ARTICULO/ARTICLE
Luciano Martínez Valle1
Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador
lmartinez@flacso.edu.ec
Cita sugerida: Martínez Valle, L. (2016). Territorios campesinos y reforma agraria: el caso de las cooperativas indígenas de la sierra ecuatoriana. Mundo Agrario, 17(35), e019. Recuperado de http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe019
Resumen
En
este artículo, se analizan los principales cambios que se han
dado en un territorio donde se implementó una reforma agraria
en los años sesenta del siglo pasado, lo que permitió
el acceso a la tierra por parte de los campesinos indígenas y
el inicio de un proceso de “territorialización”
sobre un importante espacio rural ubicado en el cantón
Cayambe, provincia de Pichincha, Ecuador. Interesa sobre todo
resaltar la estrategia campesina de ocupación de un territorio
de hacienda y su transformación en un territorio de
agriculturas familiares campesinas orientadas a la producción
de leche y articuladas con las agroindustrias locales. Este proceso
ha significado una mayor complejidad del territorio ahora liderado
por una dinámica económica externa, lo que ha generado
cambios importantes en las estrategias económicas, sociales y
culturales de las familias indígenas.
Palabras
clave:
Reforma agraria; Territorio; Agroindustria; Estrategias campesinas;
Mercado; Ecuador; Cooperativismo
Rural territories and land reform: the case of indigenous cooperatives of the Ecuadorian sierra
Abstract
This article analyses major changes that have taken place in a territory where land reform was carried out in the 1960s, facilitating access to land by indigenous peasants and the start of a process of "territorialisation" of an important rural space located in Canton Cayambe, in the Province of Pichincha in highland Ecuador. Above all, it is important to highlight the peasant strategy of occupation of hacienda lands and their transformation into a territory of peasant family farmers oriented to milk production and articulated with local agroindustrial firms. This process has brought a greater complexity to the territory that is now subject to an external economic dynamic that has brought significant changes in the economic, social, and cultural strategies of the indigenous families.
Key words: Agrarian reform; Territory; Agro industry; Peasant strategies; Market; Ecuador
La reforma agraria , un concepto que ha pasado en América Latina de ser la bandera de lucha de los movimientos campesinos durante gran parte del siglo XX a convertirse en un concepto central de la necesaria modernización capitalista promovida incluso por los organismos internacionales, requiere ser repensada desde abajo; es decir, desde los actores o beneficiarios de este proceso.2 ¿Por qué ahora se convierte en una política clave para viabilizar la acumulación capitalista y no es más concebida como la “amenaza roja” tal como se la consideraba en los años sesenta del siglo pasado? Salvo el criterio bastante anacrónico de ciertos economistas ortodoxos, la reforma agraria aparece como una de las políticas públicas más importantes, sobre todo en aquellos países donde la concentración de la tierra se ha mantenido o ha crecido, obstaculizando el mismo desarrollo capitalista. No es de extrañarse, entonces, que instituciones nada sospechosas de tintes izquierdistas (Banco Mundial, FAO, FIDA) expresen abiertamente la necesidad de implementar reformas agrarias en los países más pobres de la región. Parecería que la bandera de lucha de la izquierda durante los años sesenta y setenta del siglo anterior ha pasado, bajo los efectos de una “metamorfosis” tecnocrática, a ser una de las propuestas de aquellos organismos que buscaban detener la ahora debilitada “marea roja” que se dio durante la mitad del siglo XX.
Algunos gobiernos de la región también plantean la necesidad de la reforma agraria, aunque no hay claridad sobre los alcances de este proceso ni tampoco sobre cómo implementarla, más allá de la simple redistribución de la tierra. ¿Se trata de una medida democrática que permite el mejor funcionamiento del mercado interno y que termina beneficiando al mismo capitalismo o es una medida revolucionaria que permite crear las condiciones para avanzar hacia otro tipo de sociedad? Estas y otras preguntas se plantean nuevamente en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, en el contexto de la denominada Revolución Bolivariana o socialismo del siglo XXI. Pero, a pesar del efecto del discurso, no hay certeza ni sobre el impacto real de una reforma agraria en estas sociedades, ni tampoco sobre cómo hacerla en las condiciones actuales; peor aún, sobre cuál sería el modelo de gestión, pues tampoco hay claridad acerca de quiénes serían los sectores sociales beneficiarios de este tipo de política.
Si bien todos estos vacíos se presentan, en gran parte, porque la discusión y la investigación sobre este importante tema se abandonaron desde fines de los años setenta, es preciso retomarla pensando al menos en dos objetivos: la necesidad de repensar este proceso a partir de las estrategias de los beneficiarios de la reforma agraria y, luego, la importancia de recuperar esta experiencia para iluminar el camino que se pretende continuar en la formulación de políticas que beneficien a los campesinos y a los pobres rurales.
En este artículo, se reflexiona sobre el caso de dos cooperativas indígenas beneficiarias de la reforma agraria de 1964 (La Chimba y Moyurco), ubicadas en Cayambe, en la provincia de Pichincha. Se trata de un territorio de alta densidad histórica y alto nivel de organización social, que permitió desde los años treinta el surgimiento de importantes movilizaciones en torno a la tierra y la posterior formación de líderes indígenas y de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), bajo la influencia del Partido Comunista Ecuatoriano (Prieto, 1980; Becker, 2007).
En un primer momento, analizamos la situación de acceso a la tierra vía reforma agraria; en un segundo momento, estudiamos las tendencias que se daban al interior de las cooperativas que se formaron en la década de los ochenta; y, finalmente, los cambios que se observan en este territorio campesino en el momento actual como producto de una mayor vinculación con la dinámica mercantil, en especial con la agroindustria de leche.
Esta reflexión toma importancia y es de plena actualidad considerando que en el país se busca implementar un proceso de reforma agraria para disminuir la concentración de la tierra, una de las más altas de América Latina3, pero no existe claridad sobre las modalidades productivas de acceso a la tierra por parte de familias campesinas. La recuperación de las experiencias pasadas de reforma agraria, especialmente en lo que tiene que ver con las familias beneficiarias, es central para no repetir los errores y aprovechar más eficientemente los aciertos de este proceso. El camino seguramente ya está marcado por las iniciativas de los mismos actores sociales; sólo hay que sistematizarlas y mirar su viabilidad en el contexto actual de un capitalismo agrario que, sin duda, ha modificado profundamente los territorios de reforma agraria.
