Ostwald, 2020).

Los análisis y debates relacionados con el papel de la mujer en las diferentes áreas que se presentan en el agro, y el desarrollo de diversos temas asociados con el sector rural, tienen presente y de manera protagónica el rol actual de la mujer. Esto, teniendo en cuenta las diferentes actividades cotidianas que se presentan en la vida agrícola rural, que impactan en el diario vivir de los hogares campesinos y generan dificultades, de manera principal, para las mujeres vinculadas a dichas actividades agrarias (Garay-Rodríguez et al, 2022). Ante las dificultades por la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso adecuado a los bienes y servicios que debe brindar el Estado, la población rural ha desarrollado nuevas estrategias para aumentar sus ingresos en procura de mejorar su calidad de vida (Garay-Rodríguez et al, 2022). Es una realidad que, especialmente en las zonas del campo de la mayoría de los países con ingresos bajos y medios, las principales víctimas de la pobreza son las mujeres, consecuencia directa de la división laboral implementada (Wang y Zhang, 2022).

Los sectores feministas (radical, socialista, de igualdad, comunitario y liberal) que defienden el rol protagónico de la mujer han venido denunciando la situación de subordinación a la que es sometida la mujer, situación que desde los diferentes sectores y puntos de vista se entiende como una inequidad histórica que tiene su raíz en la desigualdad entre géneros que ha predominado en todas las sociedades. Esto significa que son las sociedades patriarcales las que en general establecen los hilos de poder, en las que tradicionalmente las mujeres han tenido una condición de subalternidad (Mora-Guerrero, Fernandez-Darraz y Ortega-Olivetti, 2016).

El desarrollo inclusivo y sostenible debe garantizar los derechos de las mujeres rurales, resaltando para ello la importancia de su rol como protagonistas claves en el desarrollo, y reconociendo sin pormenorizar ningún detalle el valor económico de su trabajo remunerado y no remunerado. Así lo plantea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (ONU, 2012).

Lograr la igualdad de condiciones entre géneros en relación con aspectos laborales, educativos, acceso a la salud, vivienda en el campo exige acciones diferenciadas de protección para combatir la histórica y estructural discriminación que las mujeres rurales han enfrentado. Por ello, como lo replica el Comité-CEDAW, los Estados no deben escatimar esfuerzos para adoptar leyes, políticas, normativas, programas, procedimientos administrativos y estructuras institucionales eficaces que aseguren la formación y el desarrollo de las mujeres en el campo como un camino para garantizarles igualdad de condiciones con los hombres, y el verdadero ejercicio y disfrute de los derechos humanos (ONU, 2016). Un estudio referente a la sostenibilidad de las mujeres en el sector agrícola en Bolivia, permitió evidenciar que las políticas y medidas que enfrentan las comunidades campesinas son el mejor reflejo de la discriminación que se tiene de la mujer campesina, cuyo rol se desconoce en el desarrollo de la economía de la nación (Dorrego-Carlón, 2015).

Lograr el empoderamiento de las mujeres (mayor autonomía, reconocimiento y visibilidad de sus aportaciones) y asegurar su acceso a las garantías de otros derechos humanos, así como su participación, es un derecho político que debe ir acompañado de la permanente mejora en sus condiciones de existencia y mayores posibilidades de desarrollo. En este sentido, con el fin de propiciar una verdadera transformación del sector agrario y combatir la desigualdad de género, es necesario trabajar para reducir y acabar la desigualdad que tienen las mujeres en las posibilidades de acceso a los recursos y a la propiedad, así como terminar con su participación desigual en las organizaciones (FAO, IFAD and WFP, 2020). En la medida en que se fortalezca el liderazgo de las mujeres, se está propiciando el cambio positivo de su posición en las relaciones de poder (Benítez-Fernández et al, 2021). Las realidades que han venido enfrentando las mujeres las han llevado a plantearse y buscar una manera de luchar y defender sus intereses en sus territorios. Es lo que hoy se conoce como feminismo campesino (González Torres y Pachón-Ariza, 2022).

“Asumirse como feminista ha sido todo un proceso, pero sentíamos la necesidad de tener un nombre que nos identificara. Al comprender qué significa para todas el ser campesinas, dijimos: `Claro, es un feminismo campesino´. En otros términos, no nos veíamos identificadas con otras expresiones feministas. Desde el feminismo campesino se expresan formas de resistencia, lucha, defensa de la tierra y el territorio, defensa de las semillas, cuidado del cuerpo, un rol de cuidadoras del entorno, todo de la mano de la Soberanía Alimentaria” (Trujillo, 2017, p. 57).

Conclusiones

De acuerdo con los resultados establecidos en la presente investigación, se destaca que Chile presenta las mejores condiciones laborales para la mujer, en relación con las diferentes actividades que desempeña en el sector rural, seguido de Colombia y Ecuador. De igual manera, las mujeres chilenas tienen las mejores estadísticas relacionadas con los años de educación cursados, y se presenta divergencia estadística respecto de las demás naciones de Sudamérica. El Índice femenino de pobreza extrema y pobreza en Sudamérica permitió observar que la mujer presenta estadísticas desfavorables respecto de los hombres. En Chile, Perú, seguido de Ecuador, las mujeres poseen mayor propiedad de la tierra rural respecto de las demás naciones de Sudamérica.

Se recomienda establecer políticas que se desarrollen en torno al sector rural, que permitan tener una participación activa de las mujeres campesinas para que tomen decisiones de manera independiente, y que el rol que tradicionalmente vienen desempeñando al frente de las labores del hogar, en sus entornos familiares, sociales y económicos, se transforme realmente para que logren una mayor libertad y verdadera participación en el campo (Beltrán-Rejas, González-Buitrago y Martínez-Montenegro, 2021). En general, la consigna del Estado es que se creen políticas integrales que aseguren los derechos de las mujeres en temas fundamentales como el acceso a los recursos, garantías laborales, atención en salud y prevención de la violencia de género de la que pueden ser víctimas en su entorno (Naciones Unidas y Cepal, 2021).

Es una necesidad imperante promover programas que propicien un apoyo real a las mujeres y permitan el desarrollo de ideas e iniciativas que propendan a la diversificación de las actividades que aseguren la generación de ingresos y la prestación de nuevos servicios. El género femenino asume cerca del 43 % de la mano de obra agrícola en Sudamérica. Adicionalmente, ellas invierten hasta 10 veces más de sus ingresos en temas que propenden al bienestar de su familia en frentes como atención en salud, educación y nutrición infantil. Ante esta realidad, no se puede negar el gran impacto directo que tiene la formación adecuada de las mujeres en la productividad agrícola y en la seguridad alimentaria de los hogares. De ahí que esta problemática siga figurando, en los países cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo económico partiendo de un estado de subdesarrollo o de una economía de transición, como uno de los focos más importantes en las investigaciones para el sector agrícola (Osabohien et al, 2021).

Agradecimientos

A la Universidad de Antioquia por permitirme investigar.

Referencias

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