Dosier

Archivos, territorios y trabajos indígenas en los Departamentos de Los Lagos y Aluminé (1920-1940)

La matriz territorial en contextos post-genocidas

Estudios relativos al proyecto de formación del Estado argentino observan al avance militar-privado en la región pampeana patagónica como parte de una dinámica genocida (Delrio et al. 2018; Pérez, 2019). Nuestro trabajo parte de estos análisis que suman al avance genocida investigaciones posteriores en torno a sus consecuencias. En otras palabras, nos centramos en los contextos post-genocidas, observando conflictos y resistencias en el marco de expansión de las relaciones capitalistas de producción en relación con familias mapuche en la primera mitad del siglo XX. Sujetos que fueron y continúan siendo marcados como “otros” peligrosos y extranjeros. Sin embargo, esta violencia de origen, lejos de mantenerse estable y continua, “aparece” y “desaparece” según contextos sociopolíticos y económicos que permiten y avalan el accionar contra un grupo determinado: los indígenas.

El avance militar en las regiones de Aluminé y Los Lagos (en la cual trabajaremos) se dieron bajo los nombres de Campaña a los Andes o Expedición al Nahuel Huapí (1881-1883). Esta avanzada, dirigida por el General Villegas, se inscribe dentro de los procesos genocidas contra poblaciones indígenas en el sur-oeste de la actual Argentina y conformaron los marcos generales de la provincia de Neuquén.

El Coronel Rufino Ortega (bajo las órdenes de Villegas) fue el Comandante de la 1° Brigada en la Expedición al Nahuel Huapi, con asiento en Ñorquín, al sur de Mendoza. Este oficial de alto rango tuvo en sus objetivos militares a

(…) Namuncurá (…) [que] se encuentra refugiado (…) al otro lado de los Andes con un resto miserable de su antiguo poderío. Entre él y su hermano Alvarito Rumay apenas tendrán setenta lanzas (…) Las únicas tribus que subsisten en la actualidad, de este lado de los Andes, son las de Reuque y de Sayhueque, pero tan distantes de nuestra fronteras, que el que más cerca se encuentra está a 90 a 100 leguas de nuestro fuerte (…) [Reuque] tiene actualmente 170 a 200 lanzas y está situado sobre el rio Quelmary, afluente Sud del río Aluminé (…). (Villegas [1881]1977, p. 55)

La estrategia militar se sostuvo en avances rápidos sobre las “tolderías” (es decir, las familias) indígenas y en la construcción de fortines de corta duración. Además de una relativa coordinación con las fuerzas militares chilenas.

A los fines de este trabajo, y teniendo particular interés en observar el proceso de conformación del Estado en estas latitudes, nos parece sustancial remarcar este pasaje de las Memorias del Ministerio de Guerra y Marina¹ (en adelante MMGM), en donde se anuncia el fin de este avance

(…) a efecto de completar la que llevó a cabo el año anterior, limpiar y asegurar esos fertilísimos territorios del famoso cuadrilátero que limitan las cumbres de los Andes y encierran los ríos Limay y Neuquén y el lago Nahuel Huapi (…).(MMGM, 1883, V)

Se incorporan, así, los territorios entre los ríos Limay y Neuquén y la cordillera de los Andes y la Patagonia austral hasta 125 leguas al sur del lago Nahuel Huapi. Las MMGM sintetizan estos eventos marcando que

La Segunda División del Ejército ha tomado posesión definitiva de aquellos territorios que sus fuerzas han recorrido palmo a palmo (…) batiendo o sometiendo todos los restos de las tribus bárbaras que aún se conservaban en los confines australes persiguiéndolas (…) para arrojarlas allende sus cumbres. (MMGM, 1883, VII)

De los 364 indios muertos y 1721 prisioneros –registrados en las MMG, VIII–, la mayor parte correspondió a las columnas que se batieron en la zona de Aluminé, donde se capturaron a 1150 indígenas y fueron ultimados más de 220 (Walther, 1964). Estas dinámicas violentas incluyeron la captura de mujeres, niñas y niños; siendo el “botín de guerra” dentro de un proceso genocida más amplio.

La violencia estatal termina de conformar a esta región fronteriza dentro de la matriz territorial argentina. Son “espacios de gestas patrióticas” en los márgenes del Estado. Espacio de huida y ocultamiento transformado en espacio cercado por los límites estatales y, de forma posterior, por los límites de los alambrados, verdaderos hitos que prohíben la movilidad propia de las comunidades y familias mapuche ante el advenimiento de la propiedad privada en la región.

Esta brevísima descripción es de suma utilidad para repensar las formas en las que las familias sobrevivientes al genocidio se pudieron incorporar a un “nuevo mundo” en que las relaciones sociales, por fuera de los ámbitos familiares y comunitarios, se desenvolvieron bajo marcos regulatorios en donde los cuerpos indígenas fueron (y son) marginados y “marcados” como elementos inferiores dentro de la jerarquía social en conformación.

Nos resulta de gran importancia remarcar que el fin de la frontera no es el fin de los indígenas, ni de sus formas de pensar el territorio. Más bien implicó, de forma siempre inestable, un proceso de (des)territorialización genocida que los (re)territorializó como trabajadores, jornaleros y/o familias de crianceros, destinando un espacio social y productivo de menor valía particular, pero de gran importancia dentro de las formas productivas en el territorio.

En el apartado siguiente observamos algunos conceptos centrales en torno a la noción de territorio y su relación con la construcción de prácticas de dominación y resistencia.

La producción de nuevas espacialidades

“La expropiación de la masa del pueblo despojada de la tierra, como
vemos, constituye el fundamento del modo capitalista de
producción” (Marx, [1867] 2009, p. 959).