La discusión sobre la reforma agraria en el caso ecuatoriano tiene sus antecedentes en importantes estudios realizados por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (1965) y en la posterior discusión emprendida por la academia en los años ochenta. Existen dos visiones sobre el proceso de reforma agraria: la primera denominada iniciativa terrateniente y liderada por autores como Murmis (1980) y Barsky (1984), quienes plantean que en importantes haciendas de la sierra los terratenientes habrían impulsado reformas a las relaciones laborales antes de la promulgación de la ley, con un espíritu renovador y emprendedor; la segunda, que considera que el proceso de reforma obedece más bien a la participación de los campesinos a través de sus movilizaciones y su acción política (Guerrero, 1983). Sin entrar en esta polémica, que finalmente indica que detrás de este proceso están presentes la heterogeneidad estructural del sector rural y las diversas vías de desarrollo del capitalismo, anotemos que el proceso abordado en este trabajo correspondería más bien a la segunda vertiente explicativa de la reforma agraria en la sierra ecuatoriana4.
La reforma agraria ecuatoriana se implementó en 1964 y en realidad no tuvo una secuela importante en la modificación de la concentración de la tierra. El impacto más notable fue, sin duda, la eliminación de las formas precarias de trabajo que afectaban principalmente a la población indígena de la sierra, que hasta entonces se había vinculado con la hacienda a través del huasipungo; esta forma de tenencia obligaba al trabajo gratuito de los indígenas en las tierras de las haciendas por varios días a la semana a cambio del usufructo de pequeñas parcelas y del uso de recursos como pasto y agua para su pequeño hato ganadero (Guerrero, 1975). La eliminación del “huasipungo” de ninguna manera significó el incremento de tierras en manos de campesinos; fue una medida más política que económica, orientada a suprimir una forma no capitalista de trabajo del interior de la hacienda y a obligar de este modo a establecer una relación salarial con la mano de obra.
Es importante señalar que la reforma agraria realizada en las haciendas del Estado sí significó un intento importante de dotar de tierras a los campesinos: por un lado, se dieron títulos de propiedad a los “huasipungueros”; es decir, se consolidó una economía familiar de tipo tradicional en los terrenos que venían ocupando dentro de la hacienda; por otro lado, se organizaron cooperativas con la participación de estas familias y otras que no habían sido “huasipungueras”. La dotación de tierra para las familias se incrementó notablemente por esta doble vía de acceso, aunque las tierras bajo la lógica cooperativa no entraban por el momento en el patrimonio familiar. Y, por otro lado, existía una parte de las tierras que aún había quedado en poder del Estado y que era manejada por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC).
El informe de Evaluación de la Reforma Agraria realizado en 1977 señala textualmente que
se ha efectuado el traspaso de 57 predios de la ex-Asistencia Social, que abarcan 169.767 hectáreas, de las cuales se han adjudicado hasta 1976 un total de 63.580 hectáreas a favor de 8.341 beneficiarios. El área adjudicada equivale al 37% del total. La diferencia continuaba en el patrimonio del IERAC, sea en explotación directa de la institución o en posesión de los campesinos (MAG-JUNAPLA-IERAC, 1977, 51).
Entonces, las haciendas de la Asistencia Social fueron en realidad divididas en tres tipos de empresas: la familia campesina “exhuasipungueros”, la cooperativa “huasipungueros” (más otras familias) y una estatal (trabajada con mano de obra asalariada de la misma zona y en manos del IERAC).
En el caso de Cayambe, hacia 1977, se encontraba en poder de los campesinos “exhuasipungueros” y arrimados (hijos de los “huasipungueros” que no recibieron tierra) un 26% del total de la tierra disponible para actividades productivas, una cifra nada despreciable y que debe ser considerada como el punto de partida de los procesos posteriores que se forjan sobre todo en los años ochenta, con la crisis definitiva del modelo cooperativo y la consolidación de las economías familiares campesinas. Entre 1974 y 1977 las familias campesinas que se habían beneficiado con la dotación de tierras a los arrimados (incrementaron la superficie en un 35%, el área cooperativa en un 21,5%, mientras que el IERAC sólo lo hizo en un 0,7%.
Figura 1
Fuente: Evaluación del Proyecto Sectorial Cayambe, 1977, Anexos 2 y 3.
El
mencionado informe sobre la Evaluación de la Reforma Agraria
(1977) ya advierte sobre dos problemas centrales que afectaban este
proceso: por un lado, el modelo cooperativo fue implementado desde
arriba5
y, por otro lado, los campesinos continuaban con su presión
sobre los recursos, ocupando tierras para más unidades
familiares. La tierra en manos de los “huasipungueros” y
de los arrimados conformaba más de un cuarto de la superficie,
dedicada principalmente a cultivos agrícolas tradicionales,
mientras que el 70% restante se utilizaba en cultivos agrícolas
como la cebada y el trigo, que en esa época ya tenían
un encadenamiento con procesos agroindustriales locales (fabricación
de cerveza y de fideos)6
y en el cultivo de pastizales; es decir, la producción de
ganadería de leche, también vinculada con procesos
agroindustriales locales.
La economía de este territorio era claramente dual: por un lado, la mayor proporción de las tierras estaba orientada a la producción mercantil como base del encadenamiento agroindustrial de aquella época; y por el otro, sólo un 26% estaba dedicada a una producción marginalmente mercantil y más bien orientada prioritariamente a la satisfacción de las necesidades de las familias campesinas. En el primer caso, la producción mercantil se realizaba bajo dos modalidades: la cooperativa y la empresarial tradicional en manos del IERAC; en el segundo caso, se trataba de una producción totalmente familiar que respondía a patrones tradicionales de utilización de los recursos. Todavía hacia 1977 se puede señalar que predominaban las tierras orientadas hacia la producción agrícola (62,7%), mientras aquellas destinadas a pastos para la ganadería llegaban al 37,3% y se concentraban en el área manejada por el IERAC. Dentro de la visión de esta institución encargada del proceso de reforma agraria, lo mejor habría sido que toda la tierra se hubiera asignado al modelo cooperativo, pero en realidad hubo resistencia por parte de las familias campesinas, que no sólo conservaron los “huasipungos” sino también que hacia fines de la década del setenta habían ampliado el acceso a 1.185 hectáreas asignadas a las nuevas familias de arrimados que no disponían de tierra.
En conclusión, el espacio en manos de los campesinos se había incrementado notablemente en los trece años transcurridos luego de la primera Ley de Reforma Agraria de 1964. Este proceso, sin duda, mejoró la disponibilidad de tierra para los campesinos, más en términos cuantitativos (ampliando el número de hectáreas) que cualitativos, pues los “huasipungos” originalmente ocupaban las tierras de menor calidad, ubicadas en las partes altas y laderosas, tendencia que no cambió con la distribución de las tierras realizada por el IERAC. Como muy bien lo señala Guerrero (1987),
los lotes que fueron asignados por el IERAC (de 3 ha en Moyurco y 2.5 ha en La Chimba, como promedio) se ubicaron en zonas laderosas y de baja fertilidad. De esta forma, se logró mantener la unidad de las tierras bajas y preservar los terrenos de mayor fertilidad e irrigación para destinarlos a actividades productivas que guarden coherencia con el modelo cooperativo que se pretendía privilegiar (p. 6).
Interesa en este artículo profundizar el patrón productivo de estos tres modelos de empresas que se consolidaron como resultado del proceso de reforma agraria implementado en 1964. De partida, como ya se mencionó más arriba, los campesinos siempre se opusieron a una reforma agraria que implicara el predominio de la empresa cooperativa en el conjunto de las tierras de estas haciendas. Así, por ejemplo, cuando el IERAC realizó la liquidación de los “huasipungos” en 1965 entregó “títulos provisionales” a 188 familias de seis haciendas con una extensión total de 863 hectáreas y un promedio de 4,6 hectáreas por familia beneficiaria. El IERAC, al parecer, pretendía impulsar un modelo cooperativo que integrara también el área de “huasipungos”, propuesta que no fue aceptado por los campesinos (ERA, 1977, 23). Más tarde, el IERAC tuvo que legalizar los títulos. Para los campesinos era importante conservar el “huasipungo” y, como veremos luego, ampliarlo sobre los terrenos de la hacienda, estrategia que de diversas maneras trataron de implementar los campesinos de hacienda, aunque no siempre en forma exitosa (Guerrero, 1984). En realidad, 862.96 hectáreas de un total de 7.985,95 correspondía sólo al 10,8% de la superficie total de las haciendas. Posteriormente, los campesinos incrementaron poco a poco sus tierras: primero a través de los arrimados a quienes se les dio también tierra, de manera que, hacia 1977, la empresa campesina se había expandido a un total de 2.481 hectáreas, de las cuales el 52,2% pertenecían a “exhuasipungueros” y el 47,8%, a arrimados. La empresa campesina había dado un importante salto hasta llegar a representar el 31% de las tierras de las haciendas, una base importante, sobre la cual se buscará progresivamente ampliar los recursos hasta finalmente ocupar toda la superficie disponible.
La presión interna de los campesinos sobre los recursos de la hacienda fue rápidamente absorbida debido a la disponibilidad de la tierra. No obstante, los “exhuasipungueros” siempre tuvieron más recursos que los arrimados: los primeros lograron conservar un promedio de 5,44 hectáreas y los segundos sólo 2.77 ha. Había más heterogeneidad entre los “huasipungueros”, pues en algunos sectores lograron recibir hasta 11 ha por familia (El Chaupi y San Pablo Urco), mientras que entre los arrimados el máximo de ha recibidas por familia fue de 4 ha (Paquiestancia)7.
Si bien los campesinos habían consolidado su situación, esto no impedía el surgimiento de un proceso importante de diferenciación social ya captado por el mismo informe de Evaluación de la Reforma Agraria. Según este informe: “Esta diferenciación se estaría dando básicamente entre campesinos aglutinados en las cooperativas y economías campesinas, debido a la desigual composición orgánica del capital y la magnitud de cada una de ellas” (ERA, 1977, pp. 27-29). Se llega incluso a identificar cuatro grupos de campesinos: los medios, que serían aquellos “exhuasipungueros” cooperados y no cooperados; un segundo grupo, compuesto por los campesinos pobres cooperados (exarrimados); un tercer grupo de los campesinos aparceros, que desarrollan relaciones al partir dentro de las cooperativas y fuera de ellas; y, por último, los asalariados agrícolas.
Esta visión de la dinámica social interna de las cooperativas de reforma agraria muestra la complejidad de relaciones sociales que se impulsaban a partir del acceso a más tierra por parte de las familias. El modelo no era para nada igualitario: los “exhuasipungueros” se consolidaban en la cúspide de la pirámide social, mientras los arrimados se encontraban en una situación intermedia y en la base estaban los asalariados agrícolas. Pero con esta figura se abstrae otro nivel de complejidad, dado por el parentesco existente entre estos estratos, lo que complicaba aún más el análisis de la diferenciación social existente en estas haciendas luego de la reforma agraria.
La dinámica productiva era predominantemente agrícola y variaba mucho según se tratase de la producción de las cooperativas o de la producción familiar. Los datos disponibles indican que, por ejemplo, el rendimiento promedio de las cooperativas era bajo, en relación con el rendimiento promedio de la zona, sobre todo en cultivos como cebada, papa y habas, y sólo en maíz y apenas en trigo se obtenían mejores rendimientos. Pero la producción de las cooperativas se orientaba principalmente para el mercado y en el caso del trigo y la cebada, para la agroindustria local. Pero también existían intermediarios locales (piqueros), que captaban la producción importante de las unidades domésticas en las ferias locales de Olmedo, Ayora y Cayambe (Ferraro, 2004). El mercado interno, tanto de las agroindustrias como de los consumidores regionales de bienes agrícolas básicos, conformaba el eje de la producción campesina en una situación en la que se habían ampliado notablemente los recursos de las familias y estas disponían de excedentes para la venta.
Figura 2: Ubicación del área de estudio
Fuente: INEC (2012) e Instituto Geográfico Militar (2011). Elaboración: Diana Calero.
Hacia la mitad de los años noventa, la dinámica interna de las unidades domésticas finalmente eclosionó desde dentro, lo que significó una nueva repartición de las tierras de páramo y la ocupación casi total de los recursos de la hacienda. El conflicto consistía en el “bloqueo a la circulación del recurso tierra entre los apegados o hijos ubicados en el momento del ciclo vital en que normalmente deberían recibirla” (Martínez, 1995, 12). Así, hacia 1986, el acceso a la tierra, en las todavía cooperativas de La Chimba y Moyurco, se encontraba cortocircuitado por las dificultades de redistribución de este recurso debido a los reglamentos de la cooperativa, lo que incidía en que los jefes con mayor edad concentraban más tierra. En este sentido, el modelo apuntaba más a crear las bases de un proceso de diferenciación social antes que el de diferenciación demográfica apuntado por Chayanov (Martínez, 1995).
Esta dinámica estuvo liderada por los arrimados o apegados que lograron, de este modo, acceder a nuevas unidades domésticas, cedidas de mala gana por los “exhuasipungueros” para quienes la nueva repartición amenazaba con la subsistencia misma de las cooperativas. Vale la pena señalar al menos tres tipos de estrategias desplegadas por los apegados (Martínez, 1995, 21-22):
Hacia principios de la década de los noventa, las cooperativas ya se encontraban en plena crisis. Erosionados internamente por la estrategia de los apegados y con pocos resultados exitosos desde el punto de vista económico, los campesinos decidieron eliminar esta forma productiva y reemplazarla por la organización comunitaria.