La cita precedente nos introduce en el núcleo central de este trabajo: problematizar la producción de nuevas espacialidades y la formación del mercado de trabajo, en la primera mitad del siglo XX, en los Departamentos de Aluminé y Los Lagos, Territorio Nacional de Neuquén. Centraremos nuestra atención en el análisis de las relaciones de poder y subalternidad establecidas luego del avance militar en la región del triángulo del Neuquén, conocida como Patagonia norte. Buscamos comprender los efectos que las prácticas de poder y dominación tuvieron sobre las poblaciones (particularmente indígenas y migrantes) para dar lugar a relaciones sociales de producción basadas en la violencia y en el trabajo asalariado. Lo dicho implica tener en cuenta el avance estatal-militar sobre la región cordillerana y la posterior construcción territorial que adquiere modificaciones sustanciales a partir de las políticas estatales proyectadas en los territorios nacionales y el desarrollo de particulares privados. De esta forma, la construcción y el control sobre el espacio y los cuerpos constituyen pilares fundamentales tras el despojo surgido del accionar estatal-militar y sostenido, posteriormente, por prácticas cotidianas en el uso de la violencia.

Nos interesa, en este apartado, conceptualizar la noción de territorio. En principio, se comprende al territorio (o espacio social) como una construcción y relación social intermediada por relaciones de poder, control y dominación (Sack, 1986), así como de prestigio, afecto, resistencias y reclamos. En esta dinámica, el concepto de poder (Foucault, 2009) constituye un aspecto central para comprender cómo, en las relaciones sociales, se definen múltiples espacios (Lefebvre, 2008) y diversas temporalidades. Al respecto, Foucault (2009) sostiene que las reglas que lo definen dan lugar a la distribución específica del poder social. Desde esta perspectiva utilizamos el concepto de territorio para referir a la materialidad del poder soberano del Estado y, en segundo lugar, para definir el espacio disciplinario, en el cual se ejerce el poder. Por lo tanto, si partimos de la consideración de que existe una enorme diversidad de poderes que atraviesan las relaciones sociales, existen también multiplicidades de espacios que son el producto a la vez que el productor de aquellas relaciones. Siguiendo esta línea, observamos diferentes escalas espaciales donde las relaciones de poder producen territorios que forman dinámicas multiterritoriales (Haesbaert, 2011) y yuxtaterritoriales.² Henri Lefebvre (2008) marca esta producción social del espacio como el resultado de una multiplicidad de acciones y fenómenos generados por las acciones humanas. Este se constituye como productor, a la vez que producto de sí mismo. Tanto los territorios múltiples como los yuxtapuestos se comprenden como sucesión y coexistencia de procesos en los que intervienen diferentes agencias (instituciones estatales, privados, comunidades, familias, trabajadores) con trayectorias particulares que tensionan un territorio (físico) común que es producido e interpretado desde historias, tránsitos e intereses disímiles. Se desprende que las reglas que definen el tiempo y el espacio son utilizadas para alcanzar y reproducir las condiciones específicas del poder social. Por lo tanto, resulta fundamental considerar de qué modo las prácticas y los discursos espaciales y temporales establecidos se modificaron y transformaron en la praxis.

La pretensión de homogeneizar el espacio es, en buena medida, uno de los puntos claves para comprender el accionar de la agencia estatal. Sin embargo, esta “pretensión” debe ser leída como tal, y no como un hecho concreto que se plasma en el territorio. En otras palabras, no es posible otorgar significados objetivos al espacio-tiempo con independencia de los procesos materiales. Consideramos necesaria la deconstrucción de la idea de espacio como un hecho ligado a la naturaleza y proponemos concebirlo de un modo global a partir de la tensión surgida de las relaciones sociales (Harvey, 2003). Desde nuestra perspectiva, la objetividad acerca de él responde a una visión materialista, puesto que las concepciones objetivas que se tienen se han creado a través de las prácticas y los procesos materiales que sirven para reproducir la vida social. Así, la objetividad del tiempo y el espacio está construida de modo diferencial puesto que, a cada modo de producción o formación social particular, se corresponde un conjunto de prácticas y conceptos del espacio-tiempo singular y diferenciado. Esto está dado por las prácticas materiales de reproducción social que varían geográfica e históricamente habilitando, por ejemplo, diferentes concepciones del tiempo y del espacio entre conquistados y conquistadores.

Partimos de la consideración de que la construcción de la matriz Estado-nación-territorio (Delrio, 2005) dio lugar a estrategias impulsadas por la agencia estatal con el propósito de establecer bases soberanas y definir a las poblaciones que residían en los confines limítrofes del territorio nacional. En tal sentido, la modificación de las dinámicas vinculadas a la producción del espacio y el genocidio (sometimiento y/o desplazamiento de pobladores indígenas) en los Departamentos de Aluminé y Los Lagos generaron en las primeras décadas del siglo pasado el florecimiento de nuevos circuitos productivos, basados en la propiedad de la tierra y la explotación de mano de obra libre mediante la implementación de prácticas subalternizantes. La instalación de nuevas estructuras productivas y el carácter territorializador del capitalismo en los Andes neuquinos fueron el resultado de procesos de mercantilización y privatización de la tierra y del acaparamiento de bienes comunes (Blanco, 2007; Harvey, 2003) de forma mancomunada con el genocidio indígena (Pérez, 2016). Aquí, el territorio es definido como el espacio marginal sobre el cual se ejerce un poder políticamente estructurado y estructurante. En este proceso, la frontera se convierte en una marca territorial que produce, fija y fortalece identidades a partir de una referencia fundamental: el lugar de “origen”. De ahí que la desterritorialización nunca puede disociarse de la reterritorialización. Estos cambios, lejos de ser neutros, son leídos y reproducidos socialmente, otorgando signos positivos o negativos, según las percepciones y los proyectos territoriales en pugna.

La desterritorialización es algo implícito en el capitalismo y, en tal sentido, todo territorio geográficamente hablando tiene una base de espacio material para su constitución (Haesbaert, 2011). Sin embargo, comprendemos que el concepto de espacio (social) brinda mayor amplitud que el de territorio, puesto que el primero es una construcción social, concreta y material; una producción de una amplitud tal que incluye las dimensiones política, económica, cultural y natural.