Los analistas de la década de los ochenta ya habían señalado los problemas que afectaban a las cooperativas que se habían formado en la fase de aplicación de la reforma agraria: a) un modelo que se impuso desde arriba, b) que facilitó la consolidación de la diferenciación campesina y c) que no permitió la consolidación de líderes jóvenes; en definitiva, un modelo que engendró internamente su propia crisis y desaparición. Así, según Haubert (1989), las cooperativas de la sierra ecuatoriana tenían débiles resultados económicos; es decir, baja productividad, bajo nivel tecnológico, bajo nivel de participación democrática y escasa difusión como modelo organizativo. Según este mismo autor (1989),
lo más grave sin duda es el hecho de que no solamente las cooperativas no han impulsado el progreso económico y social, sino que se observa en algunos aspectos una regresión importante con relación a sus actividades iniciales: abandono generalizado de la producción colectiva y , por supuesto, parcelización de tierras, venta de capital productivo, limitación de los servicios de aprovisionamiento y venta de lo que resta de la producción colectiva, supresión de los almacenes para los artículos de primera necesidad, disminución de las asambleas generales, disolución de las uniones de cooperativas, etc. (p. 167).
Con el fin de la cooperativa, las economías campesinas hicieron una especie de partage noir; es decir, desaparecieron todas las empresas anteriormente existentes en beneficio de las familias y, a partir de esta nueva base, se desarrolló toda una dinámica nueva que no tiene nada que ver con el espíritu original del mundo cooperativo. Haubert (1989) lo sintetiza de la manera siguiente:
No hay nada de asombroso en estas condiciones en que el principal acto de democracia cooperativa de los campesinos beneficiarios haya sido ponerse colectivamente de acuerdo para refutar la colectivización y para repartirse las tierras de la reforma agraria a fin de impulsar prioritariamente los cultivos de subsistencia, cada uno por su propia cuenta y así mismo a un nivel técnico relativamente débil (p.168).
No obstante, como lo veremos más adelante, la repartición de las tierras de reforma agraria no aseguró en forma alguna la soberanía alimentaria, pues al menos en el caso de los excooperados estudiados la lógica mercantil sumada a la intervención externa orientó la producción campesina por el lado menos esperado: la especialización lechera y su vinculación con la nueva agroindustria local.
Otro elemento importante analizado por los estudiosos de los años ochenta es el papel del Estado en la promoción del modelo cooperativo. De hecho, Haubert (1989) y Fauroux (1985) acentúan la situación de dependencia de las cooperativas con el Estado, que vendría en cierto sentido a reemplazar a los antiguos propietarios o latifundistas en su función de utilización política de los campesinos.
El Estado prácticamente ha abandonado su política de promoción de las cooperativas; las que existían, cuando no han desaparecido no tienen sino una existencia nominal o tienen crisis muy graves tanto desde el punto de vista social como económico (Haubert, 1989, 169).
En cambio, Fauroux (1985) desarrolla otra hipótesis respecto a la crisis cooperativa. Para este autor, las dificultades de funcionamiento de las cooperativas se deberían al conflicto interno entre los viejos líderes comunitarios, ahora dirigentes de las cooperativas, y los nuevos líderes jóvenes, más proclives a los cambios introducidos por el Estado. Esto llevaría a una situación de sabotaje interno y externo por parte de los líderes más tradicionales, quienes buscarían alianzas y estrategias que bloqueen el funcionamiento cooperativo. Esta situación estaría también atravesada por la presencia de una clara diferenciación social dentro de la organización cooperativa, lo que llevaría a una mayor desigualdad interna y en la resistencia de los pobres a seguir las estrategias a veces dispendiosas de los ricos. Este autor también señala la perspectiva de disolución de las cooperativas.
Las disensiones internas crean una atmósfera irrespirable en la comunidad (…) Así, cuando el último pago se ha efectuado y se ha obtenido el título de propiedad colectiva, la cooperativa se rompe: cada uno de los asociados empieza el procedimiento para obtener un título individual de propiedad y se acaba toda la actividad comunal, excepto, en el mejor de los casos, para solicitar préstamos bancarios que no son sino excepcionalmente atribuidos a individuos (Fauroux, 1985, 201).
Así, en los años noventa se disolvieron definitivamente las cooperativas y los campesinos decidieron repartirse la tierra que había permanecido hasta entonces bajo explotación colectiva (Chiriboga, 2008).
Luego de la desaparición de las cooperativas, el alejamiento del Estado fue un hecho notable en este territorio de larga tradición de lucha indígena. Este vacío fue rápidamente copado durante la década de los noventa por varias ONG nacionales y extranjeras, entre las que destacan La Casa Campesina (CC) de la congregación salesiana, la Cooperación Belga, El Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (FECD), Ayuda en Acción de España y actualmente la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO). La fundación Casa Campesina, constituida en 1994, fue importante, sobre todo, en la captación de recursos financieros para el programa de crédito apoyado por Ayuda en Acción, el FECD y más tarde por el BID y la Corporación Andina de Fomento (CAF), pero también en la dotación de asistencia técnica, mejoramiento genético y comercialización (FECD, 1996; Ferraro, 2004; Chiriboga, 2008).
Es interesante el análisis que realiza Ferraro (2004, 106) de los créditos, al clasificarlos en colectivos, familiares e individuales, que parten de una decisión colectiva pero las decisiones se dan a nivel familiar e individual. Desde otra perspectiva, perfectamente se podría decir que la comunidad es la “garante” que tenía la Casa Campesina para otorgar el préstamo y así ahorrarse el trabajo de seleccionar al demandante y dejar a la comunidad el rol de vigilar el cumplimiento de los pagos. En realidad, el préstamo es individual-familiar y fue utilizado en este ámbito para sostener una lógica de producción que también es individual.
La influencia de la Casa Campesina también ha sido percibida como positiva por parte de los campesinos excooperados y, según Ferraro, reemplazó en su memoria histórica el papel de los antiguos padres religiosos del sistema de hacienda tradicional por uno nuevo y más eficiente. “El tiempo de los padres parece haber regresado en versión moderna, y una en la que, por su carácter religioso y legal, todavía juega un rol clave en la comunidad” (Ferraro, 2004, 112).
La modernidad entre estos productores significó sobre todo el apoyo a la producción lechera, asunto que había estado latente desde la misma época de las cooperativas (Furche, 1980). La producción lechera se ha incrementado notablemente. Así, según Chiriboga, la producción de las organizaciones de Cayambe
supera los 30.000 litros diarios, es decir que hay un crecimiento por año mayor al 100%. Los rendimientos actuales están entre 10 y 12 litros por vaca, frente al promedio anterior en pequeños productores que era de 5 litros por vaca8 (2008, 173).
Entre los efectos del programa de microcrédito implementado por la Casa Campesina, se mencionan la renovación de pastizales y la incorporación de sistemas de riego por aspersión, que permitieron que la “producción de leche por hectárea pasara de 12 litros a un promedio de 39 litros” (Herrán, 2011, 65-66). Igualmente incidieron en la diversificación de la producción familiar y la participación de la mujer en el acceso a créditos de comercialización.
La producción de estos pequeños productores se destinaba principalmente a la agroindustria: a la planta FLORALP, ubicada en la provincia de Imbabura, y a una empresa ubicada en Machachi, provincia de Pichincha. El resto (30%) se vendía a intermediarios y queseros locales (Chiriboga, 2008, 185).
Pero el papel central de la articulación actual de los campesinos lecheros con el mercado sin duda se debe a la acción de la AGSO, que permitió a estos productores disponer de nueve tanques de enfriamiento de la leche ubicados en igual número de comunidades para de este modo vincular la producción campesina con la producción agroindustrial de las plantas lecheras. Señalemos, además, que esta vinculación no era nueva pues, en la misma época de las cooperativas, una importante fracción de la producción de cereales abastecía a los molinos locales y a la industria cervecera (MAG-JUNAPLA-IERAC, 1977). Existían entonces encadenamientos productivos en torno a la producción de cereales pero los campesinos conservaban en sus parcelas un nivel importante de producción vinculado a la autosubsistencia (papas, maíz, cebada, etc.). Actualmente, el encadenamiento se realiza en torno a la leche y a varias empresas agroindustriales (entre las que destaca la AGSO), que además dotan a los campesinos de asistencia técnica, cursos de capacitación, mejoramiento genético, etc.9
Uno de los efectos de la intervención de las ONG y posteriormente de la agroindustria en el territorio ha sido sin duda el cambio profundo en el patrón productivo de las familias campesinas: de agricultores a ganaderos o, si se quiere, de agricultores parcialmente vinculados al mercado a ganaderos plenamente mercantiles.
Considerando el caso de la comunidad La Chimba como representativo del territorio analizado, los datos de la figura 3 muestran el crecimiento sostenido de los pastos a partir del año 2000 en detrimento de los cultivos tradicionales (papas, maíz, mellocos, leguminosas y hortalizas), que son componentes básicos de la alimentación de las familias campesinas. La ganadería lechera se ha convertido en la principal actividad productiva y en la fuente más importante de ingresos de las familias campesinas, mientras que los cultivos tradicionales se han convertido en marginales y no alcanzaban a satisfacer el consumo familiar. Como lo indican algunos estudios en curso, las familias deben adquirir productos agrícolas que antes se producían en el territorio de intermediarios que circulan por las comunidades o en ferias y supermercados de las ciudades más cercanas (Martínez, G., 2013).
Fuentes:
Guerrero (1987); COINOA (2010); Encuestas de campo (2016).
Siguiendo la propuesta de Pecqueur (2000; 2005), el territorio es conceptualizado en este trabajo como el resultado de relaciones entre actores, anclados a un espacio geográfico delimitado, que tratan de identificar para luego resolver un problema social o productivo compartido, a partir de soluciones endógenas basadas en la valorización de recursos y activos territoriales. El análisis de fenómenos sociales a nivel del territorio requiere sobrepasar la idea que define el territorio únicamente como un espacio físico o geográfico. En efecto, el territorio debe ser primeramente analizado como un espacio apropiado y gestionado por un grupo social consciente de esta apropiación que a su vez posea un sentimiento de pertenencia e identidad (Brunet, Ferras et Théry, 2009, citado por Baudelle et al., 2011, 16).
Durante la fase de reforma agraria, las estrategias de los campesinos organizados en comunidades apuntaban claramente hacia un proceso de recuperación de las tierras de hacienda, lo que podría ser considerado como el inicio de un proceso de “territorialización”, no sólo como ocupación física del espacio sino también como un mecanismo generador de un sentimiento de identidad, capaz de crear sociabilidad y solidaridad entre diferentes actores (Rieutort, 2009). No obstante, a partir de una mayor vinculación con las agroindustrias lecheras, se pueden detectar procesos que desestructuran las estrategias familiares y comunitarias de los campesinos y consolidan nuevos procesos más vinculados hacia afuera del territorio.
Lo menos que se puede decir es que, actualmente, las relaciones mercantiles predominan en este territorio que se ha tornado complejo con la presencia de nuevos actores externos (empresas lecheras), que dominan e imponen su lógica productiva debido al peso del capital económico del que disponen y a la progresiva debilidad de los actores internos (campesinos familiares), quienes se polarizan y no logran responder sino individualmente a las demandas y presiones del mercado, en gran medida causado por el debilitamiento progresivo de su capital social. En este sentido, las empresas agroindustriales “organizan el espacio social, imponen los ritmos de vida, los lugares de vida y las actividades cotidianas y códigos socioculturales nuevos” (Requier-Desjardins, D.; Guibert, M., y Bühler, È. A., 2014, 55).
El espacio social se ha reconfigurado de acuerdo a la posición que ocupan los actores sociales, a la disponibilidad de capitales (económico, social y cultural) y a su volumen global. Según Bourdieu (1995; 2013), estos son los elementos centrales de la definición de campo social, un concepto muy útil para estudiar los cambios que se han generado en el territorio.
De esta forma, se ha estructurado un nuevo campo social en cuyo vértice se encuentran la AGSO y las empresas lecheras, en una situación intermedia se ubican las ONG (Casa Campesina, Cooperación Externa) y en una posición subordinada se ubican las unidades familiares productoras de leche. Hay que mencionar que anteriormente en el vértice se encontraba el Estado (IERAC), que había reemplazado históricamente a la Iglesia (Comunidad de Mercedarios), en un proceso en el cual poco a poco los campesinos organizados en comunidades habían recuperado posiciones hasta convertirse en los actores predominantes del campo social hacia principios de la década del ochenta del siglo pasado. En una situación intermedia, se ubicaban los técnicos del IERAC y los intermediarios de la leche (piqueros). No obstante, la actual vinculación mercantil ha configurado el nuevo campo social en el que los productores campesinos vuelven a ocupar un lugar subordinado.