La evolución diacrónica de las etapas del proceso de trabajo y de las relaciones sociales producen los cambios en la geografía, tanto morfológicamente como desde el punto de vista de las funciones y de los procesos en que cada estructura espacial es funcional. Desde esta perspectiva, el espacio es un híbrido; un resultado de la inseparabilidad entre sistemas de objetos y sistemas de acciones; una situación única en el tiempo presente; es el resultado de la intrusión de la sociedad en esas formas/objetos; un sistema de valores en permanente transformación que se constituye como un conjunto de mercancías, cuyo valor individual es en función del valor que la sociedad le atribuye en un momento; posee naturaleza propia; es el resultado material acumulado de las acciones humanas a través del tiempo, así como también de las acciones del presente que le animan y que hoy le atribuyen un dinamismo y una funcionalidad determinada; el espacio es la síntesis provisional y renovada de las contradicciones y de la dialéctica social porque la sociedad anima las formas espaciales atribuyéndose un contenido. Por lo tanto, la sociedad actúa sobre sí misma y no solo sobre la materialidad, dando lugar a la dialéctica entre ella y el espacio.

El sistema de dominios y posesiones, finalizada la conquista militar, fue establecido por ley para los territorios nacionales y sentó las bases del control de los espacios, de la geografía y del poder. Además de contemplar esa indómita naturaleza y los abundantes recursos materiales en los bosques y valles cordilleranos, la región andina del Neuquén se encontraba (y encuentra) habitada por pueblos preexistentes al Estado. Son estos pobladores quienes sufrieron y continúan padeciendo la violencia invasiva del modelo civilizatorio occidental. Dicho modelo se enmarcó en el contexto de la expansión imperialista impulsada por las potencias capitalistas y supuso el control de los espacios que estaban ocupados y pertenecían a otros (Said, 2012) a partir de la práctica del colonialismo interno (González Casanova, 2006; Martins, 2018). Por consiguiente, la desposesión de la población de sus medios de subsistencia, por un lado, y la acumulación originaria, por el otro, incitaron la concentración de la tierra en pocas manos y desarrollaron prácticas subalternizantes que impulsaron a estos grupos a trabajar por un salario (Perelman, 2000). En la misma línea interpretativa, David Harvey (2003) sostiene que el carácter predatorio de la expansión capitalista se refleja en procesos de mercantilización y privatización de la tierra, de acaparamiento de bienes comunes y de expulsión violenta de poblaciones. Esta discusión se encuentra anclada en las teorizaciones marxistas sobre la acumulación originaria –acumulación por desposesión– y habilita a considerar al concepto de despojo como la separación violenta de las personas de los medios de producción (Ojeda, 2016).

Deberíamos considerar que la aplicación de diferentes expresiones de una misma violencia inusitada hacia el interior de la propia población forjó la matriz del pensamiento nacional argentino. Dicha matriz redujo a los habitantes de un determinado territorio a la condición de bestias de trabajo, a la vez que los subordinó a las órdenes de los grupos hegemónicos en pos de la “civilización” y el “desarrollo” de la Nación. En cierto modo, este tipo de violencia no escapa a la del contexto histórico mundial, en el que las potencias europeas gozaban del control del 85 % de la superficie terrestre (Said, 2012). Lo que ocurre, en el caso de la configuración del Estado Nacional argentino, no es otra cosa más que la reproducción, hacia su interior, de las estrategias de conquista, exterminio y dominación que los grandes imperios europeos le asignaron a esta etapa de expansión del sistema capitalista mundial.

Una vez finalizadas las campañas militares en la Patagonia Norte, dentro de los territorios nacionales inició el proceso de dispersión de los indígenas que habían sobrevivido a la conquista. Para alcanzar este propósito, y de forma continua, se implementaron diferentes acciones, generando una desarticulación importante dentro de las parcialidades indígenas. De este modo, las prácticas espaciales habituales de indígenas, migrantes y colonos comenzaron a ser limitadas, perseguidas y dirigidas por los grupos de poder territoriano. Ello supuso una pérdida de los lazos de parentesco y de adscripción de los grupos desposeídos, que pasaron así a conformar un grupo de mano de obra barata en los márgenes del nuevo sistema establecido o que reconfiguraron sus relaciones de parentesco a partir de su condición de productor marginal indígena.

En los apartados siguientes describimos y analizamos este proceso partiendo de algunos conceptos aquí trabajados, pero situados en eventos específicos localizados en los Departamentos de Los Lagos y Aluminé.

II. El despojo, la dispersión y la reorganización

Presentamos, en esta sección, dos situaciones comparables, pero disímiles. Ambas se dan en un espacio-tiempo común, donde participan actores indígenas, así como sectores propietarios y el Estado nacional y territoriano. Además, las mismas son producto de las campañas militares que provocaron la ruptura de lazos y autonomía de los pueblos originarios y, en ambas, la resistencia, estrategia y agencia mapuche no deja de estar presente. Es central tener en claro que, dentro de los territorios nacionales, y tras el genocidio, la erradicación de “tribus” y de dispersión de indígenas continuó con la implementación de políticas a fin de lograr la desarticulación final de dichos grupos (Mases, 2010). Ello habilitó procesos de movilidad y de circulación por el territorio en búsqueda de nuevos espacios que permitieran la subsistencia de los despojados (esto se verá, con especial atención en el análisis de Aluminé) y/o en la proletarización forzada en trabajos mal remunerados, bajo duras condiciones de empleo (Los Lagos). Los siguientes apartados describen y analizan dos situaciones en donde la agencia indígena está presente ante conflictos laborales y de acceso a recursos vitales.

II.a. De Familias a Comunidad. El lof Catalán en el Departamento de Aluminé

En este apartado nos proponemos reponer un proceso conflictivo en donde el acceso al territorio se observa como central. Este tendrá como actores a un grupo nutrido de familias indígenas, a la Compañía Estancia Pulmarí y a inspectores y funcionarios de la Inspección General de Tierras y Colonias.

Nos centraremos en uno de los eventos territorializadores más tempranos en el Departamento de Aluminé; nos referimos a la conformación de la Compañía Estancia Pulmarí Ltd., que fue concesionada a favor de Carlos Miles en 1894 por una extensión total de 60.000 hectáreas. Esta compañía fue, desde inicios del siglo XX, uno de los centros productivos de mayor escala en ganado mayor y ganado lanar, al menos para los registros en el Departamento de Aluminé. Sin embargo, la concesión original de 1892 remitió a 80.000 hectáreas entregadas a este particular, junto a Carlos Mansilla (excluido en la posterior concesión). Ambos concesionarios debían proyectar y llevar adelante dos pueblos (solares³). Recién a mediados del siglo XX, esta Compañía será expropiada por el Estado nacional y puesta bajo el control de la Administración de Parques Nacionales. En este apartado observaremos las formas de control territorial “tutelado” de familias mapuche que, siendo crianceras, encuentran sus lotes de veranada cerrados al paso por parte de la Cía. Estancia Pulmarí. El período que trabajaremos parte de 1941 hasta 1945. Durante estos años hemos podido relevar un conflicto entablado por familias mapuche ante la aparición de un alambrado perteneciente a la Compañía Estancia Pulmarí Ltd.