En este sentido, se puede decir que es un territorio donde se han desarrollado estrategias campesinas exitosas pero que no han logrado completamente “dominar al mercado”; al contrario, el mercado finalmente ha configurado un territorio donde las empresas capitalistas imponen su lógica a través de la agricultura de contrato, conocida también como “negocios inclusivos”, una política implementada hasta hace poco por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) cuya finalidad era articular la producción mercantil de las agriculturas familiares con las denominadas empresas ancla (en realidad, agroindustrias nacionales y extranjeras). Actualmente, esta vinculación es liderada por la AGSO y por varias empresas lecheras relacionadas con programas estatales, como “Alimentación escolar” y “Aliméntate Ecuador” del Ministerio de Integración Económica y Social (MIES), que pretenden disminuir la desnutrición de los sectores más vulnerables del país, especialmente del área rural.
Las tendencias que ahora se despliegan en el exterritorio cooperativo apuntan hacia la conformación de una agricultura familiar que responda eficientemente a las demandas de la industria lechera, pero que al mismo tiempo incuban una serie de fenómenos que apuntan a la conformación de un campo social cada vez más complejo y que requieren una mayor investigación fuera de los límites de este trabajo.
En primer lugar, existe un importante proceso de diferenciación social, dado que hay un punto de partida diferente en la redistribución de la tierra acaecida en los años noventa. Los “exhuasipungueros” obtuvieron más tierra que el resto de campesinos. Hay un mercado de tierra interno que seguramente consolida a campesinos con mayores recursos que pueden responder con más eficiencia a las demandas de la industria lechera.
En segundo lugar, la especialización lechera está afectando la producción agrícola de alimentos para consumo doméstico; esto se debe a que los pastos se convierten en un monocultivo a expensas de los cultivos tradicionales campesinos (cereales y tubérculos). Según un entrevistado, ahora “hay que comprar todo para comer”. Los impactos son notables en el paisaje agrario, en el que predominan las vacas pastando en las franjas de tierra familiar campesina, pero sobre todo se trata de una actividad que no genera mayor empleo, pues en realidad no se necesita sino cuatro horas de trabajo, dos en la mañana y dos en la tarde. Esto libera la mano de obra de jóvenes que pueden integrarse como asalariados en las plantaciones de flores, así como en actividades de construcción y servicios ubicadas en el mismo cantón Cayambe o en cantones vecinos como Tabacundo u Otavalo.
En tercer lugar, el surgimiento de nuevas fuentes de empleo en territorios cercanos, como el trabajo asalariado en las plantaciones de flores, en la construcción y en servicios, ha generado a su vez una economía de consumo desvinculada de la inversión productiva entre la población joven.10 Según la opinión de un dirigente de la parroquia de Olmedo,
nosotros aprendemos al facilismo y a consumir. A la gente le preocupa el dinero. Y dicen “la agricultura no es rentable”. Yo siembro pasto hasta la entrada de mi casa, tengo más vacas y produzco leche y a mí me pagan quincenalmente; luego yo me voy a comprar en el Sta. María (supermercado) y pare de contar. Como ya tengo poder de adquisición, pues en la tele (TV) ven que hay que comprar un carrazo (vehículo grande), ya tengo mi carrazo, voy al municipio y al mercado. La tele ya está pasada de moda y se compran el “plasma” (TV HD), no sé qué más y es un sistema consumista muy poderoso que está todos los días en la televisión a diario.11
Al disponer de una buena infraestructura vial (camino asfaltado), la vinculación con la agroindustria corre por cuenta de los mismos productores; de esta manera, el transporte de la leche, vital para el buen funcionamiento de la cadena productiva, ha generado una demanda de vehículos pequeños (camionetas y motos), utilizados cada vez más por los productores lecheros con mejores recursos, lo que ha significado la casi desaparición de los intermediarios (piqueros).
En cuarto lugar, existe un deterioro del significado de los trabajos comunitarios tradicionales, especialmente de la minga. Así, frente a una pregunta sobre la existencia de tierras comunales, un campesino de la zona contestó:
Ya no, pero la minga sí. Ponen pretextos que van a cortar el agua, el agua de consumo, el agua de riego, entonces de ley toca trabajar. Pero no sacamos nada, solo que vamos acabando la vida. Minga. Minga. Minga, a veces cada semana minga, el que va de remplazo cobra diez dolaritos. Ahora es más jodido que cuando era la cooperativa.12
Si bien la dinámica organizativa todavía pasa por la comunidad, el eje de la dinámica productiva se da en torno a la producción familiar y a las asociaciones lecheras. Se constata también un deterioro de relaciones de reciprocidad tradicionales como el “prestamanos” o el intercambio de productos en la medida en que predomina una lógica individual-familiar en la producción lechera.
Se puede concluir que las dos formas principales de vinculación mercantil (negocios inclusivos y trabajo asalariado) no apuntalan el tema de la soberanía alimentaria en el territorio; al contrario, generan una alta dependencia del mercado. ¿Hasta qué punto esta situación produce una desestructuración interna en estas asociaciones, sobre todo en las dimensiones culturales y sociales que les impiden posicionarse mejor en el campo social actualmente dominado por los agronegocios?
Por último, el punto más neurálgico de todos estos cambios inducidos por el mercado es, sin duda, el organizativo, cuyo deterioro es percibido claramente por los dirigentes indígenas locales que ocupan los puestos más representativos del poder local (Junta Parroquial). La apuesta de las autoridades indígenas locales es impulsar la estrategia de los “gobiernos comunales” para recuperar las deterioradas prácticas solidarias y fortalecer tanto la autoridad comunitaria como el poder de decisión de las bases a través de la figura de la asamblea comunal13. Pero este es un proyecto de largo plazo que requiere la consolidación del capital social tradicional y la reactivación de las relaciones de reciprocidad que puedan generar un “contrapoder social” que neutralice en el territorio a la actual dinámica económica de los agronegocios. En la balanza de las decisiones comunales sobre lo que ocurre en este territorio están, por un lado, los beneficios inmediatos del acceso al mercado y a las mercancías de prestigio social y, por otro, la pérdida de la soberanía alimentaria y, a mediano plazo, de la fertilidad de las parcelas orientadas al monocultivo de pastos.
Este artículo sintetiza los principales cambios que se han dado en un territorio en donde se implementó un proceso de reforma agraria en los años sesenta que permitió a los campesinos indígenas impulsar en un primer momento un proceso de “territorialización” al ocupar las tierras de la hacienda e implementar sus estrategias y lógicas productivas. En un segundo momento, a través de la intervención de ONG y posteriormente a través de la vinculación con las agroindustrias lecheras, se han generado profundos cambios en las estrategias productivas, sociales y culturales en la medida en que responden a dinámicas externas no controladas por los productores familiares campesinos y que apuntan a una desestructuración del territorio. Considerando que se trata de una zona de históricas luchas campesinas, donde se encuentra incluso enterrada Tránsito Amaguaña, una de las líderes históricas del movimiento indígena y una de las fundadoras de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) en 1946 y miembro del Partido Comunista del Ecuador (Becker, 2007), sorprende, por decir lo menos, que el vértice de la vinculación productiva y organizativa de estas familias indígenas sea la AGSO, una organización empresarial capitalista que ha logrado articular con éxito la dinámica lechera de estos pequeños productores. Finalmente, el capitalismo, al parecer, ¿se consolida sobre las cenizas del movimiento indígena de la sierra? De hecho, la AGSO ha venido a reemplazar en el imaginario campesino a la Casa Campesina y, por supuesto a los líderes del Partido Comunista que formaron la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), en gran parte sobre la base de las luchas desarrolladas en este territorio en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.
Nos preguntamos si la reforma agraria y el modelo cooperativo fueron al final importantes instrumentos para “convertir” a los campesinos y a las comunidades al mercado capitalista, en el sentido de aceptar sus reglas, sus comportamientos y sus códigos (Bourdieu, 2003). Incluso ahora, las comunidades articuladas en los hechos a la dinámica productiva del encadenamiento lechero, hasta hace poco denominado negocio inclusivo en la jerga de las políticas públicas para el agro del actual Gobierno, siguen, por ejemplo, utilizando la minga para obtener trabajo gratuito que beneficia en última instancia a las empresas capitalistas. Mientras tanto, el discurso de la AGSO permite a estos productores que se sientan parte de su estrategia productiva:
AGSO hace un llamado a consumir leche, como apoyo a pequeños productores y evitar migraciones del campo a la ciudad. Con solamente aumentar un sorbo de leche por cada ecuatoriano, se incrementaría el consumo y se sostendría la producción.14
No obstante, la historia camina por vericuetos insospechados. La percepción de los exbeneficiarios de la reforma agraria es que ahora pueden enviar a sus hijos a estudiar incluso a la universidad, lo que implica que tienen ingresos para ello. La estrategia individual, entonces, no puede ser satanizada respecto a la colectiva pues ha permitido la consolidación de un capitalismo basado en las dinámicas familiares que evidentemente no era el mismo con el que se especulaba desde la tecnocracia en los años sesenta. Sin embargo, queda la pregunta abierta de si esta modalidad es la más óptima para el territorio por ahora dominado por los intereses de la agroindustria o si existe una alternativa que logre recuperar la actual alicaída forma comunitaria, las relaciones de reciprocidad y se proyecte en modelos asociativos que puedan ser la base de un desarrollo territorial diferente.
1 Doctor en Sociología por la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle. Ha publicado recientemente: (2014) “La heterogeneidad de las agriculturas familiares en el Ecuador”. En Craviotti, C. (Comp.). Agricultura Familiar en Latinoamérica (pp. 57-79). Buenos Aires: CICCUS. (2014) “De la hacienda al agronegocio: agricultura y capitalismo en Ecuador”. En Almeira, G.; Concheiro, L.; Mendes Pereira, J.M. y Walter, C. Capitalismo, Tierra y Poder en América Latina (1982-2012) Vol. II, (pp. 123-158). Buenos Aires: UAM, CLACSO, Peña Lillo Continente. (2012) “Apuntes para pensar el territorio desde una dimensión social”, Ciencias Sociais Unisinos 48 (1), pp. 12-18.
2 Se considera la reforma agraria como un proceso de transformación estructural de la sociedad rural mediante el cual se dota del recurso tierra a los productores rurales que carecen de él, modificando radicalmente el actual proceso de concentración de la tierra y creando, a través de políticas públicas favorables, las condiciones para incrementar la producción y productividad de los pequeños productores rurales y mejorar sus condiciones de vida. Según Lipton (citado por Berry, 2012), se trata de la Reforma Agraria Clásica (RAC), que genera “beneficios directos (incremento de ingresos de personas pobres) e indirectos (incremento de los salarios y demanda de mano de obra).
3 En el caso de Ecuador, el índice de Gini llega al 0.80 en el caso ecuatoriano.
4 No abordamos otros procesos de reforma agraria implementados en otras regiones del país, como la costa, donde estaban presentes el enclave bananero controlado por empresas multinacionales y una diversidad de actores sociales (capitalistas extranjeros, empresarios nacionales, pequeños productores y asalariados rurales) (Striffler, 2002).
5 La primera Ley de Cooperativas de 1937 ya planteaba transformar las comunidades en cooperativas de producción. En los años sesenta, y gracias a la influencia de agencias norteamericanas de desarrollo (AID, CUNA, CLUSA), el cooperativismo, también influenciado por la Alianza para el Progreso, planteaba la creación de cooperativas de campesinos como una “forma de integración de los minifundios y superación de las formas precarias de tenencia de la tierra” (Da Ros, 2007, pp. 256-257).
6 “Un gran porcentaje de la producción de trigo es absorbida por los molinos La Unión de Cayambe y el Censo y Superior de Quito” (ERA, 1977, 36). La mayor parte de la producción de cebada ha sido destinada a las compañías cerveceras nacionales, especialmente con la Compañía Ecuatoriana de Cervezas y Maltas, que procesa el producto (ERA, 1977, p. 37).
7 Evaluación de Proyecto Sectorial Cayambe, anexo Nº 5.
8 Según una entrevista realizada en La Chimba, sólo en esta comunidad se estarían acopiando 20.000 litros de leche. Entrevista realizada a F.Q, 6 de noviembre de 2010.
9 Como detalle señalemos que los productores están bien informados de las negociaciones de la AGSO con el gobierno ecuatoriano para exportar leche a Venezuela y a China, a través de un boletín que se encontraba disponible en una planta enfriadora de la Asociación Agropecuaria El Ordeño.
10 Además, por primera vez surgen en este territorio pequeños invernaderos para la producción de flores, articulados a empresas florícolas que buscan de esta manera externalizar la producción a través de contratos con pequeños productores que no necesitan mucha tierra, pero sí bastante capital. Se trata de un tema nuevo que merece investigarse y que tiene relación con el alto grado de mercantilización del territorio.
11 Entrevista a V.Q., Olmedo, agosto de 2012.
12 Entrevista realizada a F.Q. en La Chimba, 6 de noviembre de 2010.
13 Entrevista a V.Q. Olmedo, agosto de 2012.
14 Noticias AGSO, boletín 88, Quito, 28 de octubre de 2010.
Berry, A. (2012). La reforma agraria en países en desarrollo: derechos de propiedad y las injusticias de la propiedad (Revisión del libro Land reform in developing countries. Property rights and property wrongs, por M. Lipton). EUTOPIA, 3, 137-149.