Este “corrimiento de alambrados”, lejos de ser una excepción, son parte de las dinámicas regionales a las que se vieron expuestas familias de crianceros (indígenas o no) ante el avance de las privatizaciones (legales o de facto) en el territorio. Esta forma de territorialización (forzada) es la continuación del avance estatal militar genocida que sentó bases profundas en las relaciones sociales y territoriales post-genocidio.

El acto de transformar un territorio en propiedad privada excede en mucho al evento escriturario que lo legaliza; sin embargo, lo necesita en tanto acto capaz de mantener una condición legal (en abstracto) independientemente de los procesos que ocurren dentro de este espacio. Este accionar legal es una de las formas de “alambrar”, y de esta forma crear propiedad privada (un territorio excluyente). Estas formas se contraponen a la práctica de transitar el territorio entre la veranada y la invernada en norpatagonia, práctica histórica y etnográficamente continua (Bendini y Alemany 2005). A los registros históricos se suman (de forma cualitativamente distinta) las memorias mapuche sobre el territorio. Siguiendo a Cattell y Climo (2002), observamos cómo las memorias han creado interpretaciones particulares sobre el territorio, a partir de contextos sociales que hacen comprensible las experiencias pasadas y los deseos futuros. Son estas formas de comprender el territorio transitado las que colisionan con la propiedad privada, con el alambre y la escritura.

La propiedad, en el amplio territorio de la Cía. Pulmarí, se hace presente en alambradas, tranqueras, las casas para los trabajadores, en el chalet de la familia, en el casco de la estancia y en los puestos precarios. La propiedad habilita o prohíbe. Modifica el paisaje. Lo trastoca y, parafraseando a Deleuze y Guattari (1997), lo “enseña” y lo “fija”,⁴ aunque de manera inestable. En síntesis, la dinámica del sistema estatal y privatizador se manifiesta en sus márgenes fronterizos; situación que avala prácticas de excepción donde la lógica estatal-capitalista se está expandiendo. Esto es más que un problema de época, es una variable constitutiva del propio Estado (Papazian, 2013). Siguiendo a Das y Poole (2008, pp. 19-52), en los márgenes observamos cómo la vida social es regulada por el Estado a partir de un orden legal aparentemente compartido, pero trastocado e impuesto según las prácticas cotidianas y los intereses locales en pugna. De esta manera se hacen comprensibles, en parte, las dinámicas de despojo sobre familias y “tribus” mapuche tras la conquista (Pérez, 2014; Nagy, 2014; extraído a los fines de la evaluación; Nahuelquir, 2012; Delrio, 2005; entre otros).

La vieja estancia de los Miles es, desde 1989, parte de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP). Es importante señalar que esta estancia fue expropiada a mediados de la década del 40 del siglo XX, entregada a Parques Nacionales y, posteriormente, al Ejército hasta la creación de la CIP.

La primera vez que conocí este espacio fue en 2008, para ese entonces (y hasta la actualidad) la mayor parte del territorio de la estancia se volvió a concesionar a diversos emprendimientos productivos y, en ciertos casos, a comunidades mapuche reconocidas por la provincia y a instituciones estatales, como por ejemplo el Ejército argentino. En esa oportunidad, visité los edificios que el Ejército tenía en concesión, además de la concesión en favor de Doménico Panciotto, en la cual se edificó un hotel de lujo. En mi visita pude observar la importante cantidad y tamaño de los inmuebles originales, entre los que estaba el chalet de los Miles. La correlación entre la primera impresión y las memorias de la gente del lugar permitían comprender las marcas que la Compañía Pulmarí había dejado en el territorio. Marcas de progreso, de trabajo, de afectos y añoranzas. La estancia poseía en propiedad 64.000 hectáreas, y era el epicentro productivo de la zona con más de 100.000 cabezas de lanares y miles de vacunos y yeguarizos. En las memorias locales, el conflicto se reservaba para periodos posteriores, bajo la administración de Parques Nacionales o bajo la misma administración de la CIP. Sin embargo, a través del trabajo en el Archivo de Tierras de Neuquén pude acceder a una serie de expedientes a partir de los que pudimos rastrear conflictos territoriales en los que, a comienzos de la década del 40, la Compañía Pulmarí estaba involucrada de forma directa.

El 13 de enero de 1941, Alfonso Catalán, a pedido de su padre, Juan Catalán, representante y miembro de familias indígenas crianceras, envió una carta detallada a la Dirección de Tierras en Zapala. Denunciaba

(...) que al trasladarse al lote ya mencionado [42 Sección B] donde habitualmente verana la hacienda de su señor padre, se encontró con que el puesto estaba dentro del alambrado que recientemente efectuó la Compañía Estancia Pulmarí, en campo de propiedad de Canter que arrienda.

Que como siempre ha pagado pastaje por el lote 42 Sección B. Zona Andina fiscal, solicita se le indique si efectivamente le asiste algún derecho a la mencionada Compañía… o sí simplemente han trazado mal la línea del alambrado y ha quedado en consecuencia su puesto dentro del alambrado.⁵

De esta manera comenzaba un pleito, que duraría más de un año, que pasó de involucrar a Juan Catalán (como damnificado) a, posteriormente, todo un grupo de fiscaleros indígenas que veranaban con su hacienda en el lote 42, alambrado, de forma irregular, por la Estancia Pulmarí.

Es, a través de estos archivos, que observamos la gran cantidad de mapuche que transitaban la zona de Lonco Luan (y otros parajes), al menos desde inicios del siglo XX. Hecho que coincide con la mayor parte de las memorias recogidas tanto en la Comunidad Catalán como en la Aigo, Ñorquinco, Currumil y Puel. Es así que, varios años antes a la aparición de este alambrado, Manuel Catalán solicitaba el arriendo con derecho a compra del lote 42 ante la Oficina de Tierras de Neuquén, dependiente de la Dirección General de Tierras de la Nación (DGT). Este pedido, fechado en 1930, menciona mejoras realizadas en el lote desde 1910, fecha estimada de ocupación del lote. Según el expediente, Manuel era nacido en Quila Chanquil (en las cercanías de Lonco Luan), en 1876, según consignaba su libreta de enrolamiento. Su ocupación era de criancero, y poseía un capital en ganado lanar, vacuno, cabrío y yeguarizo que alcanzaba los 10.000 pesos. Su estado civil era casado (con María Jiménez), y era padre de diez hijos, cuyas edades iban de los 4 a los 30 años. En el pedido se comprometía a mejorar y explotar las tierras pedidas y a no concesionarlas a terceros en caso de que le sean entregadas. La solicitud iba acompañada por las firmas de dos vecinos, entre las que destacó la de Torcuato Modarelli, presidente de la Comisión de Fomento de Aluminé durante la década del 30. De igual tenor era el pedido realizado por Juan Catalán en 1931. Él se dirigía al Dirección General de Tierras y Colonias, pidiendo en arrendamiento la mitad norte del citado lote 42. Además, se adjuntaba una breve descripción con las mejoras realizadas en el lote, también valuadas en 500 pesos. Entre sus datos personales, cabe destacar que ocupaba el lote desde 1920, siendo nacido en 1851, además de haber servido en el Regimiento 11 de Línea.⁶

El pedido de Juan Catalán fue enviado a Buenos Aires. El 17 de abril de 1931, se informó sobre la situación puntual del lote que, inicialmente, había sido destinado, inicialmente, como tierra reservada con fines de utilidad pública en 1903, para luego dar posesión, en 1919, del mismo a los señores “Kretschner, Dreyer, Hnos. Brandes y Ohme, no existiendo constancia de que dichos señores tomaron posesión” de los lotes asignados.⁷ En octubre de 1932 se pidió un informe sobre el estado de ocupación del lote 42. El informe se realizó transcribiendo una inspección realizada en febrero de 1928, donde se indican cualidades del lote y se listaba la existencia de pobladores “irregulares”, en un total de doce puestos de vivienda. Según estos datos, contabilizamos un total de 55 personas, siendo la mayoría niños/as. Además, se certificó la nacionalidad argentina a través de libretas de enrolamiento, a excepción de dos adultos que fueron consignados como “chilenos” y otro que estuvo ausente durante la inspección. Por otro lado, las fechas de ocupación inicial de cada familia registradas van desde 1910 hasta 1928.⁸

En 1937 se realizó un nuevo relevamiento de los pobladores del lote 42. El mismo se practicó en mayo de ese año, fecha en la que algunos puestos estaban vacíos dada la movilidad propia de la ganadería trashumante. En él se observa el aumento de puestos y de habitantes, llegando el mismo a 16 puestos y 91 personas. De los pobladores entrevistados, se informó que tres eran de nacionalidad chilena, siendo el resto argentinos (incluidos todos los niños y niñas, independientemente de la nacionalidad de sus padres). Además, se agregaba un ítem conceptual sobre el comportamiento de los ocupantes. De esa calificación, resultaron dos pobladores sin concepto (por estar ausente uno y por ser nuevo el otro), cinco con buen concepto, seis con concepto regular y tres con mal concepto.⁹ Para concluir el informe realizado por el inspector Vicente Etchegoyen, se planteaba que:

El lote 42 (…) se encuentra en zona de frontera y afectado a reserva con fines de utilidad pública, dispuesta por el decreto de Diciembre 2 de 1903…

De los pobladores registrados por la inspección realizada, solo Juan Catalán, argentino, soltero, y con 13 hijos, todos argentinos, reviste alguna significación y ha demostrado, a los ojos de los funcionarios, condiciones que se estiman como positivas ya que goza de una importante cantidad de hacienda (capital), siendo catalogado como “apto” para arrendar.¹⁰

Este breve recorrido nos vuelve a dejar en los inicios de 1941, y ante una importante cantidad de familias que no pudiendo ingresar al lote 42 y reclaman a las autoridades estatales. A los fines de este apartado queremos remarcar la agencia indígena en contextos post-genocidas. Es decir, la capacidad de reclamar y conocer los canales estatales de interlocución en familias sobre las que se había impuesto el avance militar. A la carta de enero de 1941 le sobrevinieron telegramas (en enero 1942), pedidos de justicia e intervención y reclamos directos ante el accionar de la Compañía Pulmarí y de la policía local. La Dirección de Tierras y Colonias intimó a la Cía. Pulmarí a retirar el alambrado, siendo obturada dicha orden por pedidos de “tiempo”, por cuestiones de “costos” y por “estar seguros” de que el alambrado se encontraba dispuesto de forma correcta. Para febrero de 1942, el gobernador Enrique Pilotto había recibido informes de Tierras y Colonias en los que se resolvió multar a la Compañía Pulmarí e intimar, nuevamente, el retiro del alambrado. La respuesta fue un ofrecimiento para comprar las tierras (ofrecimiento que se denegó) y, finalmente, se comprometió a pagar un agrimensor designado por la Dirección de Tierras y Colonias, así como solventar gastos de mano de obra y manutención. La Dirección de Tierras y Colonias acepta esta oferta. Es así como el agrimensor Horacio Lütscher fue designado y, en el verano de 1942-43, realizó los estudios pertinentes en la zona. En el expediente trabajado, Lütscher ratifica el mal proceder de la Compañía Pulmarí y procede a respetar el trazado correspondiente del lote 42, obligando a que se retire el alambrado mal colocado.¹¹ Esta resolución, en cierto punto, se condice con un cambio de política que comienza a implementarse en las zonas de frontera. Lo que sorprende al sentido común hegemónico es la capacidad política de las familias indígenas que, en contextos de pérdida de autonomía, no dejan de peticionar ante el Estado. En una carta, escrita meses antes por un miembro de las familias damnificadas (que luego conformarán la Comunidad Catalán), se vuelve a pedir que se levante el alambrado, reclamando que el tiempo dado por la Dirección de Tierras se le había acabado y que

(…) aquí no se ha hecho ninguna cosa, también estuve en la comisaría y me ha esplicado el comisario que los pulmarí no pueden levantar el alambre porque ya paso el plazo, dice que espera el comisario la nueva orden de la dirección de tierras, como sea los pobres que somos no tienen razón, solamente ay razón para los ricos… y vea Uste lo que pasa, lo ago saber lo que pasa entre el pobrerismo, el abuso de la frontera que emos vivido en el lote 42, sección B.¹²

De igual manera se puede observar la lógica del Estado en acciones heterogéneas y, en buena medida, contradictorias. Mientras el comisario de Aluminé “espera”, la orden de la Dirección de Tierras es incumplida por la Compañía Pulmarí para, finalmente, avalar dicho incumplimiento dado que “ya paso el plazo” y se precisa de una nueva orden. Finalmente, la nueva orden llega y el alambrado es removido, permitiendo el acceso al territorio (en sus múltiples dimensiones) a las familias crianceras que, en la década del 60, serán reconocidas por el Estado provincial como Reserva Indígena Catalán. La resolución de este conflicto, en favor de los Catalán, es un antecedente de gran relevancia en una región con una importante presencia de comunidades mapuche. En buena medida redefine la política mapuche “de lo posible”, en un marco de inserción socioterritorial al Estado, y a las relaciones capitalistas de producción, en un contexto post-genocida cercano.

Quedará para otro trabajo observar las políticas nacionalistas, el rol del Consejo de Seguridad y Frontera, y las implicancias para capitales extranjeros y para pobladores locales dentro de los territorios nacionales. Interesa resaltar, en este apartado, la capacidad de organización de las familias nucleadas bajo el liderazgo de Manuel y Juan Catalán y de Daniel Sandoval.

II.b. De reducidos a sindicalizados: organización gremial de trabajadores rurales en el Departamento de Los Lagos

Como ya observamos, una vez finalizadas las distintas campañas militares en la Patagonia Norte, el proceso de dispersión de indígenas continuó (Mases, 2010). La movilidad y circulación de familias y “restos de tribus” fue una estrategia de supervivencia basada en el conocimiento territorial y en redes de resistencia y cooperación. Sin embargo, los trabajos a los que la población mapuche (y en muchos casos mapuche-chilena, o chilena) podía acceder eran los de más baja paga y, mayormente, los de peores condiciones laborales. En ciertos espacios productivos, el acceso a “un trabajo” supuso una pérdida de los lazos de parentesco y de adscripción de los grupos desposeídos. En cierta medida, se tendió a creer que el paso de “indígenas a trabajadores” estaría dado por la conformación de grupos de mano de obra barata en los márgenes del nuevo sistema establecido.

En este apartado analizaremos algunos de los cambios que habían comenzado a tener lugar hacia finales de la década de 1940 en la localidad de Junín de los Andes, a partir de la fundación del sindicato obrero “4 de Junio”, en donde, como veremos, se nuclearon gran cantidad de indígenas que visualizaron la posibilidad de que sus reclamos y necesidades fueran oídas. Desde esta perspectiva, nos proponemos convocar al diálogo interdisciplinario acerca de la implicancia que tuvieron los imaginarios sobre la configuración del mercado de trabajo en los espacios y las poblaciones de la zona sur de la región maderera del Neuquén durante su etapa territoriana.

La dinámica establecida por el Estado, ya desde fines del siglo XIX, promovió la enajenación de lotes y la venta de estos a precio vil para los grupos cercanos al poder. Ante dicha situación, el proyecto civilizatorio mantuvo la condición de “incapaz” para quienes, tras el avance militar, buscaron e intentaron reconstruir su modo de vida –rural– el avance de los funcionarios de la Dirección de Tierras y Colonias, comenzaron nuevamente a ser criminalizados y desalojados (Fondo Poder Ejecutivo Territoriano. Expediente 2493. Folio 39).

En dicho contexto, la implementación de la figura del intruso ganó la escena, dando lugar a una nueva etapa en las relaciones de poder y dominación: la de la lucha por el control del espacio que se estaba configurando en torno a la propiedad privada a principios del siglo XX en los andes neuquinos, y qué lugar ocupar en el nuevo mercado de trabajo. En la actualidad, parte de los estudios académicos abordan con extrema ligereza esta categoría que define negativamente a la humanidad del subalterno. Fundado en silencios y/u omisiones, el relato de la historia oficial sobre las poblaciones y el despojo de tierras en la región andina del Territorio Nacional del Neuquén ha privilegiado las voces de aquellos sectores que tuvieron la posibilidad de apropiarse de estas, en detrimento de los grupos que fueron invisibilizados y marginalizados por las estructuras del Estado-nación-territorio. En tal sentido, las prácticas subalternizadoras también encontraron terreno fértil dentro del campo de las letras y de la investigación académica, por tratarse de una herramienta legitimadora de los intereses de la clase hegemónica local.

Las trayectorias subalternas que marcaron a los trabajadores rurales tras la conquista supusieron la continuidad de las relaciones de producción basadas en el uso de la violencia y la explotación de los sectores populares hasta mediados del siglo XX. La llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 1945, y el advenimiento del primer gobierno justicialista hacia 1946, supusieron el principio del fin de ciertas prácticas negativas para los trabajadores en materia laboral, así como también el desarrollo y la implementación de medidas orientadas a mejorar las condiciones generales de vida de los asalariados rurales de la región. Por aquellos años, las autoridades territorianas habían sido reemplazadas por nuevas figuras, que sintonizaban con la coyuntura del momento, cambiando también los sentidos sociales, políticos y económicos del Neuquén. Durante el decenio 1945-1955, los trabajadores del territorio nacional gozaron de beneficios en materia de infraestructura, en materia salarial y por sobre todo en materia de derechos. Cabe destacar que, durante los años que abarcó la gobernación de Emilio Belenguer, en el Territorio Nacional del Neuquén (1946-1949) se construyeron gran cantidad de escuelas, hospitales, caminos y obras de riego, así como también un gasoducto y otras obras para el abastecimiento civil de agua potable. En pocos años, los cambios ocurridos en la región fueron algo innegable.

En este apartado nos proponemos analizar el cambio en las dinámicas y los valores sociales vinculados a las políticas destinadas a los trabajadores en una localidad puntual del Departamento de Los Lagos, en la región andina del Territorio Nacional del Neuquén. Durante la segunda mitad de la década de 1940, tuvo lugar en Junín de los Andes la organización del Sindicato Obrero “4 de Junio”, gremio surgido de las necesidades populares en medio de una coyuntura de transición en lo que a materia laboral y derechos de los trabajadores se refiere. Mediante esta organización, los trabajadores rurales de la región hallaron representación ante las autoridades del territorio para solicitar mejoras en las condiciones de vida, promover la intervención de las autoridades ante las amenazas y denunciar las prácticas violentas que los guardaparques del Parque Nacional Lanín desarrollaban en los márgenes del sistema mediante desalojos y amenazas (Das y Poole, 2008). Otro de los reclamos fundamentales del sindicato fue el de garantizar el acceso al aprovechamiento de ciertos recursos naturales indispensables para el desarrollo de la vida por esas latitudes, pero lo que se destaca en este proceso es el pedido de tierras para el definitivo establecimiento de una “Colonia Obrera” (Fondo Poder Ejecutivo Territoriano. Expediente 2493. Folio 79).

En el año 1947, el secretario general del sindicato obrero “4 de Junio”, Salvador Castro, se dirigió por nota al gobernador territoriano, Emilio Belenguer, solicitando algunas mejoras para la situación de los trabajadores, confiando en la seguridad de que sus reclamos y solicitudes fueran oídas para poder salir de la apremiante situación de subsistencia en la que se hallaba la gran mayoría de los afiliados. Lo hacen, pasando por alto a la comisión de fomento y destacando que sus aspiraciones simplemente llevan el espíritu del trabajo y la producción, siguiendo los anhelos de sus gobernantes que no era otro más que “el deseo de trabajar y producir por el bien de la patria y el progreso de la nación” (Fondo Poder Ejecutivo Territoriano. Expediente 2493. Folio 79).

En el pliego, los obreros solicitaron un terreno para la edificación del local propio, dado que, el que les fuera asignado, había sido ocupado y alambrado por un vecino quien, sin título probatorio, lo aró y lo sembró con avena, dejando al sindicato sin lugar para la construcción de su local. Además, solicitaban una oficina de contratación del trabajo en la localidad con el propósito de regularizar situaciones confusas y poder garantizar la aplicación de las normativas vigentes. Destacaban la importancia de crear un juzgado subdelegación para elevar el monto de competencia del juzgado de paz, que actuaba en situaciones con un costo máximo $300 m/n (dejando los trámites de mayor valor restringidos a la contratación de abogados particulares, situación que, en muchas ocasiones, era inviable o resultaba infructuosa para los trabajadores) con el fin de revisar títulos y escrituras y se designe funcionario competente a tales funciones. Es así que los trabajadores se encuentran en severas dificultades: para acceder a la tierra (les habían asignado lotes de 50 metros por 50 metros para seis familias) siendo una superficie insuficiente además; para que conocimiento fehaciente sobre el uso de las costas de los ríos ya sea para obtener piedra, arena y leña. En el pliego se destaca que al sur de Junín de los Andes existía una extensión de tierras aptas para el establecimiento de una “Colonia Obrera”. En este punto, solicitan tierras de la Compañía ganadera “La Constancia”, en la estancia Collunco, destacando la necesidad de la gente humilde por sobre las tierras de supuestos propietarios; para la intervención sobre las amenazas y los violentos desalojos realizados por guardaparques en la zona de Piedra Mala, para que los humildes campesinos puedan producir y vivir en paz.¹³ En otra nota del mismo expediente, pobladores de la zona del lago Huechulafquen se manifiestan mediante el mismo sindicato por violentos desalojos llevados adelante por guardaparques del Parque Nacional Lanín hacia 1948. Mediante el sindicato se dirigieron nuevamente al gobernador territoriano, deseando hacer llegar por su intermedio el clamor reinante por la grave situación que atravesaban ante las altas autoridades de la Nación, diciendo que

(…) a fin de que las familias de pequeños productores agropecuarios argentinos dejemos de ser golondrinas en nuestra patria, pues deseamos estar tranquilos para trabajar y producir más y mejor, como dice nuestro Líder, en la batalla de la producción.¹⁴

Lo destacable, en estos documentos, es la numerosa presencia de indígenas entre el listado de trabajadores que reclamaban por derechos. Quienes podían, lo hacían por su propia cuenta, y quienes no sabían escribir, mediante un intermediario que firmaba en nombre de cada uno de ellos. Lo llamativo en este punto es la respuesta satisfactoria del poder Ejecutivo territoriano ante las demandas de aquellos que habían sido considerados como intrusos,y que a partir de entonces pasaron a ser reconocidos como obreros. Belenguer no demora en atender el caso y efectuar pronto despacho de sus órdenes con el objetivo de resolver la problemática y se dirige a cada una de las autoridades denunciadas por el pliego obrero, a fin de notificarlos acerca de la revisión de sus prácticas para con los trabajadores y efectuar los cambios necesarios en beneficio de ellos.

Conclusiones

Es claro que, tras la conquista, las prácticas habituales de indígenas, migrantes y colonos comenzaron a ser limitadas, perseguidas y dirigidas por nuevos grupos de poder territoriano. Desde finales del siglo XIX, la entrega de tierras y la posterior llegada de organismos estatales de control fue parte de la política que buscó desintegrar los lazos de cohesión que habían sobrevivido a la conquista. La desposesión de la población de sus medios de subsistencia, por un lado, y la acumulación originaria por el otro, incitaron la concentración de la tierra en pocas manos y establecieron prácticas subalternizantes que impulsaron a estos grupos a trabajar por un salario (Perelman, 2000). Aquí el territorio se nos presenta como un espacio en continua tensión, y constituye el plano físico y simbólico de un combate en el que además de la violencia militar, intervinieron las ideas, las formas, las imágenes y los imaginarios. Cabe destacar que esos imaginarios condujeron la producción de un determinado modelo de nacionalidad y permitieron que las relaciones de subordinación y explotación impuestas fueran aceptadas por la mayor parte del cuerpo social que se estaba modelando, siempre con el telón de fondo del “uso legítimo del monopolio de la fuerza”; es decir, toda resistencia corría el riesgo sufrido en la avanzada militar. En este punto, es importante considerar que la aplicación de diferentes expresiones de una misma violencia inusitada hacia el interior de la población constituyó la base material para el desarrollo de un mercado de trabajo que, amparado en leyes nacionales, forjó una parte de la matriz del pensamiento nacional argentino y redujo a los habitantes de determinados territorios a la condición de “bestias de trabajo”, a la vez que los subordinó a las órdenes de los grupos hegemónicos en pos de la “civilización” y el “desarrollo” de la Nación. De igual forma, la conformación de espacios devenidos en territorio privado implicó, para muchas familias sobrevivientes al genocidio, la simple posibilidad de continuar prácticas de producción tradicionales. Sin embargo, en la década del 40 observamos que, ni la imposición laboral, ni la restricción de acceso al territorio, fueron suficientes para impedir la posibilidad de articular estrategias de resistencia y negociación para garantizar mejoras en las condiciones de vida comunitaria y laboral.

Nos interesa con especial atención observar, a partir de dos ejemplos concretos (uno en el Departamento de Los Lagos y el otro en el de Aluminé), el accionar de la agencia estatal, la agencia privada y la indígena y obrera, marcando las condiciones de inserción a un nuevo sistema de organización laboral y territorial. Resalta el rol oscilante del Estado como “ente mediador” y la capacidad organizativa a diferentes escalas de familias indígenas que mantenían prácticas de negociación constante con diversas entidades del Estado, en particular con la Dirección de Tierras y Colonias, para el caso de Aluminé, o con el gobierno territoriano o Parques Nacionales como en el caso de Los Lagos.

En el caso del Departamento de Los Lagos, pudimos observar que, a partir de mediados de la década de 1940, comenzaron a transformarse ciertas prácticas en materia laboral. El sindicato obrero “4 de junio” de la localidad de Junín de los Andes representó un verdadero quiebre y simbolizó un antes y un después en lo que a derechos de los trabajadores respecta. Dicha organización gremial se convirtió en la voz de los humildes y pudo representar y defender sus necesidades mientras existió. Cabe destacar la importancia del contexto histórico y político en el que se desarrolló dicha organización, a través de la cual los trabajadores rurales encontraron el respaldo y el acompañamiento para luchar y defender sus derechos frente a los empleadores, frente a la Administración de Parques Nacionales, o bien ante las autoridades de la localidad. El sindicato se constituyó en la herramienta de representación de estos subalternos que se encontraban en los márgenes del sistema y representó un cambio fundamental en la historia del mercado de trabajo de la zona andina del Neuquén. Se establecía de este modo el primer cimiento de lo que sería una nueva etapa para el movimiento obrero patagónico, que de encontrarse reducido por la violencia de conquista había pasado a estar sindicalizado.

Pocos años previos, en el departamento de Aluminé, encontramos una situación diferente, pero comparable. Indígenas crianceros se ven imposibilitados de acceder a “su territorio” en el momento en el que se trasladan al lugar de veranada, junto a sus familias y animales. El diálogo entre autoridades territorianas y nacionales, así como la intermediación con la compañía propietaria de tierras, se tensa. Por momentos la agencia indígena parecería diluirse, es que la trashumancia sigue su camino y la problemática no resuelta en un verano, vuelve a reaparecer al siguiente, dejando en suspenso cualquier tipo de resolución para los periodos otoñales e invernales. Deriva de esta lucha el acceso al lote 42 y con él, no solo el sustento de pasturas para animales, sino la posibilidad de reterritorializar una comunidad mapuche de forma estable. El relato de este conflicto se construye enteramente a partir de la documentación estatal confeccionada para o desde la Dirección General de Tierras y Colonias. El accionar de los “propietarios” de la tierra en mucho se asemeja a situaciones actuales, también así lo hacen la autoridad policial que se observa cómplice (por acción y omisión) de los poderes económicos locales. Sin embargo, el rol del Estado, más allá del poder de policía, se muestra contradictorio y esquizoide (Deleuze y Guattari, 1997) contraponiendo los poderes locales (de policía) con la intervención a nivel territoriano de la Dirección de Tierras y Colonias a quien, finalmente, acatan. Contradicciones que se manifiestan a partir de la agencia indígena que echan luz a un accionar (el de los “alambrados que se mueven”) que excede el caso de estudio. Contradicciones que, finalmente, son infranqueables si comprendemos que es el propio Estado genocida el que, 50 años más tarde, acciona en favor de reconocer a familias indígenas despojadas.

En ambos casos, la organización (en diferentes formas y contextos) y agencia de familias indígenas y de trabajadores (indígenas y migrantes) implicó mucho más que capacidad de resistencia, mostró el conocimiento por parte de estos sectores de los espacios de lucha e interlocución habilitados para el reclamo. Habrá que sumar, a lo dicho, el contexto nacional. No es casual que, bajo gobiernos de corte nacionalistas, desde diferentes agencias estatales (a nivel nacional) se observa una particular aversión y recelo con aquellas familias terratenientes de origen extranjero (recordemos que la familia Miles era de origen inglés) o que, bajo la promoción de derechos para los trabajadores, fortalecieron y promovieron a organizaciones sindicales locales como fue el caso del Sindicato Obrero “4 de Junio”.

Finalmente, resulta de gran importancia el rol de los archivos en tanto elementos de la cultura material de un país y una región. En este artículo los archivos nos permitieron analizar una etapa que, día a día, adquiere mayor importancia en la macro región patagónica: la pos-conquista. Es a partir de este análisis que dimos cuenta del rol del Estado (en sus múltiples facetas), el accionar privado y las estrategias indígenas; siempre bajo “el lente” del presente, en el que el justo acceso al territorio sigue siendo una demanda sustancial.

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Notas

Recepción: 22 Agosto 2023

Aprobación: 11 Diciembre 2023

Publicación: 01 Abril 2024

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