Baudelle, G. ; Guy, C. y Mérenne-Schoumaker, B. (2011). Le développement territorial en Europe. Concepts, enjeux et débats. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
Barsky, O. (1984). La reforma agraria ecuatoriana. Quito: Corporación Editora Nacional.
Becker, M. (2007). Comunistas, indigenistas e indígenas en la formación de la Federación Ecuatoriana de Indios y el Instituto Indigenista Ecuatoriano. ICONOS, 27, 135-144.
Bourdieu, P. y Wacquant, L.J.D. (1995). Respuestas por una antropología reflexiva. México D. F.: Grijalbo.
Bourdieu, P. (2003). La fabrique de l’habitus économique. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 150, 79-90.
Bourdieu, P. (2013). De la méthode structurel au concept de champ. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 200, 12-37.
CIDA (1965). Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola: Ecuador. Washington: Unión Panamericana.
Chiriboga, M. (2008). El papel de las instituciones en territorios rurales sujetos a acciones de reforma agraria. En Martínez Valle, L. (Comp.). Territorios en mutación: repensando el desarrollo desde lo local (pp. 157-196). Quito: FLACSO - Ministerio de Cultura.
Da Ros, G. (2007). El movimiento cooperativo en el Ecuador. Visión histórica, situación actual y perspectivas. Revista de Economía Pública y Cooperativa, 57, 249-284.
Entrena Duran, F. (2010). Dinámicas de los territorios locales en las presentes circunstancias de la globalización. Estudios Sociológicos, 84, 691-728.
ERA (1977). Estudio de caso. Evaluación del proyecto sectorial Cayambe. (s. d.).
Fauroux, E. (1980). Equateur : les lendemains d’une réforme agraire. En Notes et Etudes Documentaires. Série Problèmes d'Amérique Latine (pp. 103-134). Montpellier : IRD.
Fauroux, E. (1985). Le problème des jeunes leaders paysans dans les communautés de l’Equateur andin. Cah. ORSTOM, 2-3, 197-202.
Ferraro, E. (2004). Reciprocidad, don y deuda. Formas y relaciones de intercambios en los Andes de Ecuador: la comunidad de Pesillo. Quito: FLACSO - Abya Yala.
Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (1996). La Casa Campesina Cayambe: experiencias comunitarias de desarrollo. Quito: FECD.
Furche, C. (1980). Lógica de funcionamiento interno y racionalidad económica en empresas campesinas asociativas: el caso de dos cooperativas en el Cantón Cayambe. En Barsky, O. et al. Ecuador: cambios en el agro serrano (pp. 341-385). Quito: FLACSO-CEPLAES.
Guerrero, A. (1975). La hacienda precapitalista y la clase terrateniente en América Latina y su inserción en modo de producción capitalista: el caso ecuatoriano. Quito: Escuela de Sociología de la Universidad Central.
Guerrero, A. (1983). Haciendas, capital y lucha de clases andina: disolución de la hacienda serrana y lucha política en los años 1960-64. Quito: Editorial El Conejo.
Guerrero, A. (1984). Estrategias campesinas indígenas de reproducción: de apegado a huasipunguero (Cayambe-Ecuador). En Sánchez Parga, J. et al. Estrategias de supervivencia en la comunidad andina (pp. 217-256). Quito: CAAP.
Guerrero, F. (1987). Estrategias de reproducción y características de las unidades domésticas de Moyurco y la Chimba (estudios de caso). Quito: CAAP.
Haubert, M. (1981). De la tradition communautaire à la modernité coopérative : évolution, greffage ou récupération. Tiers Monde, 88, 789-808.
Haubert, M. (1989). Coopératives de réforme agraire et sécurité alimentaire dans la sierra équatorienne. Études Rurales, 113-114, 157-172.
Herrán, J. (2011). El microcrédito como gestión compartida: La experiencia de la Casa Campesina Cayambe. En Torres, V. H. Alternativas de vida. Trece experiencias de desarrollo endógeno en Ecuador (pp. 47-68). Quito: Universidad Politécnica Salesiana.
MAG-JUNAPLA-IERAC (1977). Evaluación de la Reforma Agraria Ecuatoriana. 1964-1976. Quito: IERAC.
Martínez Godoy, D. (2013). La asociación lechera ¿Desarrollo local o subordinación productiva? El caso de la comunidad La Chimba, Cayambe. Ecuador Debate, 89, 119-133.
Martínez Valle, L. (1995). Familia campesina y comportamiento demográfico. El caso de las cooperativas indígenas de Cayambe. Quito: AEPO.
Martínez Valle, L. (2005). El movimiento indígena ecuatoriano en la encrucijada. ALASRU, 2, 121-141.
Martínez Valle, L. (2012).2Apuntes para pensar el territorio desde una dimensión social. Ciências Sociais Unisinos, 48, núm. 1, 12-18.
Murmis, M. (1980). El agro serrano y la vía prusiana de desarrollo capitalista. En Barsky et al. Ecuador: cambios en el agro serrano (pp. 7-50). Quito: FLACSO.
Pecqueur, B. (2000). Le développement local. París: Editions La Découverte & Syros.
Pecqueur, B. (2005). Le développement territorial: une nouvelle approche des processus de développement pour les économies du Sud. En Antheaume, B. y Giraut, F. (Eds.). Le territoire et morte. Vive les territoires (pp. 295-316). París: IRD Editions.
Prieto, M. (1980). Haciendas estatales: un caso de ofensiva campesina, 1926-1948. En Barsky, O. et al. Ecuador: cambios en el agro serrano (pp. 341-385). Quito: FLACSO-CEPLAES.
Requier-Desjardins, D.; Guibert, M. y Bühler, É. A. (2014). La diversité des formes d’agricultures d’entreprise au prisme des réalités latino-americaines”. Économie Rurale, 344, 45-60.
Rieutort, L. (2009). Dynamiques rurales françaises et re-territorialisation de l’agriculture. L’information géographique, 73, 30-48.
Rivera, S. (1970). El caso de Portento: una cooperativa indígena. En Pugh, R.; Rivera, S.; Findji, M. T.; Fonnseca, C.; Barreto, A.; Ochoa, H. y Rojas, J. M. Estudios de la realidad campesina: cooperación y cambio (pp. 59-111). Ginebra: UNRISD.
Striffler, S. (2002). In the shadows of the state and capital. The United Fruit Company, Popular Strugle, and Agrarian Restructuring in Ecuador, 1900-1995. Durham: Duke University Press.
Fecha
de recibido:
Fecha
de aceptado:
Fecha
de publicado: 22 de agosto de 2016
Esta obra está bajo licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional